A través de un juicio abreviado, Gastón Rodrigo Díaz (23 años) fue condenado a siete años de prisión por haber asaltado en febrero de 2024 a un policía, que mientras realizaba un trabajo adicional transportando la recaudación de una carnicería, fue abordado por una banda delictiva, le dispararon y le robaron sus pertenencias. Por el hecho el Ministerio Público Fiscal ya condenó a seis de los procesados y están tras los pasos de un séptimo sospechoso.

El violento episodio ocurrió el 17 de febrero. Alrededor de las 14.15, el sargento Andrés Joaquín López circulaba a bordo de su motocicleta por la calle Saavedra y al llegar a la intersección con la calle Marcos Paz fue interceptado por cuatro hombres a bordo de dos motocicletas. En ese momento uno de ellos sacó un arma de fuego y le efectuó dos disparos a López, impactando uno de los proyectiles en su muslo izquierdo. La víctima perdió el control del rodado y cayó al suelo, ocasión que fue aprovechada por uno de los delincuentes quien a través de amenazas le sustrajo su arma de fuego reglamentaria marca Taurus 9 mm y su bolso que contenía su DNI, dos tarjetas de crédito, una cédula verde y $35.000.

El grupo de ladrones también habría querido apoderarse de la motocicleta del policía pero no lograron su cometido gracias a la intervención de los vecinos que acudieron a auxiliar a López. Al ver que la gente se aproximaba al lugar, los delincuentes huyeron de la escena del crimen.

Entregada

El caso estuvo a cargo de la Fiscalía de Robos y Hurtos II, que dirige Susana Cordisco. Al avanzar en la investigación del caso descubrieron que se trataba de una banda de siete personas que, según señaló el auxiliar de fiscal Pedro Landívar, planificaron el atraco meses antes, ya tenían marcada la víctima, sabiendo sus recorridos, horarios, y el monto que trasladaba.

Con el paso de las semanas lograron identificar a seis de los integrantes y establecer el rol que cumplió cada uno de ellos. Según la teoría del caso del MPF, Rodrigo Maximiliano Nacusse, Díaz, Lucas Daniel Pérez y un sujeto aún no identificado fueron quienes asaltaron a López. Guido Brito fue identificado como la persona que proporcionó la información acerca del monto de recaudación de dinero de la carnicería en la que trabajaba (alrededor de $1.500.000), el día, horario, y recorrido que realizaba López. Joaquín Herrera fue acusado de haber cumplido la función de campana. Habría estado en las inmediaciones de la carnicería y dio aviso a los ejecutores del robo. Por último Jeremías Barón Aguirre fue acusado de tener conocimiento previo del ataque y de colaborar posteriormente ocultando el arma de fuego sustraída.

Landívar explicó que la banda no pudo concretar su objetivo principal (sustraer la recaudación) ya que al interceptar a la víctima López ya había dejado el dinero en su destino.

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Por el hecho los seis identificados fueron imputados como coautores del delito de robo doblemente agravado por ser cometido con arma de fuego y en poblado, y posteriormente condenados mediante convenios de juicio abreviado. Las penas impuestas fueron: para Nacusse 7 años, Pérez 7 años, Barón Aguirre 9 años, Brito y Herrera (entregador y campana) 3 años de condicional más un resarcimiento económico de $3 millones en beneficio de la víctima.

Díaz (7 años) fue el último en ser condenado. En una audiencia realizada ayer, Landívar expuso ante la jueza Isolina Apas Pérez De Nucci los puntos del acuerdo y las evidencias recolectadas para sustentar la teoría del caso. Entre los elementos probatorios mencionó los registros fílmicos donde se observa a las dos motocicletas con los autores del hecho, un análisis de búsqueda en las redes sociales para identificar a los sospechosos, una rueda de reconocimiento y la pericia UFED del celular de Díaz.

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En la extracción de datos los peritos encontraron mensajes de WhatsApp que no solo lo implicaban en el atraco sino que también dejaron al descubierto que los implicados creían que el policía había fallecido como consecuencia de los disparos recibidos.

Díaz, representado por Benito Antonio Allende, asumió su responsabilidad penal en el hecho, por lo que la magistrada resolvió homologar el convenio y dejar firme la condena de siete años contra el imputado.

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Al comenzar la audiencia, el procesado Gastón Rodrigo Díaz manifestó haber sufrido una serie de apremios por parte de un funcionario policial durante su traslado hacia Tribunales. “Recibió golpes en la cara y luego fue reducido sin previo aviso. Las pruebas de eso serían las filmaciones captadas por las cámaras de seguridad”, manifestó su abogado Benito Antonio Allende. La jueza Apas Pérez De Nucci ordenó que el imputado fuera revisado por el Cuerpo Médico Forense y ordenó que se investigue la posible comisión de un delito por parte del personal policial.