El Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley para modificar el Código Penal y aumentar las penas para quienes provoquen incendios de forma intencional, con el objetivo de que deje de ser un delito excarcelable y se impongan sanciones efectivas.

Esta medida fue anunciada el lunes y ratificada este martes desde El Bolsón por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. La propuesta llega en el contexto de los conflictos generados por la emergencia sanitaria en la Patagonia, a raíz de los incendios que arrasaron miles de hectáreas.

"En los últimos tiempos, la imprudencia ha tenido una importante influencia en la generación de incendios y otros desastres, y la normativa penal no ha cumplido un rol preventivo en modo alguno. En consecuencia, corresponde elevar las penas del delito en su faz culposa para que las personas no se puedan escudar en ella a la hora de hacer frente a las consecuencias de sus actos", señala el documento.

Con la intención de "añadir nuevos supuestos de conductas que pudieran producir diversos estragos", el proyecto busca modificar el artículo 186 del Código Penal. De esta manera, a la posibilidad de causar incendios, inundación o derrumbe se le agregarían los casos de liberación de tóxicos, derrumbe, emisión de radiaciones y "cualquier otro proceso destructor capaz de generar estragos".

Asimismo, esta propuesta pretende aumentar la pena mínima de tres a cuatro años de manera que el delito deje de ser excarcelable. También, busca incrementar el máximo de las penas en los distintos casos contemplados por la norma: 15 años en situaciones en donde se vean afectados bosques, yacimientos arqueológicos, parques nacionales, y hasta 25 años cuando el incendio deje una víctima fatal o más.

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Finalmente, el proyecto propone elevar las penas dispuestas para las situaciones en que el delito sea realizado de manera culposa. De esta forma, la escala vigente, que establece un mínimo de un mes y un máximo de un año, sería modificada para fijar un mínimo de cuatro años y un máximo de seis. En el caso en que se pusiera en peligro la vida de una persona, genere lesiones muy graves o produjera la muerte, las penas podrían ser de hasta ocho y diez años de prisión.

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El proyecto fue recibido por Martin Menem, titular de la Cámara de Diputados, junto a una carta firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia.