Con la declaración de un grupo de ex consejeros superiores, que en su momento votaron dictámenes en minoría que avalaban las decisiones con respecto al destino que se les iba a dar a los fondos provenientes de YMAD, ayer terminó la última audiencia del año con testigos del juicio que se le sigue al ex rector Juan Alberto Cerisola y a otros funcionarios universitarios. ¿Qué decidieron los jueces antes de pasar a un cuarto intermedio? Que el 23 de diciembre se hará una inspección ocular a una de las obras realizadas con esos fondos, como ya estaba previsto, y que luego se suspenderá el debate hasta la primera quincena de marzo.
El primero en declarar ayer fue Santiago Di Lullo, ex Decano de Ciencias Económicas, quien sucedió a Cerisola en el puesto cuando este fue elegido rector, y quien fue una de las personas que conformaba la Comisión de Hacienda. Tanto su testimonio como el de los otros testigos del día había sido desistido por los miembros del Ministerio Público Fiscal, Pablo Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa, por lo que los interrogatorios fueron llevados adelante sobre todo por Silvia Peyracchia y Rosa Luz Casen, abogadas de Cerisola, Alfredo Falú, de Olga Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias-, Víctor Taleb, que representa a Luis Sacca -ex subsecretario administrativo-, y por Mariano Galleta, defensor de Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-.
Di Lullo recordó que su facultad, Ciencias Económicas, siempre estuvo bien cuidada, sin demasiados problemas. “El edificio que teníamos había sido terminado y no había demasiados inconvenientes porque siempre estábamos fijándonos en que todo estuviera acorde a lo que se necesitara. Sí sé que en otras facultades había otros problemas”, explicó. Y advirtió que durante su gestión como consejero, habían recibido el plan de obras que se harían con los fondos de YMAD. También recordó que en ese período, entre 2006 y 2009, y sobre todo el final del mismo, había cuestiones políticas que se involucraban con la vida diaria de la UNT, ya que se acercaban las elecciones. “El arquitecto (Pablo) Holgado -ex decano de Arquitectura- y otros miembros del Consejo hacían objeciones, pero no me parecían graves”, dijo. Y también afirmó que durante la gestión de Cerisola “se hicieron muchas obras, como la de la Facultad de Derecho, que fueron muy bien recibidas”. “En las facultades en las que se hicieron obras la gente estaba contenta”, remarcó.
Cerisola está acusado por administración fraudulenta de utilidades mineras recibidas por la UNT entre 2006 y 2009 respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas; también, de haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería que correspondía a la UNT mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la Ley nacional de Obras Públicas. La causa se relaciona con el manejo de $ 353 millones (unos U$S 85 millones al cambio de entonces) recibidos durante ese período por la UNT por utilidades de la minería. La UNT es dueña -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), formada por la Ley N° 14.771 en 1958, para administrar el yacimiento minero. La ley estableció que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT que debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, iniciada a partir de 1948 en San Javier y en Horco Molle durante el rectorado de Horacio Descole.
Luego de Di Lullo fue el turno de Mario Abaca, ex decano de la Facultad de Educación Física, quien integró la comisión de Enseñanza y Disciplina. El testigo recordó qué obras se hicieron en su facultad con los controvertidos fondos. “Se hicieron obras de caminería, playa de estacionamiento, se construyó otra salida, y una cerca perimetral, la biblioteca, baños, un salón de conferencias, un depósito nuevo, tres aulas con aire acondicionado; se compraron computadoras, se hizo un gimnasio, se puso internet, se hizo el comedor estudiantil, se hicieron obras de drenaje, se hicieron obras de agua”, relató y destacó que todo eso había sido solicitado por ellos mismos desde la facultad. “Todos los decanos pedían obras”, remarcó. Y aseguró que a él “la Universidad siempre le había parecido un faro de luz” y que al considerarse maestro de alma “todas las discusiones que se daban en el Consejo me producían mucho dolor”. También dijo que él siempre votaba por los dictámenes en minoría. “Perdíamos 17 a 11; era la crónica de una muerte anunciada”, graficó.
Posteriormente fue el turno de Juan Pablo Getar, ex miembro del estamento estudiantil. “En esa época el clima político estaba convulsionado. Yo firmé dictamen en minoría por el régimen de contrataciones. Había una mayoría fija de 17 personas que siempre votaban en contra”, explicó. “Lo que nosotros queríamos es que se aplique un régimen especial para que se realicen las obras”, agregó. Y finalmente declaró Francisco Ernesto Reynoso Acosta, ex consejero por el estamento no docente, quien aseguró que no estaba de acuerdo con las polémicas, y que siempre había querido que la Universidad se destacara por su nivel y no por cuestiones políticas. “Me parecía que las obras eran importantes”, dijo.
Luego los jueces subrogantes Jorge Alejandro Basbús (quien estuvo en forma presencial), Ana Carola Farías, ambos de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca (estos últimos de manera virtual) decidieron hacer un cuarto intermedio hasta el 23 de diciembre, cuando se hará una inspección ocular a determinar en una de las obras realizadas con los fondos mineros. Y adelantaron que por problemas de agenda (todos ellos actúan ya que no hay jueces titulares por las vacantes que se fueron creando en el Tribunal Oral Federal) y de licencias, las audiencias con testigos pasarían para el tercer mes de 2025.