En una audiencia celebrada el 5 de febrero de 2025, el juez Sebastián Mardiza resolvió extender la prisión preventiva de tres imputados en la causa que investiga el desvío y venta de mercadería destinada a sectores vulnerables. La medida se fijó en 90 días, con vencimiento el 6 de mayo de 2025. La decisión se basó en la existencia de riesgos procesales y en nuevas evidencias presentadas por la fiscalía.

La causa se inició tras una denuncia por violencia de género que derivó en un allanamiento. En el lugar, se hallaron grandes cantidades de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Según la investigación, los principales acusados retiraban productos destinados a organizaciones sociales y, en lugar de distribuirlos entre personas en situación de vulnerabilidad, los comercializaban o los utilizaban con otros fines.

Los principales imputados son Alberto Felipe López (58 años) y Juan López Cansillieri (39), quienes estarían al frente del esquema de distribución irregular. Brenda Gisell Muñoz (23), Malvina Soledad Décima (27) y Arturo Alejandro Augier (35) fueron señalados como colaboradores esenciales dentro de la maniobra.

Durante la audiencia, la Fiscalía de Delitos Complejos, al mando de Mariana Rivadeneira, presentó el análisis de los teléfonos celulares incautados, que reforzó la hipótesis del caso. “Se ha podido verificar la comunicación entre los imputados y su vinculación con la comercialización de la mercadería”, explicó la auxiliar de fiscal Brenda Deroy. También indicó que “se detectaron conversaciones donde se daban indicaciones para eliminar información comprometedora”.

Otro de los puntos clave expuestos fue que Juan López Cansillieri, pese a estar detenido, habría seguido impartiendo órdenes desde su lugar de reclusión. “Le pedía a sus contactos que movilicen personas, generen disturbios y desacrediten la causa”, detalló Deroy. A su vez, solicitó la extracción y análisis de nuevos datos de los dispositivos secuestrados. “Necesitamos esta información para determinar si hay más personas involucradas y precisar el alcance de la maniobra”, sostuvo la auxiliar de fiscal.

Acto seguido requirió la extensión de la medida cautelar, argumentando que los riesgos procesales no sólo se mantenían, sino que se habían agravado. “Estos peligros no son potenciales, sino que se han concretado. Se intentaron borrar pruebas y manipular testimonios”, afirmó Deroy. En consecuencia requirió la prórroga por 120 días, para Augier y Muñóz en calidad de prisión preventiva, y para Décima en modalidad de arresto domiciliario.

El querellante José María Molina, en representación del Gobierno de Tucumán, apoyó el pedido del MPF. “Los adelantos de las pericias de los teléfonos evidencian el comportamiento de los imputados, la forma en que captaban la gente y la distribución de roles en la comercialización de la mercadería de los más necesitados. Es importante que continúen privados de la libertad ya que están surgiendo nuevos nombres de personas involucradas y accionar de los detenidos podría generar dificultar enormemente la investigación”, manifestó.

Los abogados defensores rechazaron la prórroga de la prisión preventiva. “No se nos ha dado acceso a la información en tiempo y forma, lo que genera una desventaja”, cuestionó Javier Lobo Aragón (h), quien representa a Augier y Muñoz junto con Aníbal Paz. También sostuvo que “no se ha demostrado que nuestros clientes hayan comercializado la mercadería”.

Brenda Muñoz tomó la palabra y pidió que se le concediera arresto domiciliario. “Lo único que tengo para pedir en esta audiencia es que, por favor, al menos me den un domiciliario. Este lugar no es para mí, señor juez. Se lo suplico”, expresó entre lágrimas. Sin embargo, la solicitud fue rechazada bajo el argumento de que persisten los riesgos procesales.

Por su parte, Arturo Augier cuestionó su implicación en la causa. “Yo quiero hablar sobre la manera en que me encuentro imputado en esta causa. Por los dichos de una persona, Nancy del Valle Barrionuevo, que es quien me nombra en este expediente”, sostuvo. Pese a su declaración, el juez mantuvo la prisión preventiva, al considerar que las pruebas presentadas por la fiscalía eran suficientes para sostener la medida.

El magistrado determinó que Muñoz, Décima y Augier continuarán detenidos bajo prisión preventiva por 90 días. No obstante, hizo lugar a un pedido de la defensa de Décima, encabezada por Silvia Furque, y dispuso que cumpla la medida en su domicilio con tobillera electrónica y rondas policiales periódicas. La resolución se basó en un fallo del Juzgado de Familia, que estableció que la imputada tiene a su cargo el cuidado de su hermana con discapacidad y de su hija menor. (Producción Periodística: Fiorella Lombardo Ríos).