La Justicia avanza en la investigación de una presunta maniobra ilegal de venta de tierras fiscales en El Mollar. De acuerdo a lo que se informó, el fiscal Miguel Varela tomó nuevas medidas clave para esclarecer el caso. Según trascendió, el delegado comunal Jorge Cruz fue intimado a través de un oficio para que, en un plazo de 48 horas, informe quiénes están detrás del proyecto inmobiliario conocido como "Loteo Gaucho Castro", en el que se habrían comercializado varios terrenos fiscales.
En paralelo, ingresó un segundo oficio a la Casa de Gobierno dirigido al área de Recursos Humanos, solicitando información sobre posibles vínculos laborales entre Rafael Trujillo, señalado por damnificados como uno de los responsables de las ventas, y Fernando Rogel, ex titular de la Oficina de Regularización Dominial y Hábitat. La pesquisa se enfoca en determinar si esta oficina y la comuna de El Mollar fueron escenarios de irregularidades en la comercialización de terrenos pertenecientes al Estado.
Los damnificados, clave en la investigación
Uno de los aspectos más relevantes de la causa es el aporte de pruebas por parte de los compradores de los lotes, quienes inicialmente habrían adquirido las tierras de buena fe. Sin embargo, algunos de ellos continúan defendiendo la versión de Juan Pablo Castro, presunto titular del emprendimiento inmobiliario.
Castro, una persona de 85 años que no utiliza teléfono celular, despertó sospechas debido a la inconsistencia de su supuesta participación activa en las operaciones.
El fiscal Varela está evaluando pruebas que apuntan a la posible alteración de documentos oficiales, entre ellas la firma de Rogel, quien ya negó su autenticidad. Además, se investiga la presunta existencia de una red organizada para la venta ilegal de terrenos fiscales, lo que podría agravar la calificación delictiva.
El delito de usurpación, que inicialmente dominaba la causa, podría quedar relegado ante la posibilidad de una asociación ilícita.
Un caso en pleno desarrollo
Mientras se profundiza la investigación, la Justicia se enfrenta al desafío de desentrañar el alcance de la trama. Se sospecha que más empleados estatales podrían estar involucrados, lo que sumaría complejidad al caso. Según fuentes judiciales, las pruebas y testimonios recolectados hasta el momento permiten inferir que se trató de un esquema bien estructurado para lucrar con tierras públicas.
La fiscalía confía en que, a medida que los damnificados comprendan el alcance de la maniobra y su condición de víctimas, más personas se animen a denunciar y a colaborar con información.
Por ahora, el expediente continúa sumando elementos que podrían ser determinantes para desenmascarar a los responsables.