El diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz, presentó un proyecto de ley para que todos los funcionarios de los tres poderes del Estado se sometan a exámenes toxicológicos obligatorios. La iniciativa busca garantizar la integridad y transparencia en la función pública, y abarca también a directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas estatales. Sin embargo, no incluye a empleados públicos. Los controles se realizarían al asumir el cargo, anualmente y de forma aleatoria cada tres meses sobre una muestra representativa.
El proyecto establece que los análisis serán realizados por laboratorios certificados bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad. Si un funcionario obtiene un resultado positivo, se ofrecerá una contraprueba dentro de las 48 horas. En caso de confirmarse el consumo de sustancias como cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas o drogas sintéticas no prescritas, el funcionario será suspendido sin goce de haberes hasta la resolución de su situación. Dependiendo de su cargo, el proceso de remoción o sanción será llevado adelante por la autoridad competente en cada poder del Estado.
Si un funcionario da positivo más de una vez, será removido automáticamente según las normativas vigentes. Además, el costo del narcotest correrá por cuenta del propio funcionario, y negarse a realizarlo será considerado equivalente a un resultado positivo. Chumpitaz argumentó que esta medida es clave para reforzar la confianza ciudadana en las instituciones, especialmente en provincias como Santa Fe, donde el narcotráfico ha avanzado significativamente y se ha infiltrado en diversas esferas de la sociedad.
Un antecedente de esta iniciativa se encuentra en la provincia de San Luis, donde el gobierno local implementó en noviembre una prueba piloto de narcotest para funcionarios y empleados públicos. En el marco de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, el gobernador Claudio Poggi fue el primero en someterse a la evaluación y defendió la medida como una estrategia clave en la lucha contra el narcotráfico. A partir del 5 de marzo, se realizarán sorteos para seleccionar a los primeros 100 funcionarios provinciales que deberán someterse al examen obligatorio.
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