Con el procedimiento realizado en “El Puestito”, en menos de una semana, las fuerzas de seguridad secuestraron 750 plantas de marihuana. Con esas cifras, hasta el domingo, se decomisaron en Tucumán unos 1.210 ejemplares de cannabis, mientras que en todo 2024 el número de incautaciones llegó a 2.716 plantas.

El realizado en la localidad de Burruyacu fue el más importante de todos. Le siguen los 200 ejemplares ubicados mientras se desarrollaba la Fiesta de la Pachamama en Amaicha del Valle. El operativo más curioso se desarrolló en Famaillá hace casi un mes. Los policías de la comisaría de esa ciudad, al encontrar un “quiosco” de venta de drogas, no sólo descubrieron que los sospechosos estaban cultivando 25 plantas de marihuana, sino que tenían varios elementos para su producción y comercialización. Por ejemplo, contaban con un secadero y un posnet para realizar las ventas.

Con las 1.210 plantas incautadas, podrían producirse hasta 3.025 kilos de flores de marihuana. El valor promedio de ese producto es de $6.500, por lo que podría haber obtenido ganancias por más de $19.625 millones.

En Tucumán ya se cultiva marihuana a gran escala

Según los casos a los que tuvo acceso LA GACETA, fueron 27 los procedimientos en los que se secuestraron los ejemplares de cannabis. De ese número, sólo en 13 encontraron hasta nueve plantas, lo que es el límite permitido por el Registro de Productores de Cannabis (Reprocann). Fuentes del Ministerio de Seguridad explicaron que en ninguno de esos casos, los cultivadores demostraron estar inscriptos en el programa.

Debate crucial

“El debate en torno al cultivo de cannabis, especialmente en el contexto de la legalidad y el autocultivo medicinal, se ha vuelto crucial. El reciente secuestro de 550 plantas de cannabis pone de relieve una problemática mayor: la falta de comprensión y diferenciación por parte de las autoridades entre el narcotráfico y el autocultivo legal”, sostuvo el abogado Patricio Char.

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El especialista en derecho canábico añadió: “la política criminal debe orientarse hacia la protección de los derechos humanos y la salud pública, no hacia la estigmatización de quienes optan por el cultivo de cannabis bajo las regulaciones establecidas”. “Es necesario un diálogo constructivo que permita a las autoridades entender la diferencia entre el narcotráfico y el cultivo responsable y legal”, finalizó.