La Justicia Federal atraviesa una de las crisis institucionales más profundas desde el retorno democrático. Con un tercio de sus cargos vacantes y todos sus órganos centrales sin autoridades titulares, el sistema judicial enfrenta un escenario de acefalía estructural que compromete el control del poder, la persecución de los delitos más graves y la vigencia efectiva de derechos y garantías constitucionales, según advirtió el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). 

Por lo que se supo, el presidente, Javier Milei, ya cuenta con la lista completa de 312 candidatos para ocupar cargos vacantes de jueces y fiscales federales, además del puesto de Procurador General. Sin embargo, en la Casa Rosada confirmaron que el envío de los pliegos al Senado recién se concretará en marzo, una vez que se abran las sesiones ordinarias del Congreso. 

La decisión depende tanto de la estrategia parlamentaria como de las negociaciones con la oposición, en un contexto donde también reaparecieron versiones sobre posibles cambios en el Ministerio de Justicia, conducido actualmente por Mariano Cuneo Libarona.

La gravedad del cuadro no se limita a una coyuntura puntual sino que expresa un deterioro sostenido del sistema de justicia federal a lo largo de más de una década. Al inicio del actual año judicial, los cuatro organismos que integran su núcleo institucional -la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa- se encuentran con autoridades vacantes, interinas o en situaciones de irregularidad constitucional. A este escenario se suma la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Procuración Penitenciaria, también sin designaciones conforme a la ley.

El fenómeno de la acefalía tiene antecedentes prolongados. La Defensoría del Pueblo permanece vacante desde 2009; la Procuración General de la Nación funciona con un interinato desde 2018; y la Corte Suprema opera desde 2021 con solo tres de los cinco ministros que establece la ley, tras las salidas de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Esta reducción afecta directamente la capacidad del máximo tribunal para fijar criterios estables y ejercer su rol de control institucional, dice el informe. En relación con la Corte Suprema, en el Gobierno reconocen que el tema llevará más tiempo. Se necesitan 48 votos, es decir, dos tercios de los presentes para su aprobación. El Ejecutivo busca evitar un nuevo revés como el del año pasado, cuando los pliegos enviados al Senado fueron rechazados y las designaciones de Manuel García Mansilla y de Ariel Lijo por decreto se frustraron.

A este panorama se suma la situación del Consejo de la Magistratura, que continúa funcionando bajo una ley declarada inconstitucional por la propia Corte Suprema en 2021. “Hasta aquí, el Congreso incumplió largamente el plazo de 120 días que se le otorgó para dictar una nueva norma, y más de cinco años después el organismo sigue operando con una estructura normativa derogada, presidido paradójicamente por el titular del tribunal que declaró su invalidez”, advierten.

El impacto de la crisis se profundiza en los cargos inferiores. Según el Inecip, el 33% de los juzgados federales y más del 40% de las fiscalías federales se encuentran vacantes. “Esta falta de cobertura genera demoras estructurales, sobrecarga de trabajo y un sistema sostenido artificialmente mediante subrogancias múltiples, muchas veces ejercidas por magistrados que ya presentan atrasos graves en sus tribunales de origen”, informaron

Las consecuencias institucionales son severas: un sistema judicial debilitado reduce su capacidad de controlar el ejercicio del poder político y económico, habilitando zonas de impunidad y prácticas discrecionales, afirmaron. El documento indica que esta fragilidad favorece la concentración de poder sin contrapesos efectivos, afectando de manera directa la igualdad ante la ley y el principio republicano de control recíproco entre poderes.

En el plano penal, la acefalía impacta de lleno en la persecución de los delitos de mayor complejidad, que son competencia de la justicia federal. “Corrupción, narcotráfico y criminalidad económica encuentran un terreno propicio en un Ministerio Público Fiscal sin conducción y sin una política criminal estratégica sostenida en el tiempo, situación que beneficia directamente a las organizaciones criminales y mercados ilegales”, señalaron.

Según el informe, la crisis también afecta de manera directa los derechos y garantías fundamentales. “La ausencia de autoridades plenas en la Defensoría General y en la Defensoría del Pueblo debilita la protección de víctimas, personas imputadas, personas privadas de la libertad y colectivos sociales enteros, generando un déficit estructural en el acceso a la justicia y en la tutela efectiva de derechos constitucionales”, afirmaron

El Inecip advierte además que la debilidad del sistema judicial tiene consecuencias económicas y geopolíticas. La falta de reglas de juego claras y de instituciones judiciales fuertes compromete la inserción internacional del país, el cumplimiento de estándares exigidos por organismos como el GAFI y la atracción de inversiones, en un contexto en el que la seguridad jurídica resulta un factor determinante para el desarrollo.

Como vías de solución, el documento propone abandonar la lógica de imposición de “candidatos propios” y avanzar hacia postulaciones de alta calidad técnica y ética, acompañadas por procesos de selección transparentes, abiertos y participativos. Solo mediante consensos amplios y designaciones legítimas, advierte el INECIP, será posible revertir una acefalía que ya dejó de ser excepcional para convertirse en una amenaza estructural al Estado de Derecho.

La situación en Tucumán

La crisis a nivel nacional tiene un correlato concreto y persistente en la justicia federal de Tucumán. El distrito arrastra desde hace años vacantes clave en juzgados y fiscalías federales, lo que obliga a un funcionamiento sostenido a base de subrogancias prolongadas y redistribución informal de competencias. Esta situación impacta de manera directa en causas sensibles vinculadas a narcotráfico, corrupción y delitos económicos, que concentran una elevada demanda social y judicial.

La falta de cobertura definitiva en cargos estratégicos genera demoras, acumulación de expedientes y una creciente presión sobre los magistrados y funcionarios en funciones. Al igual que en el resto del país, el déficit de designaciones conforme a los procedimientos constitucionales debilita la previsibilidad institucional y expone al sistema a cuestionamientos sobre su independencia y eficacia, en un contexto provincial atravesado por investigaciones de alto impacto político y económico.

Actualmente las tres vocalías del Tribunal Oral Federal están vacantes. Lo mismo sucede con los juzgados 1 y 2, que están siendo subrogados por José Manuel Díaz Vélez (titular del 3, que aún no está en funcionamiento) y por Guillermo Díaz Martínez, juez de Catamarca. En el caso de las fiscalías, la General está cubierta por Rafael Vehils Ruiz, que a su vez subroga la 1. La dos está siendo subrogada por Agustín Chit ya que el titular, Pablo Camuña, subroga la fiscalía ante el TOF. Chit es titular de la fiscalía 3 que, al igual que el juzgado, aún no está en funcionamiento.