La polémica desatada a raíz de la denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre posibles irregularidades en Salta, Catamarca y Tucumán a partir del presunto desvío de fondos públicos para uso política crece con el correr de los días. La puesta en conocimiento del tema generó movimientos en el Congreso de la Nación y ahora algunos representantes locales cruzan acusaciones por su visión sobre el tema.

Por una parte, la diputada nacional Paula Omodeo (CREO) impulsó ayer un pedido de informe para solicitar acceso a la información pública y de esa forma conocer el alcance de la denuncia de la UIF.

“Según lo expuesto en el proyecto, la UIF detectó extracciones millonarias en efectivo desde cuentas municipales sin justificación económica”, dijo Omodeo en relación al proyecto presentado en la Cámara de Diputados.

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El pedido de Omodeo pretende que el Gobierno Nacional confirme la existencia del informe de la UIF, detalle los municipios involucrados, el origen y destino de los fondos, y si existen responsabilidades de los gobiernos provinciales en estos hechos. Además, solicitó que se remita copia de la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Reclamo

Roberto Sánchez también sentó postura sobre el tema y le reclamó al gobernador, Osvaldo Jaldo, que no desvíe la atención sobre la investigación. “Acá el problema no es la oposición, las elecciones o los carpetazos. Lo que deben explicar es porque sacaron millones de pesos de cuentas públicas sin ninguna explicación y justo antes de las elecciones”, dijo el expresidente del radicalismo tucumano.

Sánchez advirtió que la operatoria ahora advertida por el organismo antilavado ya fue denunciada en anteriores oportunidades. “Esto no es nuevo. Cuando asumí la intendencia de Concepción en 2015, formalice una denuncia penal contra mi antecesor y sus funcionarios por una operación muy parecida a la que ahora toma estado público. El ex intendente Osvaldo Morelli terminó imputado por ese hecho. Todos los tucumanos saben cómo el oficialismo usa el Estado para beneficio propio. Lo único nuevo es que ahora hay una investigación seria sobre el tema. Ojalá se llegue a fondo”, precisó.

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Además de pedir precisiones a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sobre la marcha de la investigación, Sánchez cargó contra las autoridades provinciales porque tratar de “tapar todo”. “Dicen que tienen toda la documentación para demostrar que no hay nada raro, pero no se animan a presentarse ante los organismos nacionales o la Justicia para dar su verdad. Están complicados y lo saben, por eso agreden en lugar de decir la verdad”.

Sin fundamentos

La diputada jaldista Gladys Medina intervino en la escena y a través de un comunicado en redes sociales criticó los dichos y a la presentación de Omodeo al acusarla de dedicarse “a la denuncia fácil” y generar un “circo mediático para “buscar protagonismo”.

“En política hay dos formas de actuar: trabajar todos los días en el territorio gestionando soluciones concretas para la gente o dedicarse a la denuncia fácil y el circo mediático para buscar protagonismo. Lamentablemente, la diputada Paula Omodeo ha elegido el segundo camino, utilizando falsas acusaciones para instalar un relato engañoso con una clara intención: conseguir visibilidad en un año electoral y pelear un lugar en la boleta de La Libertad Avanza, porque no tiene garantizada su reelección”, dijo la representante del bloque Independencia.

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Medina se mantuvo en la línea de lo que viene afirmando el oficialismo provincial remarcando que en el marco de lo informado por la UIF “no hay ninguna causa judicial ni imputados”. “Las cuentas municipales están en regla y auditadas por sus órganos de control. No hay ni una sola irregularidad que justifique semejante ataque mediático”, enfatizó.

Piden integrar una comisión: legisladores opositores quieren investigar

La legisladora Silvia Elías de Pérez, acompañada por José Seleme y Agustín Romano Norri, presentó un proyecto de resolución para la creación de una comisión investigadora sobre el presunto desfalco de fondos públicos en la Municipalidad de Banda del Río Salí, que administra Gonzalo Monteros. “La transparencia y la rendición de cuentas no son solo principios abstractos, sino el corazón de cualquier democracia saludable. Cuando hablamos de administrar fondos públicos, hablamos de gestionar los recursos que pertenecen a todos los ciudadanos. Cada peso mal utilizado es un golpe a la confianza en las instituciones”, señaló Elías de Pérez.