Los abogados de Felipe “El Militar” Sosa, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, difundieron un comunicado en el que cuestionaron el proceso judicial, las condiciones de detención y el desarrollo de la investigación. Además, advirtieron sobre un “deterioro alarmante” en el estado del acusado de haber acabado con la vida de Érika Antonella Álvarez, quien fue atacada a golpes cuando estaba en la casa de Sosa en Santo Domingo al 1.100, Yerba Buena, el 7 de enero. El cuerpo fue hallado el 8 en un descampado de Manantial Sur.

Aislamiento y estado de salud

Uno de los ejes del planteo fue la situación personal del imputado. La defensa aseguró que actualmente no se encuentra en condiciones de declarar con normalidad debido a un cuadro que atribuyen al aislamiento prolongado, la medicación y el deterioro de su salud. Describieron que Sosa permanece bajo un régimen de aislamiento extremo, en el que se encuentra completamente solo, sin interacción real, con salidas mínimas y bajo custodia permanente.

También indicaron que presenta un estado de salud crítico: medicación, temblores, miedo, arritmias y múltiples afecciones que —según afirmaron— fueron constatadas por médicos del Servicio Penitenciario y del sistema público. De acuerdo al comunicado, profesionales médicos recomendaron el cese del aislamiento y la incorporación de actividades recreativas, medidas que no se cumplieron.

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La defensa sostuvo que existe una resolución judicial que ordena adecuar las condiciones de detención conforme a criterios médicos, pero denunciaron que en los hechos no se cumplió y que, por el contrario, el aislamiento se profundizó, pese a esa orden judicial. Además, afirmaron que el impacto de la detención trasciende al acusado y alcanza a su entorno familiar, compuesto por personas mayores que residen en otra provincia y que deben trasladarse para asistirlo. En ese punto, señalaron que se vulnera el principio de intrascendencia de la pena y remarcaron que Sosa se encuentra bajo prisión preventiva.

En relación con la intervención previa de otro abogado, los actuales defensores indicaron que durante ese período se tomaron decisiones en un contexto en el que Sosa estaba completamente vulnerable: aislado, medicado y sin contacto real. Asimismo, manifestaron haber tomado conocimiento de conductas impropias del ejercicio profesional, las cuales —según sostuvieron— expusieron al imputado y perjudicaron su situación procesal.

Otro de los puntos cuestionados fue la hipótesis de riesgo de fuga. La defensa afirmó que se instaló públicamente que Sosa fue detenido con un pasaporte en la mano, pero aseguró que el acta de la Policía Federal no consigna ese elemento, por lo que plantearon dudas sobre esa versión.

Acceso a la prueba y autopsia

Los abogados también se refirieron a la autopsia, a la que calificaron como “la prueba central” del caso. Según explicaron, hubo cambios en los criterios de acceso a ese material: “primero se indicó que las imágenes serían incorporadas a un sistema, luego que debían retirarlas en un soporte digital y finalmente que las fotos no salen de la fiscalía y solo pueden verse allí”, señalaron. Indicaron que su equipo pericial se encuentra en Buenos Aires y cuestionaron esa modalidad al plantear la “igualdad de armas” en el proceso.

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La defensa también sostuvo que no existe un control suficiente sobre las condiciones de detención. Señalaron que en Tucumán no hay un mecanismo local de prevención de la tortura y que no se permite el ingreso de organismos de control, por lo que —según indicaron— la única versión es la del Servicio Penitenciario.

Causa federal por estupefacientes

Por otra parte, informaron sobre una causa federal por tenencia de estupefacientes que involucra a Sosa. Indicaron que en una primera instancia había sido sobreseído, pero que esa decisión fue impugnada por el Ministerio Público Fiscal.

Según detallaron, la Cámara Federal resolvió revocar el sobreseimiento y dictar el procesamiento. En ese expediente, el defensor señaló que se presentó recientemente y que aguarda la formalización de su intervención para acceder a las actuaciones y avanzar con la impugnación.

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Los abogados enumeraron una serie de situaciones que consideran concurrentes en la causa: “aislamiento extremo, deterioro de la salud, falta de control, restricción de la prueba e incumplimiento de resoluciones judiciales”.

“Hay una persona que no está en condiciones de defenderse por sí misma”, afirmaron, y plantearon interrogantes sobre el desarrollo del proceso al preguntarse si se trata de un proceso penal o de un proceso de desgaste