El Gobierno Nacional decidió elevar la apuesta judicial tras los violentos disturbios ocurridos durante el debate de la reforma laboral. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que los responsables serán denunciados bajo la figura de terrorismo, al considerar que los ataques con bombas Molotov y elementos contundentes no fueron aislados, sino parte de una "acción organizada para desestabilizar las instituciones".
La aplicación de la Ley Antiterrorista (N° 26.734) marca un quiebre en el tratamiento de la protesta social violenta. Según Monteoliva, el uso de bidones de nafta y bulones lanzados con gomeras excede el marco de una manifestación tradicional.
“Una bomba Molotov tiene la intención de generar no solo caos, sino muerte. Fue un acto de terrorismo”, afirmó. Esta tipificación implica investigaciones de fuero federal y penas más severas, dificultando la excarcelación inmediata de los implicados.
Tecnología y peritajes
El Ministerio de Seguridad logró identificar a 17 personas mediante el análisis de cámaras de seguridad y transmisiones televisivas. Para ello, se utilizaron los sistemas "Luna" (comparación de rostros con bases de datos) y "Jessie" (análisis de registros biométricos).
Los perfiles detectados varían desde jóvenes de 20 años hasta adultos de 60, con procedencias de Buenos Aires, Salta y Tucumán, algunos vinculados a barras bravas y grupos anarquistas.
Defensa del protocolo y balance
Ante las críticas por la demora en las detenciones en flagrancia, Monteoliva explicó que la prioridad fue la dispersión mediante agua y gases para proteger a los efectivos de los explosivos.
El saldo final de la jornada arrojó más de 70 detenidos y siete agentes heridos. Asimismo, la funcionaria descartó tajantemente las teorías sobre supuestos infiltrados policiales: “Es un disparate; toda nuestra actuación está documentada y judicializada”, dijo.