Andhes y la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) solicitaron la intervención urgente de la Relatora Especial de Naciones Unidas para garantizar el derecho a la libertad de prensa en Tucumán, tras considerar que en la provincia se produjo un caso de censura judicial previa. El pedido surge luego de la medida cautelar emitida el 4 de noviembre por el juez subrogante Lucas Taboada, quien ordenó a CCC (Compañía de Circuito Cerrado), a sus periodistas y productores, cesar la difusión de cualquier contenido que “injurie, desacredite o distorsione” la actuación de fiscales y magistrados.
“Presentamos junto a la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) una solicitud ante la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas, Irene Khan, a fin de requerir el otorgamiento de un llamamiento urgente al Estado argentino frente a un grave hecho de censura judicial ocurrido en la provincia de Tucumán”, comunicaron desde Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).
VIDEO. Burlando se matriculó en Tucumán para litigar en un caso de censura: "Es un retroceso que pone en riesgo a toda la sociedad"Florencia Vallino, directora ejecutiva de Andhes, expresó que la censura “nunca puede ser una respuesta legítima en democracia”. “El periodismo libre y crítico cumple una función esencial para la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando se lo persigue o se lo calla, lo que está en riesgo no es solo la libertad de prensa, sino el propio tejido democrático”, afirmó. A su vez, Diego del Jesús Tomas, secretario gremial de la APT, comentó que “desde el gremio de trabajadores y trabajadoras de prensa sostenemos que vulnerar derechos esenciales como la libertad de expresión y el acceso a la información -entendidos como bienes sociales y derechos humanos- socava las bases mismas de un sistema democrático y republicano”.
Principios republicanos
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también se sumó a los cuestionamientos. A través de un comunicado, recordó artículos de la Constitución Nacional y exhortó a las autoridades a “promover los procesos de responsabilidad institucional que correspondan frente a semejante apartamiento de los principios republicanos y constitucionales”. El organismo afirmó: “Una decisión de esa naturaleza resulta por completo incompatible con los principios esenciales de una República democrática. Sin derecho de crítica el sistema de gobierno no puede pretender ser republicano ni democrático”. También advirtió que la libertad de expresión “no admite restricciones preventivas”.
La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”Finalmente, señalaron: “Resulta particularmente grave que un magistrado disponga una prohibición genérica de difundir información u opiniones sobre toda una rama del gobierno, en abierta contradicción con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.