Fue una audiencia tensa y con un final abierto. El secretario de Energía de la Provincia, Martín Viola, y su abogada Celeste Salas se encontraron ayer en el edificio del Juzgado Federal con Julián Echazú Toneatti y su representante Belén Salas. La idea del fiscal federal N° 2, Agustín Chit, era acercar posiciones entre ambos, pero hasta aquí la causa tiene final abierto.

Viola está acusado de haber utilizado ilegítimamente el Documento Nacional de Identidad de Echazú Toneatti para crear una cuenta digital y publicar comentarios injuriantes contra el funcionario municipal Alejandro Sangenis.

La maniobra, según el requerimiento, quedó acreditada mediante informes técnicos, registros bancarios, datos de organismos nacionales y peritajes informáticos. La causa penal tuvo origen el 22 de agosto de 2025, cuando la Justicia Federal de Tucumán tomó intervención a partir de una denuncia presentada por la apoderada legal de Echazu Toneatti. En esa presentación se puso en conocimiento que el denunciante había extraviado su DNI durante los primeros días de junio del mismo año, en la cochera del edificio donde reside, ubicado en pleno centro de San Miguel de Tucumán. Según se consignó, tiempo después advirtió que su identidad estaba siendo utilizada sin autorización en un medio digital. El avance del caso se produjo cuando Echazu Toneatti recibió, el 21 de junio de 2025, un mensaje de WhatsApp de Sangenis. En ese contacto, Sangenis le consultó por una serie de comentarios publicados el día 20 de junio en el diario LA GACETA, que resultaban ofensivos hacia su persona y que figuraban realizados bajo el nombre y DNI del denunciante. Echazu negó haber efectuado esas publicaciones y aseguró que nunca había creado una cuenta digital en ningún medio.

El fiscal federal Chit pidió entonces la ratificación de la denuncia, que se concretó el 11 de septiembre de 2025. En esa oportunidad, el denunciante explicó que no podía precisar la fecha exacta del extravío del DNI, pero reiteró que estaba seguro de haberlo perdido en el estacionamiento del edificio, ya que allí había encontrado su billetera sin el documento. Además, afirmó no haber detectado otros usos posteriores de su identidad. Un informe detalló que la cuenta fue dada de alta el 2 de junio de 2025 desde una dirección IP específica y que, minutos después, los datos de la cuenta fueron modificados para quedar registrados con el nombre y DNI del denunciante. La suscripción digital, correspondiente a un plan pago, fue abonada ese mismo día con una tarjeta de crédito, cuyos últimos cuatro dígitos fueron identificados y cuyo titular resultó ser Martín Viola. Además se comprobó que el funcionario tenía domicilio en el mismo edificio donde reside Echazu Toneatti, circunstancia que fue considerada de especial relevancia por la Fiscalía. En ese sentido, Chit destacó que ambos compartían dirección, lo que explicaría el acceso al DNI extraviado. El fiscal Chit sostuvo que la conducta atribuida a Viola encuadra, en esta etapa del proceso, en el delito de uso ilegítimo de documento nacional de identidad previsto en el artículo 33 inciso d de la Ley 20.974.

Viola, en declaraciones a LA GACETA, negó la acusación y aseguró que le habían hackeado la cuenta bancaria, por lo que él no sabía que se había utilizado su tarjeta de crédito para realizar la suscripción. Y afirmó que todo se trataba de una maniobra política en su contra.

Tras una primera audiencia suspendida, ambas partes se encontraron hoy en la fiscalía de Chit. Allí el fiscal les advirtió que existía la posibilidad de cerrar el proceso, por el tipo de delito, que consistía en una reparación: Viola debería pedir disculpas públicas en el mismo medio en el que se produjeron los agravios digitales, y además podría hacer una donación significativa a los inundados del sur de la provincia. En ese momento, tanto Echazú Toneatti dijo que se oponía, pero el fiscal le advirtió que no era el momento para hacerlo, y les dio tres días a cada uno para que respondieran al convenio, en el marco de una suerte de mediación. Viola, en tanto, aceptaría lo indicado, pero finalmente contestará en el momento que el fiscal dispuso.

Así se abren una serie de posibilidades. Por un lado, que Viola acepte el convenio, con lo cual de hecho, al pedir disculpas públicas, estaría admitiendo el delito por el cual lo acusaron, pero al mismo tiempo estaría resolviendo su situación procesal. Por el otro, Echazzu Toneatti, si no lo acepta, puede recurrir la decisión del fiscal, lo que derivaría en que quien tendría la decisión final será el juez federal N° 1 subrogante Guillermo Díaz Martínez. Esto se resolverá en consecuencia la próxima semana.