El Consejo de Ministros de España aprobó este martes la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin cambios salariales. A pesar de este avance, la medida todavía debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), aseguró que "es un día histórico" porque "han transcurrido más de 41 años" desde la última reducción de "la jornada laboral en nuestro país". "La reducción de la jornada laboral va a servir para mejorar la productividad en nuestro país. No se trata de echar -acumular- horas en el trabajo, se trata de ser eficientes en el trabajo", afirmó. 

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"Esta propuesta tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser mucho más productivo y más eficiente económicamente", agregó, reprodujo el diario La Nación. 

Empresarios se oponen a la medida

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha dicho que aumentaría los costos de las empresas españolas y las haría menos competitivas. Su argumento es que la semana más corta no debe imponerse por ley, sino a través de la intermediación colectiva para adaptarse a las necesidades de cada empresa. Estiman que no todos los sectores de actividad están en igualdad de condiciones y que una reducción generalizada de la jornada laboral podría debilitar a algunas empresas.

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El argumento es rechazado por la ministra de Trabajo, que insistió en la solidez de la economía española, con un crecimiento de 3,2% el año pasado. “Tenemos más ocupación que nunca, tenemos más crecimiento económico que nunca”, sostuvo.

Tanto el Banco Central como el ministro de Economía han advertido que el aumento de los costos laborales podría disparar la inflación y frenar la creación de empleo.

Esta reducción en el horario afecta a cerca de 12 millones de trabajadores del sector privado, principalmente en el comercio, los servicios gastronómicos y la agricultura, ya que las 37,5 horas (siete horas y media por día) ya se aplican en el sector público y en las grandes empresas.