El Gobierno nacional ya define el rumbo que tomará el PAMI en 2026. A pesar de que la obra social más grande del país seguirá arrojando déficit, las autoridades confían en que la recuperación económica prevista para el año próximo alivie parte de su situación financiera. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que atiende a casi cinco millones de afiliados, continuará aplicando políticas de contención del gasto, con eje en los medicamentos y en la revisión de precios en las principales licitaciones.

Desde la Casa Rosada reconocen que las reformas estructurales que impulsa el Gobierno libertario tendrán un efecto progresivo y que el sector previsional no escapa a esa lógica. “Para poder hacer una reforma de ese estilo, no te dan los tiempos del mercado laboral para llegar al 2026”, admiten en el entorno presidencial, según publica Infobae. Con optimismo, estiman que una modificación de fondo podría concretarse recién en 2027, aunque por el panorama electoral podría impulsarse en el inicio de un eventual segundo mandato.

En ese contexto, el PAMI sigue dependiendo de transferencias del Tesoro para compensar su déficit, que hasta el año pasado se estimaba en un 22% y cuya cifra actual se mantiene en reserva. “Estamos haciendo el máximo esfuerzo para ser autosustentables sin perder prestaciones”, señalan desde su conducción.

Los técnicos del organismo explican que la menor actividad económica registrada este año, los problemas demográficos estructurales y la política fiscal restrictiva del Gobierno incidieron en el resultado. Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), entre enero y septiembre la Seguridad Social fue deficitaria en 4,5 billones de pesos, mientras que en igual período de 2024 no había registrado pérdidas.

Medicamentos, licitaciones y ahorro

Para 2026, el 80% del presupuesto del PAMI seguirá destinado a prestaciones médicas y medicamentos. El año pasado, la institución redujo la lista de fármacos con cobertura automática del 100%, entre los que figuraban antibióticos, corticoides, antipsicóticos y analgésicos, medida que continuará sin cambios.

La prioridad será mejorar los precios de las licitaciones. “Con la economía más estabilizada, se podrían conseguir mejores precios”, sostienen las autoridades. Los rubros más costosos para la obra social son la compra de medicamentos, los insumos de hemodinamia y la distribución de pañales para adultos mayores.

A mediados de año, el PAMI fue noticia por la modificación del sistema de provisión de pañales, que generó malestar en el sector logístico por cambios en las condiciones de licitación. Ahora, los productos se entregan directamente en los domicilios de los afiliados, en lugar de ser retirados en farmacias. El Gobierno defiende el esquema como un “subsidio a la demanda y no a la oferta”, y estima que logrará un ahorro de $5.000 millones hacia fin de año gracias a una mayor trazabilidad y al nuevo tipo de pañales distribuidos.

Sin embargo, prestadores y hospitales asociados continúan reclamando por la falta de fondos. En el Hospital Español, que es gestionado junto al PAMI, se denunciaron faltantes de insumos básicos como corta yesos, una situación que se repite -con variantes- en otros establecimientos vinculados al organismo.

Tensiones políticas y control del gasto

El PAMI, con más de 600 agencias de atención y 38 Unidades de Gestión Local (UGL) en todo el país, tiene además un fuerte componente político. Históricamente, sus delegaciones fueron ocupadas por referentes partidarios o punteros locales. Esa práctica motivó un enfrentamiento interno entre el círculo del asesor presidencial Santiago Caputo y el sector liderado por Eduardo “Lule” Menem, encargado del armado político nacional.

La disputa se hizo pública en redes y medios, y derivó en un comunicado oficial titulado: “Las delegaciones de PAMI no serán más una caja negra al servicio de la política”.

Nuevas gestiones y posibles transferencias

En el plano de los anuncios, el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, firmó junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, la transferencia del Hospital De la Baxada de Paraná a la administración provincial. Aunque no hay definiciones concretas, hay interés en repetir el modelo con el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, en línea con sondeos previos sobre los hospitales SAMIC que dependen de Nación.

Con este conjunto de medidas -entre ajustes, digitalización y control político- el Gobierno busca que el PAMI ingrese en una nueva etapa: menos gasto discrecional, más eficiencia y un esquema financiero aún bajo asistencia estatal, a la espera de que 2026 marque el inicio de una recuperación más sólida.