Me llegó una carta de Rentas de la provincia con dos hojas abrochadas y fechadas el mismo día. En una se me advierte de que si no me pongo al día con una supuesta deuda en concepto de ingresos brutos, se hará un juicio en mi contra, y en la otra (recibida el mismo día) se me avisa que el juicio ya se hizo, que debo pagar un monto (considerable para mí) por la supuesta deuda por ingresos brutos, más intereses y más los honorarios de un abogado. Además de estar yo seguro de que no debo ingresos brutos (es más: el Estado me debe a mí, porque he venido pagando por partida doble: el monto fijo que le corresponde pagar a un monotributista, y un bocado del 5 % que me hizo el Estado provincial en cada transferencia bancaria hecha por algún cliente), y además de que no corresponde intimar a alguien con la amenaza de un juicio y en el mismo día avisarle que el juicio ya se hizo, y además de que la carta me llegó en diciembre de 2025 pero estaba fechada en diciembre de 2022, además de todo eso, no sé por qué el Estado provincial tuvo que contratar a un abogado privado, habiendo tantos abogados que son empleados del Estado, y cuyos sueldos pagamos con impuestos tales como ingresos brutos. El burócrata que redactó la intimación seguramente no tendrá que resignarse a una jubilación mínima -como sí tendré que resignarme yo- ni se verá obligado a trabajar hasta el final de su resistencia -como me veré obligado yo.
Ricardo Roberto Manai
Belgrano 63 - Tafí Viejo