Un episodio disciplinario en una institución educativa de la Capital encendió una discusión que parece interminable. ¿Tiene sentido prohibir el celular en las aulas? ¿O es una herramienta inevitable que necesita reglas claras? Ante estos enigmas, la psicopedagoga Natalia Jiménez Terán, dialogó con LG PLAY y advirtió que el problema está lejos de resolverse, principalmente porque el sistema educativo todavía no logró un acuerdo básico sobre qué lugar ocupa el dispositivo en la vida escolar.

“Estamos frente a una problemática irresuelta”, sintetizó. Y agregó: “El Ministerio de Educación tiene una orientación general sobre ciudadanía digital responsable, pero a partir de ahí cada escuela queda librada a decidir su propio reglamento. Eso genera disparidad, confusión y tensiones”.

Lecciones de otros

El caso tucumano se enmarca en un escenario nacional donde distintas provincias ya ensayaron modelos con resultados poco alentadores. Jiménez Terán cita el ejemplo de Córdoba, que impulsó hace algunos años una experiencia piloto para habilitar el uso pedagógico del celular. La iniciativa terminó dando marcha atrás.

“Falló porque los chicos entraban a otras aplicaciones y se distraían. No se pudo manejar esa situación”, comentó. Lo que parecía una herramienta potencialmente educativa terminó convirtiéndose en una fuente de dispersión constante. Para la especialista, no es un detalle menor. “El punto clave de la institución es el aprendizaje. Si eso se ve afectado, no hay beneficio que lo compense”, dijo.

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Además de las distracciones, aparecieron otros factores de riesgo como el ingreso no deseado de personas externas a la escuela a través del dispositivo y la utilización del teléfono como facilitador de situaciones de bullying. “Los videos grabados en el aula que después se suben a redes generan disrupciones internas difíciles de reparar”, señaló.

Familias ausentes

Detrás de la discusión sobre prohibir o permitir los celulares se esconde una tensión mayor que se produce entre las instituciones educativas y las familias. Ante la consulta de si los padres participan cuando son convocados para acordar normas de convivencia, Jiménez Terán es categórica: “No son muchos los que responden al llamado”.

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La psicopedagoga consideró que hay una desconexión evidente entre lo que sucede en casa y lo que se espera en la escuela. “Como familia se nos está haciendo difícil el manejo del uso del celular en los hogares. Imagínense entonces dentro de una institución educativa”, sostuvo. Para la profesional, el punto de quiebre es claro ya que antes de ser alumno, el niño es hijo. Y si ese niño llega a la escuela sin hábitos básicos -reglas, límites, criterio de uso-, el trabajo dentro del aula se vuelve cuesta arriba.

“Estamos lejos del trabajo ideal entre familia y escuela”, reflexionó.

Un arma de doble filo

Jiménez Terán reconoció que el celular tiene beneficios; pero hoy, en el contexto actual, puntualizó que termina siendo más peligroso que útil dentro del ámbito escolar. Y no por su naturaleza tecnológica, sino por la falta de preparación y de políticas uniformes.

“No se trata de prohibir ni de negar los grandes beneficios del dispositivo o de la inteligencia artificial, que los chicos usan cada vez más”- aclaró- “Pero para que el celular pueda convertirse en un recurso pedagógico necesitamos un paso previo: acuerdos claros”.

Esos acuerdos, dice, deben incluir a docentes formados, directivos capacitados, estudiantes comprometidos y padres informados. Nada de eso está ocurriendo hoy de manera sistemática. “Estamos lejos de todo esto. Las normas están para cumplirse, pero ahora todo está indefinido. Hay colegios que lo permiten y otros que no. Hace falta ordenar”, insistió.

El caso del colegio Guillermina no es solo un conflicto puntual sino que funciona como recordatorio de que el sistema educativo enfrenta una transformación que aún no logra procesar. Mientras tanto, cada sanción, cada video viralizado y cada discusión escolar vuelven al cuestionamiento que nadie logró responder del todo: ¿qué lugar ocupa el celular en la escuela?