Los fiscales de la provincia deberán realizar investigaciones patrimoniales en los casos de delitos que involucren situaciones económicas, según una resolución que firmó su jefe, el titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez hace pocos días. Según la nota de la que se hicieron eco todos los investigadores, el objetivo principal es despojar a los delincuentes de los beneficios obtenidos ilegalmente, lo que se considera una herramienta crucial de la política criminal.
La resolución se basa en el artículo 23 del Código Penal, que establece el decomiso de los bienes que sirvieron para cometer un delito o que son producto del mismo, a favor del Estado. El documento enfatiza que el decomiso no es un simple complemento de la sentencia, sino una estrategia para neutralizar el poder económico del infractor y desmantelar estructuras criminales.
La directiva exhorta a los fiscales a ir más allá de la simple identificación de los autores del delito y a investigar también el patrimonio involucrado. “Este enfoque no solo busca una persecución penal más eficiente, sino que también se alinea con los compromisos internacionales de Argentina en la recuperación de activos”, dijo Jiménez. El texto destaca que la recuperación de activos ilícitos y su posterior asignación a programas sociales, de asistencia a víctimas o de fortalecimiento institucional, es una forma de reparar el daño causado a la sociedad.
La resolución establece varias instrucciones claras para los fiscales:
° Investigación patrimonial sistemática: Deben incorporar de forma sistemática un enfoque patrimonial en las investigaciones con relevancia económica, buscando la detección, aseguramiento y decomiso de bienes.
° Medidas cautelares desde el inicio: Se deben promover medidas cautelares en las primeras etapas del proceso para evitar que los bienes sean ocultados o dispersados, asegurando su disponibilidad para un posible decomiso.
° Investigaciones concurrentes: Se instruye a los fiscales a realizar investigaciones patrimoniales y financieras de manera simultánea a la investigación del hecho principal. Esto incluye el análisis de vínculos económicos, relaciones contractuales y estructuras societarias para identificar activos ilícitos.
° Impulso de nuevas líneas de investigación: Si el análisis patrimonial revela indicios de otros delitos o de vínculos con organizaciones criminales más grandes, las unidades fiscales deben impulsar nuevas líneas de investigación.
La resolución, que fue refrendada por el secretario judicial, Santiago Valle Bazzi, “busca consolidar una estrategia proactiva para la neutralización patrimonial y la restauración colectiva, protegiendo los bienes jurídicos y reparando el tejido social afectado por el delito”.