Un derrotero para identificar a los posibles autores del crimen de Paulina Lebbos

Han pasado 20 años de un interminable proceso judicial con el que sólo se pudo demostrar la existencia de una compleja e inquebrantable red de encubrimiento para que no se supiera lo que pasó con Paulina Lebbos. Pero el crimen sigue impune, pese a que fueron acusadas seis personas como los supuestos autores de su asesinato. En una semana, dos décadas después del hecho, serán enjuiciados dos de los señalados, aunque no hay certezas de que el cuarto debate por el caso termine con una condena.

La joven estudiante fue vista por última vez el 26 de febrero de 2006, cuando dejó a su amiga Virginia Mercado en barrio Sur y de ahí se dirigió, supuestamente, a la casa de su pareja y padre de su hija, César Soto. No se supo nada más de ella hasta el 11 de marzo de ese año, cuando su cuerpo fue hallado a la vera de la ruta que conduce a Raco.

LA VÍCTIMA. Paulina Lebbos.

En los casi 40 días que tuvo a su cargo el expediente, el fiscal Alejandro Noguera comenzó a sumar indicios en contra de Soto, pero no pudo hacer mucho más. Fue separado de la causa por haber participado en una reunión en la casa del ex gobernador José Alperovich. Con el tiempo, se supo que el representante del Ministerio Público podría haber sido víctima de una maniobra para que se lo apartara del expediente, ya que había comenzado a descubrir una red de encubrimiento. Por ejemplo, abrió un expediente por la actuación que tuvieron el comisario Enrique García y sus subalternos Manuel Yapura y Roberto Lencina el día que se halló el cuerpo. Siete años después, los tres fueron condenados por encubrimiento.

Condenado

En su reemplazo fue designado el fiscal Carlos Albaca, considerado como un especialista en enfriar causas, pero la del crimen de Paulina terminó por congelarla. El ex investigador, que fue condenado a seis años por su desempeño en el caso, tomó medidas que complicaron y complicarán el camino para llegar a la verdad. Entre otras, le dio el rol de querellante a Soto cuando todavía figuraba en la lista de sospechosos; no tomó las precauciones necesarias para la preservación de las muestras biológicas que se habían recolectado y tampoco profundizó algunas líneas, como la llamada “Hijos del poder”. Fue apartado del proceso después de siete años de haberlo conducido.

El fiscal Diego López Ávila, al hacerse cargo de la investigación, tuvo que enfrentar dos “enemigos”: el paso del tiempo y la inacción de su antecesor. Por ejemplo, descubrió que las muestras biológicas que existían en el marco de la pesquisa habían sido inutilizadas porque no se habían preservado correctamente. Los testigos que citaba a declarar no recordaban qué había sucedido siete años antes. Sin embargo, advirtió que la tecnología podría ser su principal aliada: rastrear qué pasó con el celular de Paulina, que nunca apareció.

El representante del Ministerio Público confirmó que Albaca no había avanzado con esta línea porque les pedía informes a las compañías de telefonía utilizando un número erróneo. Corrigió ese error y recibió una avalancha de datos que terminarían siendo claves para el avance de la investigación. Al desconfiar de la Policía, solicitó que fueran los peritos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria quienes analizaran esa información. Después de casi ocho años, López Ávila logró ponerles nombre y apellido a dos sospechosos del crimen.

Antonio Gallardo y Roberto Luis Gómez fueron los primeros detenidos y procesados por la muerte de la joven. Quedaron tras las rejas por haber colocado el chip del celular de Paulina en sus teléfonos móviles.

El primero fue sobreseíido al confirmarse que le habían falsificado la firma cuando se compró el celular en el que se introdujo el chip. Gómez, en cambio, fue el único acusado del crimen en el segundo juicio del caso. Su padre, José Luis Gómez, se encadenó en la plaza Independencia para exigir la libertad del joven. Ese hombre también aparece mencionado en la línea narco de la causa.