Por Gustavo Rodríguez
28 Enero 2025
EL PRESENTE. El estado actual del proyecto inmobiliario de El Mollar.
La investigación de la venta de terrenos en la Reserva Natural La Angostura tuvo una jornada cargada de novedades. Mientras el gobernador Osvaldo Jaldo firmaba el decreto con el que decretó el fin de la Subsecretaría de Regularización Dominial y de Hábitat (se informa por separado), la Policía allanó los domicilios de cinco de los seis mencionados en la investigación y en uno solo, no se encontró documentación que los vincularía aún más en el ilícito. Por último, un juez concedió el levantamiento del secreto bancario de todos los sospechosos para que se analicen los movimientos en sus cuentas.
El fiscal Miguel Varela, que lleva adelante la causa, ya tiene una teoría del caso. Los investigados podrían haberse organizado para ubicar lotes fiscales que podrían ser vendidos y luego conseguir, a través de medidas irregulares, documentación sin validez legal con los que habrían convencido a más de una veintena de compradores a adquirir las tierras. Hasta el momento, a cuatro de ellos se les anunció oficialmente que están siendo investigados por usurpación y estafa. Pero no descarta agravar la imputación porque tendría elementos suficientes para acusarlos de haber formado una asociación ilícita.
CON LA TECNOLOGÍA SE APORTÓ UNA PRUEBA CLAVE. La Fiscalía de Estado, a través de imágenes satelitales, logró probar que recién en julio 2020 hubo movimientos en las tierras del llamado “Loteo Gaucho Castro”.
Pero para probar esa teoría, necesitaba evidencias. Todo parecería indicar que en los cuatro allanamientos que fueron realizados por el personal de la Unidad Regional Oeste al mando del comisario Marcos Goane, encontró la evidencia que necesitaría para, al menos acusarlo de haberse apoderado ilegítimamente de las tierras y de lucrar con ellas.
Allanamientos
Dos medidas se desarrollaron en El Mollar. En la vivienda de Juan Pablo Castro, el titular del proyecto inmobiliario, no encontraron ningún documento que lo vincule con la maniobra. Sobre esta cuestión, los investigadores mantienen dos posturas. El sospechoso eliminó todas las evidencias pensando que sería allanado o, directamente, fue un “prestanombre”.
Los compradores se inclinan por esta opción, ya que señalaron que es un hombre de 85 años que no usa celular, que no sabe leer ni escribir y que se moviliza a caballo. “Es imposible que una persona así haya ideado semejante ardid”, aseguró Alberto Cativa, uno de los damnificados.
En esa localidad también se presentaron en el domicilio de Damián Romano, nieto político de Cruz. Allí no solo secuestraron varios certificados de depósitos de plazos fijos, sino también recibos de pagarés a nombre de distintas personas que serían los compradores. Además, encontraron diferentes tipos de artículos electrónicos y del hogar de elevado costo. El albañil, tendría que justificar su origen.
El otro allanamiento se concretó en una vivienda del sur de la ciudad, propiedad de Rafael Trujillo, el empleado de Regularización Dominial (ayer fue suspendido en su cargo por el gobernador Jaldo) que aparece mencionado en la causa como uno de los desarrolladores del proyecto e intermediario en la venta de las tierras. En esa casa también ubicaron a Yanina (no Jéssica como se informó erróneamente) Mamaní, que es nuera del agente estatal y que habría firmado varios boletos de compraventa en representación de su suegro.
En ese domicilio también encontraron documentación que consideraron de interés para la pesquisa. Además, un nervioso Trujillo les habría anticipado a los investigadores su inocencia y que aportaría documentación que involucraría a otros funcionarios en la maniobra.
La cuarta medida se concretó en un country de San Pablo, donde reside el ex subsecretario de Regularización Dominial Fernando Rogel Chaler. Según trascendió, los pesquisas retiraron de esa residencia documentación y sellos que serán analizados.
