Antes de comenzar a declarar ante el fiscal Pedro Gallo, el acusado Nicolás Navarro Flores denunció que Gustavo López Peña, defensor de Felipe “El Militar” Sosa, le habría hecho un insólito ofrecimiento para ser despegado de la causa por el crimen de Érika Antonella Álvarez.

“Se presentó y me dijo que quería que desplazara a mis abogados, Candelaria Hernández y Patricio Char, para que él me representara. Según me dijo, Sosa le había pedido que me hiciera este ofrecimiento. Él se haría cargo de los honorarios y plantearía una nueva estrategia para que yo quedara libre”, indicó el imputado. “Como no tengo problemas económicos, rechacé el ofrecimiento que ahora estoy denunciando”, habría declarado.

Horas después, Juan Pablo Bello, defensor de Jorge “Chicho” Díaz, el otro procesado en la causa, se presentó en la fiscalía para denunciar que su colega había hecho exactamente lo mismo con su defendido. “Estuvimos con la esposa de mi representado para informar que, mediante engaños, el colega habría convencido a Díaz de que lo contratara. También vamos a presentar una denuncia ante el Colegio de Abogados para que analice el caso”, añadió el profesional.

Surgen nuevos vínculos narco en el caso Érika Álvarez

María Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de Justina Gordillo, la otra imputada en la causa, confirmaron que López Peña se habría contactado con los familiares de la empleada judicial para hacerse cargo de su representación. Al parecer, se habría presentado como un especialista en “enfriar” casos mediáticos. Los parientes de la acusada decidieron rechazar el ofrecimiento.

Cambio de defensores

A principios de la semana pasada, Sosa decidió reemplazar a Marcelo Cocianci y a Rubén Flores para nombrar a López Peña como defensor. Al parecer, habría tomado esta decisión luego de que el profesional le consiguiera algunos beneficios dentro del penal de Benjamín Paz.

Los profesionales que lo asistieron venían denunciando el trato que recibía “El Militar” y señalaron que todo el aislamiento que sufría era para que se quebrara y contara todo lo que sabía del caso.

Los macabros detalles que surgieron en el caso Érika

Supuestamente, Sosa tendría prohibido el contacto con los otros imputados de la causa. No se descarta que se inicie una pesquisa por esta situación, ya que se sospecha que podría estar recibiendo algún beneficio del personal del Servicio Penitenciario. López Peña no respondió los mensajes de LA GACETA para que diera a conocer su versión de los hechos.