Miguel “Miguelón” Figueroa (40 años) y su ex pareja, Marcela Noemí Díaz (42), fueron condenados a ocho años de prisión y a dos años de prisión de ejecución condicional, respectivamente, por haber amenazado mediante un audio de WhatsApp al gobernador Osvaldo Jaldo, al juez Gonzalo Ortega y a los fiscales Ignacio López Bustos, Carlos Sale y Pedro Gallo.
El caso salió a la luz en marzo, luego de que se difundiera un mensaje intimidatorio de voz en el cual Figueroa, desde el penal de Marcos Paz (Buenos Aires) y con ayuda de Díaz. En la grabación, amenazó con hacerle algo a los hijos del gobernador y de los funcionarios judiciales.
La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, que dirige Carlos Picón, se hizo cargo de la investigación. Según la hipótesis fiscal, Figueroa, quien ha sido señalado de ser narco y fue condenado por tres homicidios, habría elegido a Jaldo por considerarlo responsable de las dos condenas a perpetua que había recibido; a los fiscales Sale y López Bustos por mantener la acusación en su contra; a Gallo por no actuar rápidamente en un trámite; y al juez Ortega por no permitirle el traslado desde la cárcel de Marcos Paz a Tucumán para que pudiera participar del sepelio de su hijo.
El pasado 4 de abril, Picón y el auxiliar de fiscal, Gustavo Benjamín Zavalía, formularon cargos en contra de Díaz y Figueroa por amenazas coactivas. En una audiencia realizada hoy al mediodía, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) reformularon la acusación de la mujer y la imputaron como partícipe necesaria del delito de amenaza simple.
Según explicó el fiscal, a raíz de nueva evidencia aportada por su defensor Víctor Padilla, consideraron que ella solamente grabó el audio siguiendo las instrucciones de Figueroa, sin saber que sería utilizado por su ex pareja con fines coactivos. “Díaz, admitió colaborar, sin embargo, su comprensión del hecho fue de forma limitada, porque reconoció que sabía que el mensaje era amenazante, pero no tenía conocimiento ni voluntad de participar en un hecho más gravoso”, sostuvo Picón.
Juicio abreviado
Zavalía presentó un acuerdo de juicio abreviado, al que arribaron junto con Padilla y el defensor oficial, Hernán Molina, en representación de Figueroa. El mismo consistía en que “Miguelón” recibiera la pena de ocho años de prisión efectiva por ser autor del delito de amenazas coactivas agravadas y Díaz fuera sometida a dos años de prisión de ejecución condicional, más el cumplimiento de reglas de conductas por ser considerada partícipe necesaria del delito de amenazas.
Al ser consultado por el juez Augusto José Paz Almonacid, Figueroa reconoció su responsabilidad penal y pidió disculpas a las víctimas. “Quiero pedirles disculpas a ellos, a sus hijos y a sus familias, sepan entender lo que me ha pasado. Me responsabilizo por lo que hice. Se haya malinterpretado, o no, me hago cargo de lo que dije. Acepto todo sobre la investigación que hicieron los doctores Picón y Zavalía y les doy las gracias por no haberme dado una condena más alta. Pido perdón por todos los insultos que dije”, manifestó.
Díaz también admitió su culpabilidad, pero prefirió abstenerse de hacer alguna declaración al respecto. Luego de un cuarto intermedio el magistrado resolvió homologar el convenio de juicio abreviado, condenar a Miguelón a ocho años de prisión y dispuso que Díaz recupere la libertad para cumplir la sentencia condicional.