Paulina Lebbos (febrero de 2006), Cynthia Moreira (febrero de 2018), Ana Gabriela Picciuto (marzo de 2023) y Érika Antonella Álvarez (enero de 2026) fueron víctimas de crímenes en los que aparece una misma línea investigativa: el narcotráfico. Los tres primeros casos siguen impunes. El último, a diferencia de los anteriores, avanzó con rapidez y en apenas una semana se concretó la detención de un sospechoso. Sin embargo, en el ámbito judicial ninguna causa está cerrada hasta que exista una sentencia condenatoria o absolutoria firme.
“Al analizar la situación podemos decir que no se trataría de hechos aislados”, señaló una fuente del Ministerio Público. Los investigadores más experimentados reconocen que, en ocasiones, un indicio menor puede resultar clave para esclarecer los casos más complejos. Esos elementos también pueden servir para vincular causas que se encuentran en pleno trámite, una posibilidad que los pesquisas analizan por estas horas.
En los casos de Érika Álvarez y Paulina Lebbos surge una coincidencia relevante: Felipe Sosa, detenido por el crimen de Álvarez, sería sobrino de Eduardo Di Lella, uno de los condenados por el encubrimiento del asesinato de Paulina. Además, la localidad de El Cadillal aparece mencionada en ambos expedientes. Érika celebró allí su cumpleaños en una fiesta privada en la que habría habido consumo de drogas y sexo grupal. En la causa Lebbos también se investigó una reunión similar, conocida como “la fiesta del poder”, aunque nunca se reunieron pruebas que confirmaran que se la haya realizado.
A esto se suma que un testigo vinculó a un sospechoso del crimen de Álvarez con el asesinato de Picciuto, conocido como el crimen de Chacabuco 59. Existen otras similitudes entre los cuatro hechos, lo que no implica necesariamente que hayan sido cometidos por una misma persona, pero sí que podrían responder a un modus operandi violento al que recurrirían quienes buscan garantizar la impunidad en contextos ligados al tráfico o comercialización de drogas (se informa por separado).
“Quizás estuvieron en el lugar y en el momento equivocados o sabían cosas de las que no debían haberse enterado”, sostuvo Alberto Lebbos, padre de la estudiante universitaria. Lebbos recordó que, a lo largo de los años, se dictaron sentencias condenatorias en tres juicios, aunque todas estuvieron relacionadas con maniobras de encubrimiento y no con el esclarecimiento del crimen.
En el caso de Érika, los testimonios recogidos involucraron a tres personas: un tal “Deivid”, que ya declaró y entregó su teléfono celular para ser peritado; el detenido Sosa, quien podría tener vínculos con la comercialización de drogas; y un tercer individuo identificado como “Carlos”, un supuesto narco paraguayo o brasileño que habría elegido Tucumán para ocultarse, ya que era buscado por las autoridades de al menos dos países.
Un joven declaró ante la fiscala María del Carmen Reuter que ese hombre podría estar vinculado con vuelos narcos en la provincia. “Hay demasiados indicios como para que se inicie una causa paralela por tráfico de drogas”, sostuvo Carlos Garmendia, abogado de la familia Álvarez.
Historias repetidas
En febrero de 2006, Paulina Lebbos fue a bailar a un boliche ubicado en la zona de El Abasto. Al retirarse del lugar no volvió a ser vista con vida. Su cuerpo fue hallado días después en el camino a Raco. Durante el juicio apareció la figura de un narco que podría haber tenido vínculos con César Soto, ex pareja de la joven, y con Virginia Mercado, quienes habrían sido los últimos en verla con vida. Ambos estuvieron con ella en el local nocturno y, con Mercado, Paulina compartió el remise que, supuestamente, la trasladaría hasta el parque 9 de Julio para encontrarse luego con Soto.
“Después nos enteramos de que Soto no sólo tenía problemas de adicción, sino que Paulina iba a buscarlo a Villa 9 de Julio. También surgieron indicios de que estaba relacionado con personas vinculadas a la comercialización de drogas”, recordó Lebbos. “Esa línea, como tantas otras, nunca fue debidamente investigada. Y está claro que hubo maniobras para evitar que se supiera la verdad”, afirmó.
Mercado, oriunda de Aguaray -una localidad salteña por donde ingresa droga desde Bolivia-, se fue de la provincia alegando miedo por el asedio periodístico. Sin embargo, en el debate oral quedó acreditado que su temor respondía a otras razones que nunca explicó. En ese juicio, los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto ordenaron que fuera investigada por encubrimiento. Para el 12 de febrero está prevista una audiencia en la que podría cerrarse esa causa mediante un juicio abreviado.
