La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre un grave ataque a la independencia judicial en Argentina y denunció un patrón de hostigamiento estatal y de criminalización de jueces, lo que afectaría la independencia judicial. 

La nota, emitida por nueve titulares de mandatos de derechos humanos, incluida la Relatora Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite, responde a una presentación inicial de la jueza argentina Karina Andrade, quien dijo haber sufrido hostigamientos y amenazas tras ordenar la liberación de 114 personas detenidas en el marco de una manifestación ocurrida el 12 de marzo. 

Según Andrade, las detenciones se realizaron “sin las garantías legales necesarias”, como la falta de notificación al tribunal y omisiones sobre el lugar, la hora y el motivo de las detenciones. Además, resaltó que “el derecho a la protesta, especialmente cuando se ejerce en defensa de grupos vulnerables, es un derecho protegido constitucional y convencionalmente”. 

Debido a estos hechos, las autoridades del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia anunciaron que pedirían la destitución de Andrade. Además, el vocero Manuel Adorni, escribió en redes sociales: “La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”.

Andrade expuso no solo su caso personal, sino un "patrón de hostigamiento estructural" contra el Poder Judicial argentino. En ese sentido, en una nota de respuesta, la ONU expresó su “profunda alarma” por lo que considera un patrón de represalia estatal contra jueces por el contenido de sus decisiones independientes, lo que constituye un “ataque directo a la independencia judicial”. 

En la resolución se citan ejemplos como el del juez Roberto Andrés Gallardo, perseguido por limitar la participación de las fuerzas federales en operativos de seguridad, y de la propia jueza Andrade, quienes fueron objeto de denuncias y pedidos de destitución por parte de altos funcionarios gubernamentales tras emitir fallos contrarios a las opiniones oficiales. 

“Este tipo de acciones, incluyendo la estigmatización abusiva y ataques por parte de miembros del Ejecutivo, busca inhibir la labor judicial y generar un clima de intimidación, incompatible con una justicia libre”, dijo la ONU. Y subrayó que, según el derecho internacional, los jueces no pueden ser sancionados por el contenido de sus decisiones, y la crítica pública por autoridades ejecutivas “puede constituir interferencia”. 

La comunicación instó al Estado argentino a garantizar que los jueces puedan ejercer sus funciones sin temor a represalias y a que las autoridades públicas ejerzan su libertad de expresión de manera compatible con la protección de la reputación judicial. La ONU además ya advirtió sobre un grave deterioro de las libertades desde diciembre de 2023, con la asunción del presidente Javier Milei. 

El comunicado menciona en particular el uso del protocolo antipiquetes, la aprobación del DNU 70/2023, la “Ley Bases” y otras reformas legales que, según los expertos, habrían generado un escenario de represión generalizada. El Gobierno argentino solicitó una prórroga para responder a la carta.