Por Nahuel Toledo
Hace 6 Hs
FIRMA. Para el Gobierno, el proyecto representa “la transformación laboral más grande de la historia argentina”
Después de dos días de demora y tras su regreso de Noruega, donde participó de la entrega del Nobel de la Paz, el presidente Javier Milei ha rubricado la que el Gobierno califica como “la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral”, un ambicioso proyecto de reforma laboral que fue remitido de inmediato al Congreso de la Nación para su tratamiento. El texto, de 71 hojas y 26 títulos, busca “remover las distorsiones que afectan la creación de empleo formal” y modernizar el marco normativo vigente.
Las imágenes difundidas por la Casa Rosada muestran a Milei, vestido nuevamente con el mameluco de YPF —el mismo look que usó en su viaje—, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el texto de la normativa sobre la mesa.
Adorni utilizó su cuenta en la red social X para magnificar el impacto de la iniciativa, asegurando que el proyecto representa un quiebre histórico con las regulaciones laborales precedentes.
Claves
La reforma introduce cambios significativos en el cálculo de las indemnizaciones por despido sin justa causa. El texto mantiene el esquema de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses.
Sin embargo, establece una nueva base de cálculo: la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o el tiempo de prestación de servicios.
La modificación más destacada es la exclusión de conceptos no mensuales en la base de cálculo, tales como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), vacaciones, y premios que no sean de pago mensual. Esto, en la práctica, reduce el monto de la indemnización final para el trabajador.
En un punto de fuerte confrontación con los gremios, la iniciativa avanza en la regulación del derecho de huelga. Se incorporan restricciones para las protestas e incrementa la nómina de actividades esenciales, que deberán garantizar el 75% de presentismo.
Asimismo, se añaden las actividades trascendentales, para las cuales se exige un 50% de presentismo durante una medida de fuerza.
Un punto de particular controversia es la habilitación a no pagar el salario a los trabajadores por el tiempo que participen de asambleas. El Gobierno argumenta que, durante ese lapso, el empleado “deja de estar a disposición del empleador”.
El Gobierno argumenta que la “modernización laboral” busca establecer “incentivos para la formalización y la promoción de empleo registrado”.
Una de las novedades de la normativa es la posibilidad de que los salarios puedan abonarse no solo en pesos, sino también en dólares u otra moneda extranjera, siempre conforme a lo pactado entre las partes.
¿Señal de paz?
Uno de los puntos de mayor tensión con la Confederación General del Trabajo (CGT) y los sindicatos fue abordado con una concesión explícita por parte del Gobierno: se excluyó del proyecto la intención de eliminar la denominada “cuota solidaria”.
Esta contribución es abonada por el empleado no afiliado al gremio en concepto de beneficios de la actividad sindical. Su eliminación era un reclamo constante del oficialismo y su exclusión representa un gesto de diálogo hacia la central obrera.
Otro artículo que generaba inquietud en las cúpulas gremiales y que fue atenuado es el relativo a la cuota de afiliación sindical. Si bien la ley mantendrá la potestad de los empleadores de actuar como agentes de retención de estas cuotas, el proyecto introduce un requisito clave.
Según el artículo 137 del texto, se establece que los empleadores podrán retener las cuotas de afiliación “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”. Adicionalmente, este mecanismo deberá contar con la resolución de la Secretaría de Trabajo que lo autorice. De esta manera, los sindicatos mantienen, aunque con mayores exigencias burocráticas, el control sobre sus cajas.
Empieza el debate
Consumado el ingreso de la reforma laboral al Senado, el oficialismo ya reprograma la discusión de la iniciativa y quiere iniciarla el miércoles de la semana próxima. A pesar de ansiedades varias, la definición del cronograma estará atada a la reunión de Labor Parlamentaria que realizarán los jefes de bloque el martes.
Para el martes también se espera una resolución sobre la integración de las comisiones, las cuales estarán involucradas en las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo activó desde ayer y hasta el 30 del corriente mes, inclusive.
Sobre este punto, serán clave las uniones que bancadas pequeñas o monobloques con espacios más voluminosos.
La CGT sale a las calles para rechazar la reforma
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha escalado su confrontación con el Gobierno del presidente Javier Milei al convocar a una manifestación de rechazo contra el proyecto de reforma laboral. La central obrera determinó en su consejo directivo una movilización que tendrá lugar el jueves 18 de diciembre a las 15 horas, con el epicentro del reclamo fijado en la histórica Plaza de Mayo.
La decisión se tomó tras una reunión de más de dos horas en la sede de Azopardo, a pesar de que el oficialismo había tenido un gesto al eliminar del texto la afectación a la cuota solidaria, uno de los mecanismos de recaudación gremial. Sin embargo, la cúpula sindical consideró que el proyecto, que se espera sea tratado la semana próxima en el Senado, es “regresivo” y un “ataque a los derechos colectivos e individuales”.
El dirigente Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato cegetista, fue contundente al manifestar el rechazo: “Hay miradas con sesgo ideológico y no pragmático. Vemos un país empobrecido, sin inversión. Se trata de un ataque a los derechos colectivos e individuales”, sostuvo.
Para la CGT, la iniciativa de Milei —que busca flexibilizar contrataciones y despidos, restringir el derecho a huelga y recortar la fortaleza de las organizaciones sindicales— es un “paso más hacia la precarización laboral”. El rechazo abarca los pilares del texto, incluyendo las modificaciones a las indemnizaciones, la regulación de la huelga y la afectación a la vida sindical.
La estrategia de la CGT no se limitará a la calle; también contempla una ofensiva en el ámbito institucional. La central obrera buscará tender puentes con gobernadores y legisladores para intentar frenar la sanción de la ley.
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