El proceso de selección del nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán quedó envuelto en una polémica. El legislador Walter Berarducci lanzó una dura advertencia sobre las versiones que dan cuenta de un candidato “bendecido” por el gobernador Osvaldo Jaldo, al calificar esta situación como una “injerencia pública, manifiesta e indebida” del Poder Ejecutivo sobre un órgano que debe actuar con absoluta independencia.
Según Berarducci, el intento de condicionar la designación desde la Casa de Gobierno representa un “retroceso democrático” y un ataque directo a la división de poderes. “La Defensoría es un órgano ajeno a toda instrucción de autoridad alguna. Su función esencial es defender a los ciudadanos frente a los abusos y omisiones del propio Estado; si el defensor responde al poder político, su razón de ser desaparece”, señaló.
El peso de la Ley 6644
El parlamentario fue contundente al recordar el marco legal que rige el cargo. Según la Ley Provincial Nº 6644, el Defensor del Pueblo tiene prohibida cualquier subordinación política y posee incompatibilidades equivalentes a las de un juez. “No se trata de un cargo político ni de una compensación para dirigentes del oficialismo. La ley veda de manera absoluta la afiliación y la actividad político-partidaria para garantizar la credibilidad del órgano de control”, insistió.
Berarducci denunció que impulsar a un candidato afín equivale a “vaciar de contenido” el proceso de selección que actualmente tramita la Legislatura. En este sentido, instó a sus pares a realizar una designación basada en criterios de objetividad, idoneidad, honestidad y probidad, y no en líneas partidarias.
"Defensor del Pueblo o Defensor del Gobernador"
Uno de los puntos más críticos de la denuncia del legislador radicó en la pérdida de autoridad moral de un funcionario impuesto por el poder central. “¿Con qué autoridad podrá investigar o exigir explicaciones al poder quien accede al cargo bajo la sombra de una imposición política?”, se preguntó.
Según su análisis, este avance sobre los organismos de control no es un error de comunicación, sino una “decisión consciente” de debilitar las instituciones para neutralizar sus funciones. “Tucumán no necesita un Defensor del Gobernador; necesita un Defensor del Pueblo capaz de investigar e incomodar al poder sin condicionamientos ni obediencias”, disparó.