Mercado aceptaría una condena condicional, aunque hasta el momento no habría explicado a quién ni por qué protegió. En diciembre pasado, Rodolfo Maruf, ex jefe del Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía, fue condenado a tres años de prisión condicional por encubrimiento. Según la sentencia, mintió sobre las filmaciones realizadas durante la investigación e intentó introducir una pista falsa al señalar que el remisero Juan Cruzado había trasladado a Lebbos hasta el parque 9 de Julio.
Tras tres juicios y al menos una salida alternativa, hubo 10 condenados en esta causa, todos por encubrimiento. Ninguno fue condenado por la desaparición y el posterior asesinato de Paulina. En el primer juicio fueron sentenciados el comisario Enrique García, Manuel Yapura y Roberto Lencina, efectivos de la comisaría de Raco, por las tareas irregulares realizadas durante el hallazgo del cuerpo.
En el segundo debate fueron condenados Waldino Rodríguez, Hugo Sánchez, Nicolás Barrera y Eduardo Di Lella. En el último juicio, el ex fiscal Carlos Albaca fue sentenciado por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
¿Quién pudo estar detrás de un crimen que contó con la protección de policías, funcionarios y un fiscal? Es una pregunta que lleva dos décadas sin respuesta. “Indudablemente hay alguien con mucho poder. Lo grave es que el delito continúa, porque los condenados ya cumplieron las penas, pero siguen sin decir qué pasó realmente con Paulina”, sostuvo Lebbos. En marzo, cuando comience el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk, surgirá una nueva oportunidad para acercarse a la verdad.
Las similitudes que surgen entre los cuatro casos: entre llamativas y macabras
“No hay crímenes perfectos, sino investigaciones imperfectas”, es una de las frases que repite una y otra vez Alberto Lebbos. Salvo el caso de Érika Antonella Álvarez, las causas por los crímenes de Paulina Lebbos, Cynthia Moreira y Ana Gabriela Picciuto estuvieron plagadas de demoras, complicaciones, errores -algunos forzados, otros no- y, además, cargadas de similitudes.
- Las cuatro víctimas habrían recibido castigos físicos antes de ser asesinadas, ya sea mediante un golpe en la cabeza o por estrangulamiento manual.
- El o los responsables ocultaron los cuerpos en lugares distintos de aquellos donde, presuntamente, se produjo la muerte. La ausencia de una escena del crimen clara terminó transformándose en una grave dificultad para hallar evidencias.
- Los cuerpos de las cuatro víctimas fueron encontrados desnudos o semidesnudos. Salvo el de Paulina, los demás estaban dentro de bolsas o cubiertos con plástico.
- Los autores sabían dónde ocultar los cadáveres para intentar asegurarse la impunidad: a Paulina la arrojaron en un camino alejado; a Érika, en un descampado; a Cynthia, en el fondo de una casa abandonada; y a Picciuto, en la base de una cisterna.
- En los cuatro expedientes surgieron líneas narco. No trascendió si en algunos de ellos se iniciaron investigaciones paralelas ni cuáles fueron los resultados.
- Las pruebas biológicas son fundamentales para esclarecer casos complejos como estos. En el de Paulina, las que se recolectaron quedaron inutilizadas porque no fueron conservadas correctamente. En los casos de Moreira y Picciuto no se hallaron muestras para cotejar con los acusados. En el último hecho, trascendió que sólo se encontraron restos debajo de las uñas de Érika, aunque hasta ahora no se sabe si servirán para realizar una pericia genética.
- Sólo en el crimen de Álvarez se detuvo a un sospechoso en el transcurso de una semana. En los casos Lebbos y Moreira, las detenciones demoraron años. En el “Crimen de Chacabuco 59” hubo aprehensiones rápidas, pero el considerado autor fue detenido varias semanas después.
- Los testimonios tampoco contribuyeron al esclarecimiento. En el caso Lebbos se tejió una red de encubrimiento que, a 20 años del crimen, sigue inquebrantable, pese a que decenas de personas afrontaron procesos penales. Una compañera de trabajo de Moreira también fue acusada de no haber contado todo lo que sabía. En la causa por la muerte de Picciuto, los jueces que anularon la sentencia destacaron las versiones contradictorias brindadas por Alfredo Socci, Natalia Liberman y Sofía Di Cianni.
- En todas estas causas hubo imputados. Roberto Gómez (Lebbos) y Ramón Antonio Soria (Moreira) fueron absueltos. Leonardo Salomón fue condenado por el crimen de Picciuto, pero un tribunal de Impugnación resolvió absolverlo por el beneficio de la duda. César Soto y Sergio Kaleñuk serán enjuiciados a partir de marzo por el crimen de Paulina. En tanto, con la audiencia de formulación de cargos prevista para hoy, comenzará el proceso penal contra Sosa.