La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que iniciará acciones judiciales contra el Gobierno nacional, luego de que este suspendiera la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, pese a haberla promulgado. A través de una resolución del Consejo Superior, la casa de estudios exigió el cumplimiento efectivo de la norma y advirtió sobre las consecuencias de la falta de financiamiento en el sistema universitario.

El conflicto se desató tras la publicación del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) promulgó la Ley 27.795, pero al mismo tiempo dispuso suspender su implementación hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento. El gobierno de Javier Milei argumentó esta decisión en el artículo 5° de la Ley 24.629, que condiciona la ejecución de normas con impacto presupuestario a la existencia de partidas específicas.

La UBA, sin embargo, cuestionó con dureza esta maniobra. En su resolución, el Consejo Superior señaló que el decreto "altera el sistema republicano de frenos y contrapesos" previsto en la Constitución y “quebranta la voluntad soberana del Congreso”. Según afirmaron, la medida vulnera derechos constitucionales al impedir el acceso a los fondos destinados al funcionamiento del sistema universitario y a la recomposición salarial del personal.

La Ley 27.795 establece un esquema de financiamiento para las universidades públicas, contempla recursos para becas, infraestructura, tecnología e investigación, y prevé aumentos salariales atados a la inflación. Su no ejecución, advierte la UBA, profundiza una crisis presupuestaria que ya venía afectando severamente a la institución.

“La prórroga del Presupuesto 2023 quedó desfasada frente al avance inflacionario, y durante 2024 los trabajadores docentes y nodocentes perdieron más del 40% de su poder adquisitivo”, denunciaron las autoridades. También indicaron que durante 2025 la recomposición salarial fue muy inferior al índice oficial de inflación, lo que agravó aún más la situación, consignó el diario "Ámbito".

En este contexto, la Universidad sostuvo que la aplicación de la ley es clave para garantizar el sostenimiento del sistema universitario, y que su suspensión representa un "ataque directo" a uno de los pilares de la vida pública argentina. “La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”, concluyó el Consejo Superior.