Cuando hay un conflicto en que esté involucrado EEUU suelen lanzarse como explicación las ambiciones económicas. Sin embargo, aunque la economía cuenta, a veces no es el móvil.

Recuérdese la guerra del Golfo de 1991. Se decía que EEUU buscaba combustible barato y por eso quería someter a Sadam Hussein. Pero no: gracias a Hussein el petróleo era barato. Iraq salía de una guerra de diez años contra Irán y necesitaba mucho dinero para reponerse. Por eso violaba las cuotas máximas de exportación de petróleo que fijaba la Opep y esa mayor oferta tumbaba los precios. Y para tener más pozos ocupó Kuwait. Luego de su derrota, como sanción y para impedir un rearme, la ONU limitó sus ventas: encareció el crudo. El objetivo de EEUU era político. China recién llevaba una década dejando atrás el desastre maoísta y la URSS comenzaba a desintegrarse. Parecía el amanecer de un mundo unipolar, la pax americana, e Iraq interfirió al invadir Kuwait. El sheriff del planeta debía asegurar las condiciones para consolidar el triunfo de la economía de mercado y la democracia occidental. El fin de la historia, al decir (equivocado) de Francis Fukuyama. Lo del petróleo suena lógico, pero los hechos no ayudan.

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La guerra actual también podría tener motivos no económicos. Hay quienes se benefician y por eso aprovechan o alientan las acciones, pero no sería el móvil principal. EEUU importa petróleo para no tocar su almacenamiento estratégico ni acudir a sus propios pozos. Es noveno en reservas convencionales pero primero en shale. No tiene problemas de abastecimiento en el mediano plazo. Una posibilidad alternativa es el peligro nuclear. Irán enriquece uranio y, como dijo Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, nadie lo hace en la escala de Irán si no es para producir bombas atómicas (aunque no esté probado que construya una). EEUU también las tiene, se dirá. Sí. Pero una república democrática, incluso con sus vaivenes de liderazgo, es más confiable que una teocracia basada en ideas que explícitamente proclaman como objetivo acabar con Occidente y financia grupos terroristas que tienen ese cometido.

Y la guerra produce efectos. El estrecho de Ormuz está cerrado, frenando un quinto del comercio petrolero mundial, y complica al canal de Suez (30 por ciento del tráfico internacional de contenedores). Entonces, sube el precio del combustible encareciendo transporte, energía y producción y el desvío de buques incrementa costos de transporte y como resultado el precio de los bienes, aunque puede favorecer a los que no tienen necesidad de cambiar de rutas. Por supuesto, aparece inestabilidad en las monedas y los mercados de capitales debido a la incertidumbre. Qué más pasará depende de cuánto dure la conflagración. Por ejemplo, si fuera prolongada incentivaría la inversión en los puertos que reciban tráfico adicional, beneficiando a los habitantes locales pero perjudicando a los de zonas abandonadas. Además, los costos de guerra deben cubrirse. En lo material hay armamentos que reponer e instalaciones que reconstruir por parte de todos, para lo que harán falta impuestos y deuda. Aunque, de nuevo, depende de la duración. Los protagonistas no parecen creer en un enfrentamiento prolongado, pero lo mismo se pensaba de la invasión de Rusia a Ucrania.

El tiempo permite traer a colación la experiencia de la internacionalización productiva de fines del siglo XX. Que no era algo nuevo aunque sí su magnitud. Muchas empresas ubicaron plantas lejos de sus mercados principales para aprovechar los menores salarios de otras regiones. El offshoring fue acusado de explotación e imperialismo, pero usualmente por minorías desde los países desarrollados porque para los trabajadores era una clara mejora. Que en un país subdesarrollado, con pobreza generalizada, se instale una firma que brinde empleo estable y asegure ingresos es un avance frente al desempleo o las tareas golondrina o en talleres no tecnificados para clientes de bajo poder adquisitivo. Además, tales empresas contribuían con los impuestos y según la tarea también con la educación de la población. Si el trabajo implicaba el manejo de maquinaria de sofisticación mayor a simples implementos, como mínimo se brindaría instrucción técnica incentivando la alfabetización para empleados y vecinos. Inclusive consolidaría la educación universitaria, como contabilidad e informática en la India.

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La pandemia reciente convirtió esa tendencia en un problema al cortarse el transporte internacional. Las restricciones sanitarias también complicaron la producción local de bienes pero el control por las autoridades internas sobre instalaciones y movimientos domésticos permitió desarrollar algunas actividades y la elaboración nacional sufrió menos. El regreso a la normalidad no fue rápido por los cuellos de botella en los principales puertos porque al haber mucha mercadería sin distribuir su flujo fue mayor a lo regular quedando barcos estacionados semanas sin desembarcar pues los puertos no daban abasto. Tales demoras aumentaron transitoriamente los costos, por el estacionamiento y la menor oferta. Sumadas al rezago de la emisión de dinero realizada durante la cuarentena para sobrellevar el parate, en todas partes hubo un repunte de los precios (en Argentina mucho más porque no frenó el ritmo de emisión al reanudarse la actividad económica, como sí lo hizo el resto del mundo).

Tras esa experiencia se planteó el nearshoring, producir más cerca de los consumidores para evitar que la economía se paralice si una nueva crisis golpeara el transporte. Sin embargo, no se concretó (la política comercial de Donald Trump responde a proteccionismo, no a prevención). La permanencia del offshoring se debe a que la pandemia duró poco y no dejó efectos económicos estructurales. Agréguense vacunación y adaptación natural del organismo humano y del virus, la vida sigue como siempre.

Ahora otra crisis carga costos al comercio, pero sus efectos en el orden económico dependerán de su duración. Si es breve, lo que sería bueno, nada cambiará. Pero hay un riesgo no económico: olvidar la necesidad de un diseño institucional que minimice el riesgo de guerras. Y que las democracias consolidadas no combaten entre sí.