A casi dos décadas de un crimen que sacudió los cimientos del poder político y judicial en Tucumán, la causa por el crimen de Paulina Lebbos se encamina hacia una instancia decisiva. En marzo de 2025, y tras 21 años de proceso, en el banquillo de los acusados se sentarán finalmente el ex novio de la joven asesinada en febrero de 2006, César Soto, y Sergio Kaleñuk, señalados como los responsables directos del homicidio, el primero, y la desaparición del cuerpo de la joven estudiante, en el caso del segundo, a quien se le achaca el delito de encubrimiento. Este juicio oral representa el último eslabón de una larga cadena de procesos, donde se investigaron encubrimientos tras el crimen, y que ya provocó condenas a funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la cúpula policial de esa época, y de uno de los fiscales que instruyó la causa.
La acusación que pesa sobre los imputados, realizada por el fiscal Carlos Sale, describe una mecánica de extrema violencia. Según el requerimiento, el domingo 26 de febrero de 2006, entre las 6:30 y las 7:00, Paulina ingresó al domicilio de calle Estados Unidos 1250, propiedad de su entonces pareja Soto. Allí, tras una discusión por motivos desconocidos, Soto habría aprovechado su preeminencia física para tomarla del cuello y estrangularla hasta causarle la muerte por asfixia, actuando con la clara intención de quitarle la vida. Paulina había estado con un grupo de amigos en un bar de El Abasto y luego, en un remise, se había dirigido a la casa de Soto. Pero nadie la vio llegar y estuvo desaparecida varios días hasta que se encontró su cuerpo a la vera de la ruta 341, en la zona de Tapia.
Justamente, según los investigadores, el horror no terminó con el deceso de la joven estudiante, sino que dio paso a un operativo de descarte. La justicia sostiene que Soto solicitó ayuda inmediata a Sergio Kaleñuk, un hombre vinculado al club Atlético Tucumán, de donde aparentemente se conocían y con fuertes nexos con el poder político de la época, sobre todo teniendo en cuenta que su padre Alberto era secretario privado del entonces gobernador, el hoy condenado José Alperovich. Sale indicó que Soto y Sergio Kaleñuk habrían trasladado el cadáver hasta la zona de Tapia, depositándolo en el kilómetro 2.8 de la Ruta 341, donde permaneció oculto hasta ser hallado por casualidad el 11 de marzo por dos hermanos de apellido Goitea.
Para garantizar la impunidad, el plan incluyó la creación de coartadas y la eliminación de pruebas. Mientras el cuerpo yacía a la intemperie, Sergio Kaleñuk se habría dirigido al club Central Córdoba para simular su presencia en la venta de entradas de un partido de fútbol. En ese trayecto, según la imputación, mantuvo comunicaciones constantes con el subjefe de policía de aquel entonces, Nicolás Barrera, y con su padre, Alberto Kaleñuk. Finalmente, se habría deshecho del celular de la víctima para borrar cualquier rastro de su accionar criminal.
Este juicio llega precedido por sentencias históricas que revelaron cómo el Estado tucumano trabajó para proteger a los asesinos. En 2019, la Sala III de la Cámara Penal condenó a penas de entre 5 y 6 años de prisión al exsecretario de Seguridad, Eduardo Di Lella; al ex jefe de Policía, Hugo Sánchez; al ex subjefe Barrera y al ex jefe de la Unidad Regional Norte, Rubén Brito. Todos fueron hallados culpables de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y falsificación ideológica.
El escándalo de la causa Lebbos también alcanzó al Poder Judicial. En 2021, el ex fiscal Carlos Albaca fue condenado a seis años de prisión por su rol en el encubrimiento durante los siete años que tuvo la investigación a su cargo. La justicia determinó que Albaca desvió pistas clave, permitió que se perdieran muestras de ADN y omitió realizar peritajes esenciales sobre los sospechosos vinculados al poder, consolidando una red de protección que retrasó la verdad durante casi veinte años. Además hay numerosos procesos pendientes ya que la Justicia ordenó que se investigara por falso testimonio a más de 30 personas y, según Alberto Lebbos, el padre de Paulina, esas causas están paralizadas.
La inminente cita de marzo genera gran expectativa. Tras años de lucha de Alberto Lebbos, el proceso contra Soto y Kaleñuk busca cerrar la herida abierta por el homicidio de Paulina. Por primera vez, el tribunal juzgará no a quienes ayudaron a ocultar el delito, sino a quien, según la fiscalía, ejecutó el crimen y a quien sería el principal encubridor, y que, según determinó la Justicia, se valieron de sus contactos para intentar quedar impunes en una de los casos más resonantes de la historia de Tucumán. Se espera que a lo largo de los dos meses pasen más de 100 testigos ante los jueces Fabián Fradejas, Luis Morales Lezica y Gustavo Romagnoli, miembros de la sala III de la Cámara Conclusional.