La pregunta que se formulan en distintos sectores del oficialismo es cómo puede ser que estallen tantos conflictos después de unas elecciones en las que se impusieron con claridad. “Ni antes del 26 (de octubre) hubo tanta interna como ahora”, reflexionaron no uno, sino varios dirigentes con casi exactamente la misma frase. Los que la pronuncian son hasta aquí espectadores de peleas intestinas que por ahora observan con el pote de pochoclo entre las manos. Saben, sin embargo, que podría terminar golpeándolos.

“Existe una enemistad manifiesta”. El interventor de la Caja Popular de Ahorros, José Díaz, utilizó ayer esas palabras para explicar por qué el Tribunal de Cuentas apunta contra el organismo que dirige. Dijo que eso comenzó cuando la institución financiera sumarió a un familiar directo de Miguel Chaibén Terraf, presidente del TC, y que a partir de ello se iniciaron unos 60 o 70 sumarios. Más allá de las imputaciones del organismo de control contra la Caja y de las especificaciones y respuestas sobre cada una de ellas que dio Díaz, la cuestión de fondo radica en el comienzo de este párrafo. Porque, lamentablemente, dejó de ser importante si alguien cometió un ilícito o si se incurrió en abuso de autoridad: lo que prevalece son las cuestiones personales por encima de las institucionales.

Otro de los pleitos es el que involucra al Ministerio Público Fiscal y a los protagonistas del denominado “Caso Vélez”, donde se acusa a ex jugadores del equipo de fútbol de violación en manada. La denunciante es del gremio de los bancarios y el hombre fuerte de ese sindicato, Carlos Cisneros, es celoso custodio de las causas que involucran a sus afiliados.

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En ambos conflictos aparece, en el fondo de sendas cuestiones, el nombre del diputado. Los que “comen pochoclos”, los que pleitean en Tribunales, los que pasillan en la Legislatura y los que conversan en la Casa de Gobierno comentan que los dardos tribunalicios quieren dañarlo a él. Lo cierto es que en el medio se utilizan instituciones, recursos y personal público, y se daña a terceros con decisiones que responden, como dijo Díaz, a “enemistades manifiestas”.

¿De espectador a árbitro?

El propio gobernador, Osvaldo Jaldo, habría deslizado entre sus cercanos que tiene la misma sensación y que se gestan en distintos ámbitos del poder algunas peleas que se volvieron personales. El mandatario habría tomado la decisión de no involucrarse ni tomar partido en ninguna de ellas, pero teme que alguna se nacionalice. De ser así, se vería forzado a dejar el rol de espectador y debería devenir, mínimamente, en árbitro.

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En rigor de verdad, el gobernador no tendría nada que ver con esos conflictos ni habría fogoneado ni apagado ninguno. Aunque también es cierto que la cosa se podría volver “cuestión de Estado” desde el momento en que se involucró a organismos públicos en disputas personales. Es una historia con final abierto...

¿Cambios operativos o políticos?

En San Miguel de Tucumán también se libran rencillas devenidas de las elecciones. La intendenta fue foco del enojo de un sector del oficialismo provincial y las susceptibilidades quedaron a flor de piel. Se relacionaron con ello los problemas con los empresarios del transporte público de pasajeros y con un sector del gremio municipal. También algunos cambios que ejecutó el Ejecutivo municipal en segundas y terceras líneas de su organigrama.

Las salidas de Roberto Chustek, ex fiscal Ambiental; de Gustavo Toledo, ex director de Deportes, y de José Chaila, ex coordinador de Espacios Verdes, fueron interpretadas como parte de esos “enojos”. En la Municipalidad de San Miguel de Tucumán informaron, de manera oficial, que los mencionados dejaron la estructura municipal “luego de evaluar que no se habían alcanzado las metas esperadas y los objetivos propuestos”. En pocas palabras, según el municipio, trabajaban poco y/o mal. Sin embargo, algunos dirigentes peronistas de la capital interpretaron otra cosa. Chustek es un hombre de estrecho vínculo con Gerónimo Vargas Aignasse y había llegado al cargo de la mano del legislador. En ese sector se interpreta que Chustek fue apartado del cargo como una suerte de “venganza” por dichos de Vargas Aignasse contra el entorno de Rossana Chahla. Algo similar interpretaron ante otros cambios, con nombres vinculados a otro parlamentario de la capital: Mario Leito. En el municipio insisten en que los movimientos de piezas fueron meramente operativos. Pero como todo tiene que ver con todo, gana la desconfianza.

Es probable que en el Boletín Oficial municipal de hoy aparezca al menos un nombramiento para cubrir alguno de esos espacios vacíos. Y también que surjan más nombres apartados de otros cargos. Es posible que ocupen algunos asientos en el Ejecutivo de la capital personas cercanas a otros dirigentes que no venían teniendo lugar ni que tampoco fueron “cobijados” por la Provincia.

Por lo pronto, las disputas y los reacomodamientos se siguen desarrollando en las catacumbas del poder, con indirectas, con gestos y con mensajes que a veces tienen destinatarios bien identificados. Y otras no.