El proyecto de Presupuesto 2026 que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso semanas antes de las elecciones revela un escenario complejo para la educación, en donde la función “Educación y Cultura” representará apenas el 0,75% del PBI, el nivel más bajo en una década.

De acuerdo con el informe “Presupuesto educativo nacional 2026”, de la organización Argentinos por la Educación, elaborado por Javier Curcio (FCE/UBA, IIEP - UBA CONICET), María Sol Alzú y Martín Nistal, entre los cambios más relevantes, el Ejecutivo propone derogar el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional, que establece la obligación de destinar al menos el 6% del PBI al sector. También prevé una reducción progresiva en ciencia y tecnología —cuyo máximo previsto sería de 1% del PBI— y una disminución en el Fondo Nacional para Escuelas de Educación Técnico Profesional, según publicó el diario Ámbito.com.ar.

El estudio advierte que el financiamiento nacional constituye alrededor del 25% del gasto total educativo, mientras que el resto depende de las provincias. Desde 2015, cuando se alcanzó un pico de 1,59% del PBI, la inversión educativa ha tenido una caída constante. El gasto real pasó de $12,9 billones a $6,2 billones en 2025, y el Gobierno proyecta una leve recuperación del 8% para 2026, en un contexto general de ajuste fiscal.

¿Qué dice el proyecto de Presupuesto 2026 sobre los fondos para la Educación?

Dentro del nuevo esquema, la Secretaría de Educación prevé un incremento nominal del 17,9%, que equivale a una suba real de apenas 3,6%, según la inflación estimada del propio Presupuesto. Su participación dentro de la función “Educación y Cultura” también caerá, del 85% al 81,7%.

En la presentación del proyecto, Milei anticipó que el gasto social crecerá el próximo año un 5% en jubilaciones, 17% en salud y 8% en educación. Además, destacó una ampliación presupuestaria para universidades, que alcanzará los $4,8 billones.

No obstante, de aprobarse el texto oficial, la educación quedará sin un piso legal de inversión. Desde 2015 —cuando el gasto educativo representaba el 1,59% del PBI—, el financiamiento se redujo al 0,8% en 2024 y cerraría en 0,82% este año.

“La programación presupuestaria realizada por el Ejecutivo para 2026 sugiere el inicio de una posible reversión del profundo ajuste que caracterizó al sector educativo durante los últimos años”, señaló Javier Curcio. Y agregó: “Es imprescindible recuperar el consenso político y social en torno a la asignación prioritaria y estable de recursos para la educación con la legitimidad que otorga la aprobación parlamentaria”.

En el reparto global del gasto, la función “Educación y Cultura” representará apenas el 5,3% del Presupuesto 2026, muy por detrás de Seguridad Social (57%) y Deuda Pública (8,5%). En diez años, el área educativa perdió casi la mitad de su peso dentro del gasto total del Estado.

El Gobierno defiende el nuevo enfoque como una búsqueda de “eficiencia estructural del sistema”, aunque el redireccionamiento genera preocupación por la falta de una política pedagógica sólida.

El Plan Nacional de Alfabetización, prioridad del nuevo esquema

Uno de los pocos programas con aumento significativo es el Plan Nacional de Alfabetización (PNA), lanzado en 2024. Su presupuesto crecerá 78,9% en términos nominales —más del 50% real—, impulsado por la universalización de la jornada extendida, que absorberá el 82% de los fondos. A cambio, se reducen las “acciones complementarias” (-96,9%) y la formación docente en alfabetización (-25,2%).

El economista y docente Jorge Lo Cascio advirtió que “la caída muy fuerte de la inversión en infraestructura y equipamiento (-63% en términos nominales) profundiza las desigualdades educativas y potencia las escasas posibilidades de lograr una alfabetización digital acorde con los umbrales de ciudadanía del siglo XXI”.

Universidades: el principal destino de los fondos

Las universidades nacionales concentran la mayor parte del financiamiento educativo. El programa de “Desarrollo de la Educación Superior” representa el 77% del total, seguido por el PNA (9,2%) y el de “Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes” (5,8%).

Para Juan Doberti, doctor en Ciencias Económicas y docente de la UBA, el proyecto “pone en relieve la consolidación del desfinanciamiento educativo que se dio en 2024 y 2025”. Según explicó, “el Estado restringe su rol a un magro sustento económico de las universidades nacionales y deserta del sostenimiento de la mayoría de los programas para la educación básica en aspectos tales como la infraestructura y el equipamiento escolar, la formación docente, la innovación tecnológica o la provisión de computadoras”.

Aunque algunos programas de educación obligatoria y superior no universitaria muestran un crecimiento del 50% nominal, el gasto universitario —que concentra tres cuartas partes del presupuesto educativo— apenas subirá 0,8% real y podría caer si la inflación supera la previsión oficial. Entre los recortes más marcados figuran infraestructura (-62,9%), formación tecnológica (-49,6%) y la desaparición del programa “Conectar Igualdad” del Presupuesto 2026.