Las batallas parlamentarias del Gobierno nacional no parecen haber culminado, a pesar de que el periodo de sesiones ordinarias está llegando a su ocaso y de que al año en curso solo le queda un mes más en el calendario. En esta oportunidad, la disputa política es por el Presupuesto 2025 y no es tanto con algunos bloques políticos puntuales sino con los gobernadores, y por supuesto, con los legisladores que representan a los distintos mandatarios provinciales.
En la gestión libertaria había esperanzas de llegar a esta altura del mes con dictamen favorable sobre la Ley de Leyes y con los consensos necesarios para que el presidente, Javier Milei, tenga su primer presupuesto, después de lo que representó la prórroga del proyecto vigente. Sin embargo, los pedidos realizados por los gobernadores obstaculizaron la situación porque en Casa Rosada sostiene que el déficit cero no puede negociarse. La última reunión de comisión cayó por falta de acuerdos, y desde entonces hay incertidumbre.
En medio de esta puja, los jefes de las provincias sueñan con la conformación de “una mesa de negociación para acordar el Presupuesto en sesiones extraordinarias”. Además de incorporar obras ya convenidas, el objetivo de esta mesa es el de abordar cinco demandas puntuales que hay preocupan a las administraciones provinciales: repartir los remanentes de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), aumentar fondos para las cajas previsionales no transferidas, cumplir con el pacto fiscal de 2017, coparticipar el impuesto a los combustibles -tiene afectaciones específicas- y el porcentaje de masa coparticipable que va a la ex-AFIP (1,9%).
En el Gobierno calculan que esas demandas insumen U$S 3.700 millones, que Milei no está dispuesto a ceder. De todos modos, en el Gobierno aseguran que los gobernadores serán beneficiados con el modelo libertario. Calculan que recibirán U$S 17.000 millones más en 2025 por coparticipación federal, si se cumple la pauta de crecimiento de 5%.
Caminos alternativos
Consultado por LA GACETA sobre el significado de este tema para el rompecabezas de la política nacional, el analista político Carlos Fara reconoció que la disputa por los fondos puede generar un nuevo foco de conflicto, porque los gobernadores quieren con el presupuesto “comprometer al Gobierno Nacional sobre determinados compromisos que si no, el Gobierno queda totalmente liberado de manos para hacer lo que quiera sin estar obligado”. “Por supuesto que siempre existen caminos alternativos para poder ir negociando y satisfacer las expectativas de las provincias aún sin presupuesto pero está claro que por lo menos lo compromete más al Gobierno, hay un compromiso, hay una manera de presionar distinta de que si el gobierno queda simplemente ejecutando el presupuesto de 2023”, precisó.
La Nación busca acuerdos por el Presupuesto 2025: las posturas de los diputados tucumanosRespecto de la voluntad de consenso registrada en torno al tema, el asesor indicó que la gestión de Milei mostró voluntad aunque el tema radica en cuáles de esos compromisos que se fueron tomando a lo largo de este año, sobre todo a partir de la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal, el gobierno cumplió. “Ahí me parece que está parte del conflicto, porque es un gobierno que se compromete pero que después no necesariamente cumple. Entonces ahí hay ruido. Vamos a decir, en términos de la política, no parece que sea un buen pagador. Y eso, una cosa es sentarse, dialogar, acordar, pero después hay que llevarlo a la práctica y eso no siempre se está verificando”, agregó.
La llave en las provincias
En opinión de Fara, la discusión de este tema en los próximos días resultará clave porque puede llegar a ser un dolor de cabeza para el Gobierno, sobre todo si quiere avanzar en distintas reformas siendo minoría en el Congreso.
“Si los gobernadores se agrupan en contra, al Gobierno le resultará muy difícil alcanzar mayorías, ni hablar, mayorías especiales como las que requiere modificar y quitar las PASO o cualquier otra modificación de índole electoral. En el peor de los casos, esto podría traducirse en una mayoría de dos tercios que le impongan a Milei leyes que el presidente querría vetar. Yo creo que esa sería la última instancia, pero tampoco el Gobierno puede tirar de la cuerda eternamente. El gobierno confía en que a partir de las necesidades financieras de los gobernadores los van a disciplinar y que, además, sus propios electorados creen que son más favorables al gobierno y que, por lo tanto, desde ese punto de vista, los gobiernos no se pueden salir de una política de colaboración”, enfatizó.
El Presupuesto en Diputados: las negociaciones se dilatan, y asoman las extraordinariasFinalmente, el consultor precisó que todas estas negociaciones deben leerse, claramente, en clave electoral, de cara al 2025. “Más allá de estas cuestiones está la cuestión de la gobernabilidad. Avanzar en negociaciones sobre 2025 sin tener en cuenta lo que pasó este año, obviamente le generaría a los gobernadores dejar precedentes que no quieren dejar, ¿no?”, dijo. Y sostuvo: “Después de aceptar varias cosas, me parece que en este tema decidieron ponerse un poco más duros en esa negociación para un gobierno que se siente agrandado porque entiende que todo le está yendo a pedir de boca”.