Una llamada al servicio 911 terminó siendo clave para el desarrollo de la investigación del hallazgo de comida de Desarrollo Social. No sólo permitió identificar a todos los acusados, sino que además fue clave para ubicar a un técnico en computación que se convirtió en el testigo que fortaleció la teoría de que los módulos alimentarios eran comercializados.

La investigación se inició casi de casualidad. La Policía se presentó en un domicilio del barrio Manantial Sur por una causa de violencia de género. Pero los efectivos encontraron una gran cantidad de alimentos no perecederos que distribuye el Estado a comedores, merenderos y personas vulnerables. Quedó detenido el dueño de la casa Juan López Augier y luego su padre Juan Carlos López.

Ambos fueron acusados por la fiscala Mariana Rivadeneira y su auxiliar Brenda Deroy por peculado. Los detenidos, a los que se les dictó la prisión preventiva, reconocieron ser miembros de una agrupación que retiraba alimentos de los depósitos de Hacha de Piedra, los acopiaban en sus casas para armar los módulos alimentarios y luego distribuirlos entre los beneficiarios. Ambos informaron que tenían toda la documentación para demostrarlo.

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Las dudas se despejaron con la aparición de una testigo clave que llamó al servicio de emergencia de la Policía para informar que tenía información sobre el caso. Los efectivos la contactaron con la fiscala Rivadeneira que la citó a declarar luego de haberle otorgado algunas garantías.

Aportes claves

La mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad, contó con lujo de detalles las maniobras irregulares que habrían cometido los detenidos con la comida. Aclaró que ellos buscaban personas carenciadas para entregar los módulos alimentarios con los que conseguían la autorización para retirarlos. Luego las llevaban a diferentes domicilios con el fin de repartirlas entre algunos de los que habían inscriptos, mientras que al resto lo comercializaban a terceros.

Esta persona indicó que había decidido contar todo al enterarse de que los López estaban detenidos. Tenía miedo porque según declaró, eran personas que la venían amenazando desde hace bastante tiempo para evitar que contara todo lo que sabía.

La testigo también señaló a otras cuatro personas que integraban esta organización y el lugar donde podría haber más mercaderías. Al confirmar la versión, fueron detenidos y procesados Arturo Alejandro Augier, Malvina Soledad Décima y Brenda Muñoz (esposa de López). El cuarto fue Mauricio Romo que, según su declaración, podría tener información clave.

“En mi casa no encontraron mercaderías, pero si una computadora donde está toda la información”, destacó Romo. Según su declaración, desde el año 2017 trabajaba para López cargando la documentación que utilizaban para presentar en Desarrollo Social. También deslizó la posibilidad de que en vez de entregar la mercadería la habrían vendido.

Teoría

“Lo que viene surgiendo hasta el momento es que estas personas, utilizando la apariencia de frentes o movimientos populares se encargaban de cargar información necesaria para retirar los alimentos, pero la entrega no se concretaba”, señaló José María Molina, abogado de la Fiscalía de Estado que actúa como querellante en la causa. “También se recolectó suficiente evidencia para probar que esta mercadería era comercializada. En otras palabras, lucraba con los alimentos de los más necesitados. Es inaceptable y el Gobierno no lo permitirá”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

El profesional aclaró que hasta el momento, los seis detenidos están acusados de peculado, un delito que prevé una pena de 10 años de cárcel. “Dentro de la estrategia de este Gobierno venimos analizando la posibilidad de que se lo acuse de asociación ilícita en concurso real con otros delitos”, indicó.

Molina también habló sobre la importancia del testimonio de Romo. “Aportó nueva información, la cual en realidad va a ser chequeada con las pericias. Sin lugar a dudas que refuerza la teoría del caso que tienen los acusadores”, finalizó.  

Las defensas

“La mujer que aportó ese testimonio tiene conflictos personales y judiciales con nuestros asistidos. Por esa razón hay que tener cuidado con sus afirmaciones. Nuestros asistidos sólo recibían y distribuían la mercadería”, sostuvieron Javier Lobo Aragón (h) y Aníbal Paz, defensores de los López.

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Jorge Lobo Aragón sostuvo que esta es una causa política que busca castigar al Gobierno. “Todo estos son ataques de una interna que no entendemos por qué se está dando. Hay extraños intereses que están generando miedo”, agregó el profesional.

Los tres defensores señalaron además que esta causa está generando preocupación entre las agrupaciones y movimientos populares. “Hay mucha gente vulnerable que está indocumentada. ¿Por esa razón se le debe dejar de dar alimentos? Varios están acompañando fotografías para demostrar que recibieron los módulos porque no podrán retirarlo el próximo mes”, finalizó.