El ex funcionario aparece en la causa porque su firma aparecería en una constancia que le habrían otorgado a Castro en la que se informaba que estaba tramitando la escrituración. En una entrevista con LA GACETA, señaló que esa no era su firma. Ayer, con el patrocinio de su defensor Gustavo Morales, decidió ponerse a disposición de la Justicia por “ser totalmente ajeno al hecho que se investiga”.
Un misterio
El fiscal Varela falló en su intento de allanar la casa del ingeniero Maximiliano Barreiro (también separado de su cargo) porque no contaban con la dirección de su actual domicilio. El profesional firmó un plano que se presentó en la Dirección General de Catastro para que se autorizara el loteo, trámite que nunca se terminó de realizar. Los compradores también indicaron que era otro de los desarrolladores del proyecto.
LOS RESULTADOS. Parte de los documentos y elementos secuestrados por la Policía en los allanamientos.
Por ahora, no se ordenó medida alguna en contra del comisionado Jorge Cruz, cuyo nombre aparece en el expediente porque habría otorgado irregularmente la factibilidad del uso del servicio de agua potable. Los compradores también señalaron que fue en la comuna donde les aseguraron que la venta de los terrenos era legal. Fue filmado por los damnificados en una reunión que mantuvieron en la que intentaron llevarles tranquilidad.
“La única verdad es que los responsables de la venta de los terrenos están en la Casa de Gobierno”, señaló Morales. “Las personas que están detrás de toda esta maniobra son Trujillo, Mamaní, Barreiro, Cruz y otra funcionaria. Chaler es totalmente ajeno a esta situación”, agregó el profesional.
Pedido
Por otra parte, el juez Mario Velázquez aceptó el pedido del fiscal Varela para que se solicitara al Banco Central de la República Argentina el levantamiento del secreto bancario de Trujillo, Mamaní, Barreiro y Chaler únicamente. El investigador pretende conocer si tienen cuentas abiertas, cuál es el monto y las operaciones que realizaron entre el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad.
El sentido de este planteo no sólo es el de conocer los movimientos de fondos, sino que además si tienen la capacidad económica para afrontar posibles demandas que deriven en un resarcimiento económico.
Importante avance: la provincia sumó una prueba clave para lograr la reposición de las tierras
El cuerpo de abogados que conduce la fiscal Gilda Pedicone logró incorporar una importante prueba para demostrar la existencia de la maniobra que montaron los responsables del proyecto “Loteo Gaucho Castro” para quedarse con las tierras de la Reserva Natural La Angostura. Con esta evidencia, la Provincia tiene elementos suficientes para solicitar la reposición de los lotes que fueron ocupados. Los compradores señalaron que los desarrolladores les habían explicado que Juan Pablo Castro era el titular de las tierras porque hacía décadas había conseguido un permiso de pastoreo. Sin embargo, con el paso de los días, el fiscal Miguel Varela estableció que esa autorización habría sido otorgada por las autoridades de la subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, en un trámite irregular porque es la Dirección de Flora y Fauna la que debe otorgar ese beneficio. Ahora, con la ayuda de la tecnología, los querellantes sumaron otra evidencia que tira por tierra ese argumento. Con las imágenes satelitales aportadas por la Dirección General de Catastro, se comprobó que entre enero de 2002 y julio de 2020 no había nada en esas tierras. A partir del año de la pandemia se comenzó a construir una vivienda y en abril de 2022 aparece la apertura de un camino interno. En mayo de 2023 ya se puede notar la construcción de otras dos casas y, en enero de 2024, se suman cinco. La postura de la Fiscalía de Estado es solicitar cuanto antes la reposición de esos terrenos y por eso lo solicitó al mismo tiempo que realizó la denuncia penal. En una audiencia que se desarrollaría mañana se resolvería esta cuestión que es considerada prioritaria para el Gobierno.
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