La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo presentado por Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, en la causa en la que fue procesado junto a otros 17 acusados por presuntas extorsiones a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y defraudación al Estado. El expediente ya fue elevado a juicio oral.

El Máximo Tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la presentación por falta de sentencia definitiva, al considerar inadmisible la recusación formulada contra el fiscal Gerardo Pollicita, quien estuvo a cargo de la instrucción.

El planteo contra el fiscal Pollicita

La defensa de Belliboni había recusado a Pollicita por enemistad manifiesta, pero la Corte entendió que ese tipo de cuestionamientos no pueden ser analizados en esta etapa del proceso. De esta manera, dejó firmes las decisiones previas del juez federal Sebastián Casanello, de la Cámara Federal porteña y de la Cámara Federal de Casación Penal, que ya habían rechazado el planteo.

Según los tribunales inferiores, no existían elementos que acreditaran una enemistad previa entre el fiscal y el imputado, condición necesaria para que prospere una recusación de ese tipo.

La acusación: extorsión y fraude al Estado

De acuerdo con la acusación del fiscal Pollicita, entre junio de 2020 y marzo de 2024, Belliboni y el resto de los imputados habrían montado una matriz delictiva destinada a extorsionar y coaccionar a personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica.

La maniobra consistía, según la fiscalía, en exigir a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo la entrega de parte del dinero percibido y la participación obligatoria en marchas y piquetes, bajo amenaza de perder el acceso al plan.

Además, se los acusa de haber defraudado al Estado nacional mediante la presentación de facturas apócrifas, lo que habría permitido el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos.

El origen de la investigación

La causa se inició a fines de 2023, luego de que el Gobierno de Javier Milei habilitara la línea telefónica 134 para recibir denuncias anónimas de beneficiarios de planes sociales. A partir de esos llamados, la Justicia comenzó a investigar posibles prácticas de extorsión y irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Belliboni, por su parte, sostuvo públicamente que se trata de una causa “escandalosamente fraudulenta”, calificó el proceso como “irregular, ilegal y violatorio del derecho de defensa” y denunció una “persecución política descarada” impulsada por el actual Gobierno y sus funcionarios.

Los otros acusados

Además de Belliboni, fueron procesados y enviados a juicio oral:

María Dotti, Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Coego, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Candotti, Gustavo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Albornoz, Gloria Estrada y Rossmery Grande Arancibia.

El fallo de Casanello y el rol de las cooperativas

En su resolución, el juez Sebastián Casanello sostuvo que el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor recibieron 361.087.500 pesos destinados a proyectos productivos, laborales y comunitarios, pero que “una parte importante de esos fondos fue administrada indebidamente”.

Según el fallo, el Estado fue engañado mediante rendiciones de cuentas falsas, con facturas apócrifas emitidas por empresas ficticias, la simulación de gastos no realizados, transferencias a personas allegadas y el uso de cheques para ocultar el destino real del dinero. A eso se sumó, según el juez, la falta de rendición de una parte de los desembolsos ante el Ministerio correspondiente.

La mención a Emilio Pérsico

Durante la investigación, el fiscal Pollicita también solicitó la indagatoria de Emilio Pérsico, ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández y dirigente de Barrios de Pie. Si bien Pérsico no fue enviado a juicio en este expediente, la fiscalía sostuvo que la maniobra del Polo Obrero “fue posible gracias a la connivencia de funcionarios públicos” que debían controlar las rendiciones de fondos.

Para la acusación, esos controles fueron deliberadamente omitidos, lo que permitió que el esquema se sostuviera durante varios años.

Un expediente que sigue su curso

Con el rechazo de la Corte Suprema, quedaron firmes las decisiones judiciales que habilitan el juicio oral, donde se debatirán las responsabilidades penales de los imputados. La causa Polo Obrero entra así en su etapa decisiva, con un proceso que promete fuerte impacto político y social.