La presión institucional sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entró en una etapa decisiva. En las últimas horas comenzó a correr el plazo formal que el Gobierno nacional le otorgó a la entidad para responder una serie de requerimientos contables, en el marco de una investigación administrativa que analiza posibles irregularidades en sus balances. El proceso es impulsado por la Inspección General de Justicia (IGJ) y fue revelado por una investigación del diario La Nación.

Según pudo reconstruir ese medio, la AFA tiene tiempo hasta el martes 20 de enero para presentar explicaciones formales sobre inconsistencias detectadas en sus estados contables correspondientes a siete ejercicios consecutivos. En caso de no cumplir con la intimación, o si las respuestas resultan insuficientes, el Gobierno evalúa avanzar con la designación de uno o más veedores dentro de la estructura de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

En paralelo, la IGJ decidió acelerar los tiempos y citó a declarar a los contadores que certificaron los balances de la AFA y de la Superliga entre 2017 y 2024. Las audiencias se realizarán el miércoles 14 y el jueves 15 de enero en la sede del organismo, ubicada sobre la avenida Paseo Colón. Allí, los profesionales deberán explicar qué procedimientos aplicaron para validar cifras millonarias y qué controles realizaron en materia de prevención de lavado de dinero.

De acuerdo a lo detallado en el informe, el primer citado será el auditor de los balances de la Superliga, Fernando Dubois, quien deberá dar explicaciones sobre los ejercicios comprendidos entre 2020 y 2024. Al día siguiente será el turno de los contadores de la AFA: Claudia Carraro, responsable del balance 2017; Umberto Mucelli, a cargo de los ejercicios 2018 a 2021; y Claudio Bisurgi, quien certificó los balances de 2022, 2023 y 2024.

Desde la IGJ explicaron que el foco de la investigación está puesto en cifras globales de gran magnitud que no cuentan con respaldo suficiente ni con un detalle claro sobre su origen y destino. El titular del organismo, Daniel Vítolo, sostuvo que, si la AFA no responde o si surgen nuevas inconsistencias tras las audiencias, se recomendará al Ministerio de Justicia la designación de una veeduría contable.

Vítolo aclaró que esa eventual medida no implicaría una intervención sobre la conducción ni el funcionamiento cotidiano de la AFA, sino una instancia informativa destinada a revisar libros, documentos y estados contables. “No se trata de intervenir el fútbol, sino de acceder a información que hasta ahora no fue suministrada”, explicó en declaraciones reproducidas por La Nación.

Se vienen 10 días cruciales para ver cómo se resolverá la situación

El escenario abre dos caminos posibles para la entidad. Uno, que la AFA no presente las respuestas requeridas dentro del plazo estipulado. El otro, que lo haga pero que la IGJ considere insuficientes o inconsistentes las explicaciones. En ambos casos, la posibilidad de una veeduría sigue sobre la mesa.

El 20 de enero aparece así como una fecha clave en un proceso que ya adquirió dimensión política, mediática y judicial, y que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino.