El Concejo capitalino regulará las apps de transporte “en menos de dos meses”

El año parlamentario comienza y una de las principales prioridades del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán es la regulación de las aplicaciones de transporte. Fernando Juri, presidente del cuerpo, adelantó que en menos de dos meses habría definiciones acerca de la problemática de los taxis y las plataformas digitales. “Tenemos que dar una solución definitiva”, señaló, tras la apertura 120 de sesiones ordinarias que encabezó la intendenta, Rossana Chahla.

En Tucumán actualmente conviven (aunque sin normativa que reglamente su uso) apps como Uber, Cabify o Didi con el Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Sutrappa). Los primeros ofrecen servicios de transporte en auto, en auto preferencial, en moto y en forma de cadete, y cuentan con un beneficio tarifario para el usuario según la demanda y el horario. Además, ofrecen pago electrónico y por billete. En contraste, los choferes de taxis reclaman la necesidad de mejorar la calidad del servicio oficial que todavía se sostiene con viajes obtenidos en la vía pública, sin plataforma propia y con un reloj taxímetro que sólo acepta pagos en efectivo. Por otro lado, insisten en “la competencia desleal” que surge de la falta de regulación de aquellas apps: a diferencia de los autos particulares, los taxistas deben tributar en el municipio y cumplir con una serie de requisitos para poder trabajar.

Comisión conjunta

Es en este marco que el Concejo Deliberante avanzará en la conformación de una mesa conjunta con el Ejecutivo municipal y el sector taximetrero para encontrar una solución. “Se ha conformado una comisión integrada por la comisión de Transporte del cuerpo, funcionarios municipales y quienes son los verdaderos protagonistas de este tema, que son los taxistas, donde vamos a buscar una solución definitiva a la problemática del transporte”, aseguró Juri.

El objetivo que se busca alcanzar es que “puedan convivir todos y que la gente elija qué es lo que quiere y cuál es el servicio que quiere usar”. “En este mes de marzo -si no es la primera quincena, será la segunda-, ya se estará reuniendo la comisión para ir formalizando una solución. Estimo que en no más de dos meses esto tiene que estar solucionado”, adelantó el oficialista.

En esa línea también se expresó Chahla. “Mandamos un proyecto de ordenanza el año pasado, permitiendo todas las plataformas digitales. Hablamos con los taxistas de que nosotros queremos ayudarles para que tengan más posibilidades de trabajar; cuantas más plataformas estén, más podrán hacerlo”, dijo en conferencia de prensa. Y si bien remarcó que el tratamiento del tema depende meramente del Concejo Deliberante, planteó: “tenemos que ayudarlos (a los taxistas) a que puedan regularizar y tener todos los estándares de calidad de esas plataformas para que puedan tener más posibilidades de trabajo”.

Las ideas en discusión

El edificio de San Martín y Monteagudo acumula cinco iniciativas que tratan el uso de plataformas electrónicas para el transporte de pasajeros. Provienen de diferentes fuerzas políticas, del sector taximetrero y de la Municipalidad capitalina. El último intento de aprobar en el recinto alguno de los proyectos fue el pasado 27 de diciembre, con el escrito que presentó Ernesto Nagle (Unión por la Patria). Tras una manifestación de los choferes particulares y la intervención de la Provincia, el asunto fue devuelto a comisión.

El proyecto de la bancada oficialista plantea, en líneas generales, que todos los choferes que transporten pasajeros en el municipio estén incorporados al Sutrappa, aunque teniendo la libertad de elegir la modalidad de trabajo. Esto significa que los particulares no podrían transportar pasajeros sin tener licencia activa en el Sistema Único y cumplir con todos los requerimientos. Una alternativa similar fue la presentada por el Sindicato de Peones de Taxis, que añade sanciones, suspensiones temporales o inhabilitaciones de la plataforma por incumplimiento de parte de los choferes.

Por otro lado, Leandro Argañaraz (Unión Cívica Radical) elaboró un proyecto en el que no se considera que las empresas deban tributar en el municipio para poder funcionar, y mucho menos, incorporarse al sistema de taxis. En cambio, se propone la convivencia entre todos los sectores. El articulado de Carlos Arnedo (Acción Vecinal), en tanto, contempla que los choferes de las plataformas electrónicas tengan un permiso municipal de dos años y que las empresas “liquiden y abonen, por cuenta y orden de los permisionarios registrados en sus aplicaciones, los gravámenes correspondientes”.

Por su parte, el Ejecutivo municipal envió a la comisión de Transporte una idea propia. En ella se plantean disposiciones generales a la temática, que incluyen el cobro de impuestos según el Tributo Económico Municipal (TEM) y la imposición de sanciones por incumplimiento por parte de la autoridad de aplicación. A fines del año pasado, la Municipalidad mantuvo reuniones con representantes de Uber para ver los detalles de la legalización de la aplicación móvil en la Capital: que fijen domicilios, que sean sujetos pasibles de tributación y que se implemente un seguro aprobado por la superintendencia de la Nación, entre otros.