¿Tucumán es seguro o inseguro? La tranquilidad con que se aprestaba a cerrar el año el Gobierno provincial se vio resquebrajada con la escalada violenta de un diciembre con 12 homicidios (el número no está claro porque no hay muchas precisiones en las informaciones) y una previa navideña de agresiones y tragedias en la periferia. No parece que eso tenga algún impacto en el ánimo social. En su mensaje de fin  de año ante su equipo, el gobernador Osvaldo Jaldo valoró que “con decisión política y unidad, Tucumán cierra 2025 con orden y paz”.

Estrategias en la cara A

El mandatario tiene argumentos para sostener su concepto de orden y paz. Esa es la cada A de la seguridad. Un descenso sostenido de la cifra de homicidios en los últimos cuatro años que ha llevado a que haya un 40% menos que en 2024 y que los delitos se hayan reducido en un 30% según las estadísticas que lleva adelante la administración. “Tenemos los índices más bajos de los últimos 25 años”, dijo con énfasis el mandatario.

Pragmático, decidido, consecuente, no se le cayó la cara cuando tenía las comisarías atiborradas de presos y dijo que prefería tener un delincuente hacinado antes que en la calle y cuando estuvo listo el presidio de Benjamín Paz lo llenó con toda la gente que la policía detuvo. Y sigue deteniendo. Para ello lo apoya la Justicia con el nuevo Código Procesal Penal, que resulta rápido para resolver los delitos de menor cuantía porque apenas se produce un hecho se decide la situación de las personas aprehendidas y normalmente se les da prisiones preventivas mientras se van investigando las causas. Desde hace dos años se explica que este método ha permitido evitar las agresiones posteriores que se producían ante hechos que no tenían respuesta judicial. Ahora casi no se habla de “puerta giratoria”.

Al mismo tiempo la sobredimensionada policía -hay 13.400 efectivos, como nunca hubo- se reparte por las cuadras céntricas y en muchos barrios con casillas, algunas de ellas equipadas con botones antipánico. A eso se añaden las guardias municipales que en el Gran San Miguel han adquirido discreto protagonismo en lo atinente a la seguridad, apoyadas además con la constante inversión en cámaras de vigilancia. Y se agregan las agencias de seguridad privada. ¿Cuánta gente hay por día protegiendo a los tucumanos? ¿Unos 10.000 en toda la provincia?  

“Aprendiz de brujo”

Por otra parte están dos temas de seguridad  sustanciales en la administración de Jaldo: la lucha contra el narcomenudeo -en la que la policía provincial actúa a como dé lugar, aunque se lleve por delante derechos de quienes cultivan cannabis medicinal- y el Operativo Lapacho, con el que se baten récords de decomiso de sustancias ilegales y de contrabando. Y se llevan aplausos. Como el aprendiz de brujo, a medida que van pasando la escoba van apareciendo más escobas y la inundación de productos ilegales y de drogas crece.

Todo esto es la cara A de la seguridad y ha marcado un cambio en la percepción ciudadana sobre la acción policial. Por eso, aunque han saltado con mucha frecuencia casos de corrupción que involucraron incluso a altos comisarios, no han surgido protestas ni reclamos y hasta el mismo jefe de Policía, que se ha ido de boca en más de una ocasión a la hora de justificar la mano dura, ha seguido en su puesto.

Navidad violenta en la cara B

Pero los 12 homicidios en lo que va de diciembre han hecho surgir la otra cara de la seguridad. Esa que se ve en la periferia, donde hay una realidad paralela, vista en el abandono del Estado a esos sectores, en la falta de servicios y de garantías, donde la vida es más difícil, ya sea para trasladarse, para hacer compras o para pedir curaciones. Ahí, en la periferia, ha estallado la ola violenta. Delfín Gallo; Banda del Río Salí; San Pablo; barrio Toledo (o Bienestar) en San Cayetano o barrio 11 de Marzo. Peleas vecinales y familiares, ataques de desconocidos.

Se trata de situaciones violentas que explotan sin que las autoridades atinen a dar respuestas. Las explicaciones oficiales se enmarcan en que en varios casos se trata de personas adictas con problemas y peleas territoriales por la venta de drogas. No sabemos el nivel de inserción del narcomenudeo; sí sabemos que el mismo secretario de Prevención de Adicciones dice que tiene recursos insuficientes frente a esta otra emergencia por las drogas  y otros consumos. Además, los mismos funcionarios de seguridad están sorprendidos porque a más operativos más droga circula. Aunque dicen que trabajan mucho, algo no se está haciendo bien. O se incrementa la cantidad de efectivos -¿hasta el infinito?- o se encara otras estrategias. Nadie habla con propiedad de la cifra negra del tráfico de droga, es decir la estimación de lo que circula y no se decomisa. Por ahora los operativos que se hacen satisfacen la inquietud pública aunque la sociedad esté llena de droga. El discurso es que hay tráfico pero se lo combate.

Lo que no se dice es si se puede avizorar una sociedad más calmada, recuperada de esta emergencia. Para los barrios de la periferia, se aplican los “trencitos”, es decir los operativos con detenciones indiscriminadas. Se arrasa, por ejemplo, con 400 personas con cara de sospechosas, se revisa en pocas horas sus antecedentes y se las libera. Quedan cinco o 10 capturados. En la periferia de los “trencitos” ocurrieron los 12 homicidios.

Violencia de género

El otro estigma en la seguridad es la violencia de género, que no ha sido frenada, con la idea de que son cuestiones del tipo privado en las que no sabe cómo intervenir la fuerza pública. Pero hubo 11 femicidios en la provincia y no se ha dado abasto con las medidas de protección, que en muchos casos han sido ignoradas por las personas imputadas. Como fue el caso del doble homicidio de Delfín Gallo y Banda del Río Salí.

Sistema conclusional, la cara C

Por último, está la cara C de la seguridad, la “conclusional”, que es la que pone en tela de juicio el funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal. Hay 14.000 causas que han quedado sin resolver, de las cuales 3.398 corresponden a las consideradas de alta gravedad. 14.000 víctimas, o 14.000 delincuentes o victimarios sueltos. El caso emblemático es el de Paulina Lebbos, que desde hace 20 años sigue sin justicia. Este caso ha puesto patas para arriba el sistema judicial mañoso y burocrático y la Policía torcida. Hay personas que han estado en funciones que deberían estar siendo investigadas por pedido de los mismos jueces que resolvieron uno de los casos derivados de esta tragedia. Lo definió muy claro Alberto Lebbos, padre de Paulina, cuando remarcó que lo único que se hizo ahora fue prorrogar el sistema conclusional, mientras más de 14.000 familias siguen esperando justicia: “caminamos en medio de asesinos libres, violadores libres y corruptos libres porque el sistema ha fracasado brutalmente en dos derechos básicos: el derecho a la vida y el derecho a la verdad y a la justicia”, dijo.

Habría que ver en qué letra de la seguridad se encuentra viviendo la gente. Hay quienes están en la zona protegida del centro y de Yerba Buena y que tiene actividades que no salen de los recorridos de su propio hormiguero. Hay otros que van por el lado B que abarca la periferia; y hay quienes, atrapados por la red conclusional, esperan justicia desde hace 20 años.