Un nuevo capítulo en la historia por el crimen de Érika Antonella Álvarez comenzó a escribirse ayer. Los abogados defensores de Justina Gordillo, solicitaron que su pupila continúe sujeta a la investigación penal en libertad o bajo arresto domiciliario, al considerar que los riesgos procesales disminuyeron. El Ministerio Público Fiscal y la querella se opusieron rotundamente al pedido y advirtieron que las evidencias que se produjeron en los últimos días podrían complicar la situación de la imputada. El juez interviniente resolverá los planteos durante la jornada de hoy.

Gordillo fue privada de la libertad el 3 de enero, luego de que el juez Bernardo L’Erario Babot hiciera lugar al pedido de tres meses de preventiva realizado por el fiscal Pedro Gallo. Desde entonces, sus abogados Florencia Abdala y Camilo Atim emplearon todos los recursos disponibles para que se revocara la medida de coerción en contra de su pupila. El pasado 10 de febrero, la jueza del Tribunal de Impugnación, María Jimena Suárez, rechazó el planteo de los defensores.

Pedido de morigeración

Ayer, intentaron nuevamente morigerar la medida frente al juez Babot. Según explicaron, la magistrada Suárez en sus fundamentos manifestó que podría haber personas aún no identificadas involucradas en el crimen. Atim y Abdala dijeron que este indicio surgió a partir de una filmación que captó a un individuo bajar de un auto Chevrolet Corsa en las inmediaciones de la vivienda de Felipe “El Militar” Sosa, la noche del crimen. Los pesquisas no descartaron la posibilidad de que en dicho vehículo se haya trasladado Gordillo.

“Felipe Sosa no mató a Érika. Fue una tragedia”, sostuvo el abogado del acusado

“La investigación avanzó y se identificó que la persona que descendía del automóvil era una joven que estaba de visita en la casa de su primo, que es vecino de Sosa. Por ende, lo que se observa en las filmaciones no es a ningún coautor ni a ningún coimputado prófugo”, dijo Atim.

Los defensores negaron que la imputada estuviera con la víctima antes del hecho. Según indicó Abdala, los informes del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (Ecif) consignaron que Érika realizó un viaje en Uber a las 3.37 desde su domicilio y llegó a la vivienda de “El Militar” a las 3.50. “Justina nunca estuvo con la víctima. Ella se fue a las 00.08 del domicilio de Sosa, conforme al archivo digital del MPF. Es decir que la víctima llegó casi tres horas después de la partida de Gordillo”, dijo.

También refutaron la permanencia de Justina con el cuerpo sin vida de la víctima. “Esta hipótesis fue completamente descartada. Un informe del Ecif analizó las líneas de teléfono que impactaron en el basural donde se halló el cuerpo de Érika y concluyó que la línea vinculada a Sosa estuvo el 7 de enero a las 11.41 en el lugar, horario en el que Justina estaba cumpliendo funciones en el Poder Judicial”, dijo Abdala. “El MPF logró esclarecer que la persona que habría ayudado a Sosa a ocultar el cuerpo fue (Nicolás) Navarro Flores, luego de que un análisis de líneas telefónicas sugiriera que ambos compartieron el mismo espacio físico en el domicilio de Sosa la mañana del 7 de enero. Hay un indicio serio de que quien estuvo en la casa del imputado por lo menos dos horas antes del traslado del cuerpo al basural fue Navarro y no Gordillo”, agregó.

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Entre el resto de las evidencias que mencionaron, sostuvieron que durante las pruebas de ADN practicadas no se detectó el perfil genético de Gordillo y alegaron que la declaración de su pupila ayudó a la posterior detención de Navarro y de Jorge “Chicho” Díaz. “No hay ningún motivo razonable que lleve a suponer que en esta instancia de la investigación, con las evidencias que se han recolectado y con la declaración de nuestra clienta, pueda producirse un acto de entorpecimiento en la investigación”, dijo Atim y solicitó que Gordillo recupere la libertad o, subsidiariamente, sea sometida a arresto domiciliario bajo una caución real.

Oposición

El fiscal Gallo y el querellante Carlos Garmendia pidieron que se mantuviera la prisión preventiva. Aunque el titular de la Fiscalía de Homicidios I reconoció que la línea del Corsa se descartó, enfatizó que esto no implica que nadie más haya participado en el hecho, y dijo que la investigación es dinámica y aún hay pruebas por producir.

“Nos sorprende que la defensa haga este planteo en este momento. Cualquiera pensaría que estamos ante una causa paralizada o debilitada, cuando es todo lo contrario. Justamente la investigación tuvo avances significativos en los últimos días”, afirmó.

En ese sentido informó que del peritaje del celular de Gordillo descubrieron conversaciones que sugieren que la imputada conocía a la víctima, referida como “Anto”, y que habría participado en conversaciones sobre servicios y encuentros sexuales, contradiciendo su declaración de no conocer a Érika. También destacó que el día del hecho hubo 28 llamadas telefónicas entre Sosa y Gordillo, incluyendo siete llamadas por WhatsApp entre las 7.32 y las 9.07.

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

En cuanto a la declaración que brindó la imputada en la sede fiscal, Gallo la consideró “totalmente falsa”; dijo que no fue tenida en cuenta para sustentar la acusación contra Díaz y Navarro y que con su testimonio “trató de proteger a Sosa”.

“Gordillo tuvo la oportunidad de decir la verdad y la desaprovechó. Al mentir lo que pretende es desviar la investigación hacia otro lugar. Y ella lo hizo”, dijo Garmendia apoyando la postura del MPF.

Luego de que las partes terminaran de exponer sus posturas, el juez Bernardo L’Elario Babot dispuso un cuarto intermedio hasta hoy a las 10.30 para analizar los elementos presentados.

Nuevo reclamo: la defensa de Felipe “El Militar” Sosa cuestionó la situación del imputado

Marcelo Cosiansi, el abogado de Felipe “El Militar” Sosa criticó las condiciones de detención de su cliente en el penal de Benjamín Paz. El profesional dijo que el imputado permanece aislado desde el 19 de enero, una situación que se extiende por más de seis semanas pese a recomendaciones médicas que aconsejarían poner fin a ese régimen. En un escrito difundido a la prensa, describió que Sosa pasa la mayor parte del tiempo solo, incluso para comer, utilizar el baño o salir al patio, donde permanece apenas entre 15 y 20 minutos diarios bajo custodia penitenciaria. Además, solicitó que se permita a la defensa acceder a las fotografías de la autopsia de la víctima para realizar una pericia independiente. Según planteó, existen diferencias entre las hipótesis fiscales sobre el mecanismo de muerte, por lo que consideró necesario contar con todo el material probatorio. También adelantó que Sosa no declarará hasta que se normalicen sus condiciones de detención y de salud. “¿Cómo puede una defensa ejercer su tarea si no puede acceder a la evidencia más importante? ¿Cómo puede hacerse una meta-pericia seria sin el material completo?”, cuestionó. Según Cosiansi, “Felipe Sosa no mató a Érika. La muerte de Érika fue una tragedia que debe investigarse con rigor científico. Lo que ocurrió después -miedo, confusión, decisiones erráticas- no reemplaza a la prueba médica sobre cómo ocurrió realmente el fallecimiento”. Finalmente dijo que “esto no es pedir privilegios. Esto es pedir reglas. Reglas mínimas. Reglas básicas. Reglas humanas”. “Cuando las reglas dejan de aplicarse en un caso, empiezan a debilitarse para todos”, consideró.