La causa por presunta corrupción en la contratación de seguros durante el gobierno de Alberto Fernández cambió de juez. Julián Ercolini dejó el caso tras finalizar su subrogancia en el juzgado federal 11, y la investigación quedó a cargo de Sebastián Casanello, designado por sorteo.
El expediente analiza 25 contratos entre organismos estatales y Nación Seguros SA, con la intervención de brokers que habrían cobrado comisiones por más de $3.000 millones.
Fernández había recusado a Ercolini por supuesta parcialidad, alegando que el juez tenía intenciones de perjudicarlo y detenerlo. Sin embargo, la Cámara Federal rechazó sus planteos. La causa involucra a 39 personas, quienes habrían participado en un esquema de direccionamiento de contrataciones para el beneficio de intermediarios vinculados al expresidente. Ahora, Casanello deberá resolver si hay mérito para procesarlos o si corresponde dictar la falta de mérito.
Uno de los ejes de la investigación es el Decreto 823/2021, firmado por Fernández, que obligó al Estado a contratar exclusivamente a Nación Seguros SA, eliminando la competencia y transparencia en las licitaciones. Se sostiene que funcionarios y empresarios operaron coordinadamente para desviar fondos públicos a través de intermediaciones irregulares, con la presunta complicidad del exmandatario. La maniobra habría requerido la intervención de diversos entes estatales.
El principal beneficiario del esquema habría sido Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández, cuya esposa, María Cantero, fue secretaria del expresidente y luego secretaria presidencial. Empresas vinculadas a Martínez Sosa, Castellón y Torres García recibieron más del 87% de las comisiones. Según la investigación, Fernández habría recibido obsequios, dinero y beneficios de esta red, fortaleciendo las sospechas sobre su rol en la maniobra.