La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad, en primera discusión, el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. La iniciativa busca avanzar hacia la liberación de detenidos por motivos políticos y promover un proceso de reconciliación nacional.

El texto aún deberá atravesar una segunda y definitiva discusión. Sin embargo, dado el respaldo público del chavismo -que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento unicameral presidido por Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria- se descuenta que la norma terminará siendo aprobada.

De concretarse, se trataría de la segunda amnistía aprobada durante el ciclo político chavista, después de la impulsada en 2007 por el fallecido Hugo Chávez.

Durante el debate parlamentario, Rodríguez sorprendió al pedir disculpas a los presos políticos detenidos a lo largo de casi tres décadas de gobiernos chavistas. Con una fotografía de Chávez y un crucifijo en la mano, expresó: “Pedimos perdón y tenemos que perdonar también”. Luego agregó: “Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos”.

Los alcances de la ley que impulsa el chavismo 

La propuesta contempla amnistiar a personas acusadas por delitos como “traición a la patria”, “terrorismo” e “instigación al odio”, cargos habitualmente atribuidos a presos políticos. El alcance incluye desde casos de sublevación hasta sanciones vinculadas con publicaciones en redes sociales o mensajes difundidos por servicios de mensajería.

Según la exposición de motivos, la iniciativa busca priorizar la reconciliación: “Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación”.

No obstante, el proyecto excluye de sus beneficios las “violaciones graves” a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, así como delitos como homicidio intencional, corrupción y narcotráfico. Estas excepciones, aunque responden -según el texto- a un “estricto acatamiento” de la Constitución venezolana, generan preocupación entre expertos por el margen de discrecionalidad que podría quedar en manos de la Justicia.

Otro de los puntos destacados es la eventual revocación de inhabilitaciones políticas. La medida podría beneficiar a dirigentes opositores, entre ellos la líder María Corina Machado, quien estuvo impedida de competir en los comicios presidenciales de 2024.

El proyecto establece que “quedarán sin efecto aquellas inhabilitaciones de aquellos funcionarios públicos por hechos ocurridos entre 1999 al 2026, cuando se establezca que no se cometió un hecho de corrupción o por inexactitudes que hayan sido subsanadas”.