La Justicia Federal resolvió ampliar el procesamiento penal contra la influencer y cantante Ana Valentina Olguín en la causa que la investiga por haber utilizado el CUIT del gobernador Osvaldo Jaldo para evadir impuestos aduaneros. Según el petitorio realizado por la Fiscalía Federal 2 de Tucumán, surgieron datos que indican que la imputada habría usado los datos de al menos tres mandatarios de otras provincias con la misma finalidad. Además, dispuso incrementar el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $15 millones.

La causa se inició el 28 de octubre de 2024, luego de que el gobernador realizara una denuncia ante la Fiscalía Federal Nº2, dirigida por Agustín Chit, al detectar que su CUIT había sido utilizado para realizar compras en el exterior a través del sistema courier. Según expuso, había recibido notificaciones vinculadas a encomiendas internacionales que habían ingresado al país por la Aduana de Ezeiza, pero que él desconocía.

A partir de esa presentación se dispusieron las primeras medidas investigativas. Los informes de la Aduana y de la empresa de logística permitieron determinar que las compras correspondían a prendas femeninas adquiridas a la firma estadounidense Revolve y que habían sido enviadas a un domicilio del barrio porteño de Núñez.

Los investigadores establecieron que el número telefónico consignado en los envíos estaba registrado a nombre de Olguín y que los paquetes habían sido recibidos por una persona identificada como “Valentina”.

Agravaron el procesamiento y elevaron el embargo contra la influencer Valentina Olguín por presunto contrabando

El 12 de diciembre de 2024 se realizó un allanamiento en el departamento de la acusada. Durante el procedimiento se secuestraron U$S 16.646 en efectivo, varias bolsas con prendas de vestir -algunas con la marca Revolve-, un teléfono celular, una notebook, facturas y documentación vinculada a envíos internacionales.

El 24 de abril de 2025 Olguín declaró ante el Juzgado Federal Nº2 de Tucumán. En esa oportunidad fue imputada por simulación ante el servicio aduanero con el fin de obtener un beneficio económico.

Según la acusación, habría utilizado en cinco ocasiones, entre septiembre y octubre de 2024, el CUIT del gobernador Jaldo para realizar compras en el exterior, falseando datos ante la Aduana y ante ARCA (ex AFIP). De esa manera habría perjudicado el cupo de compras internacionales del mandatario y provocado un perjuicio económico calculado en $1.367.313,08, equivalentes a U$S 1.281,45.

Otros afectados

Con el avance de la pesquisa, detectaron que el mismo mecanismo también habría sido utilizado con los datos de otros mandatarios provinciales. Según una resolución judicial, Olguín habría realizado cuatro compras en octubre de 2024 utilizando el CUIT del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, generando un perjuicio estimado en $1.657.259,44 (U$S 1.553,19). También habría efectuado cinco operaciones entre julio y septiembre de 2024 con los datos del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, por un monto de $927.181,88 (U$S 868,96); y una compra realizada en septiembre de 2024 con el CUIT del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que generó un perjuicio de $26.171,26 (U$S 24,53).

Valentina Olguín, la influencer santiagueña acusada de contrabando pidió que la causa siga tramitándose en Buenos Aires

Debido a la aparición de estos nuevos hechos, inicialmente se dispuso remitir parte de las actuaciones a juzgados federales de otras provincias. Sin embargo, los tribunales de La Plata, Santa Rosa y Paraná se declararon incompetentes, por lo que la causa continuó tramitándose en Tucumán.

Tras ese planteo, la Fiscalía Federal Nº2 solicitó ampliar la situación procesal de la imputada. El pedido fue analizado por el Juzgado Federal Nº2 de Tucumán, que el 12 de marzo resolvió hacer lugar a la solicitud.

En la resolución se dispuso ampliar el procesamiento sin prisión preventiva de Olguín como presunta autora del delito de simulación ante el servicio aduanero con finalidad de obtener un beneficio económico, realizado en 15 oportunidades.

Además, el juez resolvió ampliar el embargo sobre los bienes de la acusada hasta alcanzar los $15 millones para garantizar el pago de eventuales responsabilidades civiles y las costas del proceso.