La Municipalidad de San Miguel de Tucumán apuesta a la consolidación de su estructura legal para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. El juez que penará las faltas al espacio natural ya fue designado, mientras un grupo de funcionarios trabaja en la elaboración de un nuevo Código que reunirá las disposiciones locales en materia de protección ecológica.

El flamante juez ambiental es Fabián Lizondo, magistrado del Tribunal de Faltas que hasta ahora resolvía cuestiones de tránsito. La designación fue impulsada por otra figura reciente en el municipio: la del fiscal ambiental, Roberto Chustek. El encargado de la oficina sostenía que hacía falta dotar a la ciudad de estos cargos para fortalecer el control sobre las faltas en este ámbito.

En estos días, Chustek recibió a Lizondo para comenzar a trabajar en la armonización de los procedimientos que debe tratar Ambiente, con la intención de agilizar trámites y disminuir la burocracia entre las oficinas. “La idea es unificar absolutamente todo, de tal manera que llegue al juez un procedimiento ya trabajado y filtrado para ser más eficientes”, señaló el primero.

Otros lineamientos

La nueva figura también participará de la comisión conformada por la secretaria de Medio Ambiente, Julieta Migliavacca; el concejal que preside el comité ambiental, Gonzalo Carrillo Leito; y Chustek, para la elaboración del Código Ambiental municipal. Según estimó el fiscal, el documento podría estar listo dentro de seis meses.

El grupo trabaja en un borrador que se divide en dos partes: una establece los principios generales, el objeto del Código y sus fundamentos, y la otra reúne en detalle el procedimiento y las sanciones específicas que regirán en la Capital. El asunto será planteado, a su vez, en la próxima sesión del Consejo Económico y Social (CES) dirigido por la intendenta, Rossana Chahla, que podría realizarse a fines de mayo.

“Lo más importante es escuchar las propuestas que hagan y que la gente que tiene el primer contacto con estas cuestiones plantee cuáles son los mayores inconvenientes en el día a día. Queremos elaborar algo moderno y, siguiendo el criterio de la gestión, lograr la transparencia y el acceso a la información pública”, resaltó Chustek.

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En el Código se pretende actualizar el tipo de acciones consideradas contravenciones al ambiente y sus penas. Según el Código de Faltas municipal, las sanciones más altas corresponden al manejo de alimentos, bebidas o materias primas alterados o con fraude bromatológico (se paga unos $380.000), superando al arrojamiento de residuos en la vía pública o baldíos (multas de hasta $63.000) o a la emanación o emisión de contaminantes, por ejemplo.

Unificar y ordenar

San Miguel de Tucumán cuenta con una ordenanza que hace de Código Ambiental, la N° 3.395 sancionada en 2003, pero hay puntos que no se cumplen o que quedaron desactualizados. Por ejemplo, la norma adopta la figura de “audiencia pública de temática ambiental” como instancia de participación ciudadana en las decisiones de índole ambiental, algo que no existe en el municipio capitalino.

Chustek añade que como esa hay más de 50 leyes que se refieren al ambiente y que deben ser agrupadas para una mejor organización y lectura, tal propósito justifica la elaboración de este nuevo Código verde. “Es necesario coordinar y aglutinar las distintas ordenanzas que están vigentes. Es un proceso de codificación que están haciendo en el Concejo Deliberante para tratar de unirlas en el nuevo escrito”, señaló.

Los fundamentos del proyecto se refieren a la necesidad de establecer un marco normativo integral, sistemático y eficaz para la protección del ambiente, a causa del crecimiento poblacional, la expansión urbana desordenada, el incremento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y la contaminación del aire y del agua.

Asimismo, la propuesta añade que las estrategias deben llevarse adelante con un enfoque metropolitano, es decir, incluyendo a las ciudades vecinas. “Su implementación con un enfoque metropolitano permitirá abordar de manera efectiva las problemáticas ambientales de toda la región, asegurando eficiencia en la gestión y articulación entre organismos”, profundiza el texto.

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Esto contribuiría a que exista una armonización normativa, una coordinación de políticas públicas, una optimización de recursos y mayor efectividad en la gestión de residuos y contaminación. “La contaminación del agua, el aire, el suelo y la gestión de residuos sólidos urbanos no pueden resolverse de manera aislada por cada municipio”, fundamenta el escrito.