El Gobierno nacional presentará mañana una denuncia penal contra la jueza de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, luego de que liberara a 114 presos a pocas horas de ser detenidos por los disturbios en la marcha del Congreso el miércoles. Para el Poder Ejecutivo, el accionar de la jueza fue “un desastre”, argumentan que liberó a más de 100 detenidos “por Whatsapp” sin haber accedido a las actuaciones, sin haber controlado las pruebas y sin haber verificado la existencia de antecedentes penales.
En la denuncia, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich acusará a Andrade por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. En paralelo también le pedirán al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que evalúe si debe ser sancionada por su accionar en el expediente que investiga la violencia en la marcha de los jubilados que contó con el apoyo de barras y militantes políticos. Según el oficialismo, varios de los involucrados tenían un historial delictivo por lesiones, atentado contra la autoridad, amenazas agravadas, tenencia de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y robos, entre otros.
Esta presentación va en paralelo a la que el gobierno de Javier Milei impulsó contra los involucrados en la jornada de violencia frente al Congreso. Allí apuntó contra los detenidos, pero también contra los intendentes Fernando Espinoza, de La Matanza; y Federico Otermín, de Lomas de Zamora. Ambos jefes municipales del PJ salieron a desmentir cualquier tipo de nexo con la violencia y el traslado de manifestantes, y cuestionaron duramente a Bullrich. Por otro lado, el Gobierno también involucró en la violencia a Leandro Capriotti, al que señalaron como “el máximo organizador” de la movilización y quien está vinculado con el sindicalista Luis Barrionuevo.
“Jamás milité en La Cámpora”
En defensa de las acusaciones públicas realizadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, Andrade manifestó que desde el Gobierno no le enviaron ni siquiera “la información básica de la detención de esta gente” y que priorizó derechos, como el de manifestarse libremente, que tiene aval constitucional. “No se cumplía el procedimiento, es el ABC de las detenciones. Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución. Se tiene que entender que es una obligación para los jueces de turno tomar decisiones, que resolvemos con los elementos que tenemos en el momento, que debemos resolver y que podemos y debemos diferenciar la necesidad de una respuesta rápida conforme a la Constitución, de la expectativa lícita y que tiene el Estado de investigar la comisión de hechos delictivos”, planteó.
En otras líneas, la jueza indicó que como ella pertenece al sistema acusatorio su función es “controlar los requisitos de detención”, en un contexto de “ponderación de derechos”, y que por eso actuó de esa forma. “Esa es la situación. Nuestra Constitución habla del derecho a la protesta, debe garantizarse. Frente a una situación donde se anuncia desde un grupo de la sociedad una manifestación, debe estar garantizado que nadie cometa delitos en ese contexto, debe estar garantizado que alguien pueda manifestarse libremente. Y la persona que cometa delitos es detenida”, expresó.
Luego de que se la acusara de “jueza camporista”, en diálogo con Radio 10, Andrade desmintió ser militante de algún partido político y sumó otro motivo a su decisión de darles la libertad a los detenidos: el poco lugar que hay en las alcaidías porteñas. “Jamás milité en La Cámpora. Tengo afiliación gremial en Sitraju (por el Sindicato de Trabajadores Judiciales Ciudad de Buenos Aires), estoy en Mafucaba (por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de CABA) como todos los funcionarios del Poder Judicial, porque no hay incompatibilidad”, indicó.
En defensa de la jueza Andrade
Tras las denuncias y acusaciones a la magistrada; legisladores, dirigentes de la oposición y organizaciones de abogados y trabajadores judiciales salieron a respaldar su decisión de liberar a los detenidos. Varios de los cuestionamientos apuntaron contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Repudio las declaraciones del Ministro de Justicia amedrentando a la jueza Dra. Karina Andrade por haber obrado a derecho y decretado la libertad de todos los inocentes que fueron detenidos a mansalva por la policía de Patricia Bullrich”, expresó el diputado nacional Eduardo Valdés (UxP).
La Confederación General del Trabajo (CGT), en tanto, expresó “su apoyo y solidaridad con la jueza Karina Andrade, quien correctamente ordenó la liberación de las personas detenidas durante la manifestación en apoyo de las y los jubilados”. “La decisión de la jueza no hace más que impartir justicia y honrar el estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución. Esta CGT bregará por el derecho a manifestarse y expresarse, independientemente de las maniobras llevadas adelante por el Gobierno nacional que buscan criminalizar la protesta social”, agregaron.
Por su parte, la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP) emitió un comunicado para respaldar la decisión de la magistrada, resaltaron la “irrestricta vigencia” de los “derechos de libertad de reunión”, de libertad de expresión y de “peticionar a las autoridades (contempladas en normas nacionales e internacionales)”. En tanto, se expresaron “en resguardo de la independencia judicial” en la labor llevado a cabo por Andrade, tras los “lamentables hechos” sucedidos frente al Congreso.
Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura durante la presidencia de Mauricio Macri, felicitó los fundamentos del fallo de Andrade: “Ahora padecerá infinidad de ataques, escraches y agravios por parte de los autoritarios. Ha defendido una de las conquistas más valiosas del liberalismo: el derecho a protestar. Ni más ni menos”.