La Nación envía al Senado pliegos para el Tribunal Oral Federal de Tucumán, pero persiste el vacío en el Juzgado Electoral

La parálisis estructural que afecta a la Justicia Federal de Tucumán podría comenzar a destrabarse tras años de incertidumbre y vacantes crónicas. El Poder Ejecutivo Nacional, en una decisión estratégica para normalizar el funcionamiento de los tribunales en el interior del país y luego de una negociación con la oposición, incluyó en su nueva tanda de envíos al Senado los pliegos para cubrir dos de las tres vocalías acéfalas del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. 

Esta medida busca dar respuesta a un distrito que hoy opera casi exclusivamente a base de subrogancias prolongadas, afectando la celeridad en causas sensibles de narcotráfico y delitos de lesa humanidad. Sin embargo, la normalización sigue siendo parcial, ya que el estratégico Juzgado Federal N° 1, con competencia electoral, continúa sin un titular definitivo.

El anuncio de esta nueva etapa de designaciones fue impulsado por el Ministerio de Justicia de la Nación, conducido por Juan Bautista Mahiques, quien ha acelerado el envío de pliegos para cubrir el déficit estructural que afecta al servicio de justicia en todo el territorio argentino. Entre los 46 nombres remitidos recientemente a la Cámara Alta, se destacan para la jurisdicción tucumana los abogados Pablo Roberto Toledo, relator de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y Ángel Roger Luna Roldán, santiagueño y quien ha ocupado cargos judiciales en esa provincia, propuestos para ocupar cargos de jueces de cámara en el Tribunal Oral Federal de la provincia. Estos postulantes cuentan con trayectorias dentro del ámbito judicial y académico, y sus nombres surgen de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura tras los correspondientes concursos de oposición y antecedentes.

La llegada de estos pliegos representa el primer paso para cubrir las vacantes dejadas por los jueces Gabriel Casas y María Alicia Noli, quienes se acogieron al beneficio de la jubilación hace años, dejando al tribunal en una situación de extrema fragilidad. Desde entonces, la tercera vocalía, que pertenecía a Carlos Jiménez Montilla -fallecido-, ha permanecido desierta, completando un cuadro de acefalía total que ha obligado a recurrir a magistrados subrogantes de otras provincias para conformar el tribunal de juicio. Esta dinámica ha generado un cuello de botella en la administración de justicia, postergando procesos orales y públicos de gran relevancia social y jurídica.

La crisis de vacantes en Tucumán no es un hecho aislado, sino la expresión de un problema nacional donde uno de cada tres cargos en la justicia federal se encuentra sin titular. En nuestra provincia, el Tribunal Oral Federal ha funcionado durante años con magistrados de otras jurisdicciones, sobre todo de Santiago del Estero como Jorge Basbús y Ana Carina Farías, o de Catamarca, como Enrique Lilljedahl, que deben viajar o conectarse vía remota para llevar adelante los juicios, lo que multiplica la ineficiencia y genera una acumulación de expedientes sin precedentes. La designación de magistrados estables es, por tanto, una condición indispensable para recuperar la previsibilidad institucional y garantizar que las investigaciones por delitos complejos no queden paralizadas por la falta de una conducción firme.

A pesar de este avance, el vacío de poder en el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán representa el eslabón perdido de esta reforma. Al poseer la competencia electoral, este juzgado es el encargado de controlar los procesos comiciales y el financiamiento de los partidos políticos, lo que le otorga una relevancia institucional y política superior a cualquier otra oficina judicial del distrito. En este caso en octubre del 2024 el Consejo Asesor de la Magistratura aprobó una terna compuesta por el marplatense Carlos Ezequiel Oneto, el fiscal provincial Carlos Eduardo Saltor y la relatora federal Solana Esther Casella y una lista complementaria integrada por los postulantes: Pablo Roberto Toledo (quien ahora podría integrar el TOF), Pablo Camuña, actual fiscal federal, y Gonzalo Stordeur. De entre ellos saldría el nuevo titular de ese juzgado, que hoy es subrogado por José Manuel Díaz Vélez, titular del juzgado federal n° 3.

El camino hacia la designación efectiva de Toledo y Luna Roldán requiere ahora de la intervención directa del Senado de la Nación. Tras el ingreso formal de los pliegos en sesión, los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de Acuerdos para defender sus postulaciones en audiencias públicas. En esta instancia, los senadores evalúan la idoneidad moral y técnica de los profesionales, así como su patrimonio y posibles impugnaciones. Una vez que la comisión emite un dictamen favorable, los pliegos pasan al recinto para su votación definitiva, donde necesitan una mayoría simple para obtener el acuerdo constitucional que les permita asumir sus funciones.

La decisión del presidente Javier Milei de diversificar el envío de pliegos hacia las provincias surge también como una respuesta a las demandas de los bloques aliados en el Congreso. Originalmente, el Ejecutivo había centrado sus esfuerzos en la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires, pero la presión de los senadores del interior obligó a incluir vacantes en distritos críticos como Tucumán, Salta y Santa Fe. Este giro político reconoce que la crisis de seguridad y justicia se libra en los juzgados federales de las provincias, donde la falta de jueces debilita la lucha contra el crimen organizado y la corrupción institucional.

El ministro Mahiques ha manifestado que esta es solo la primera de varias tandas de pliegos que se enviarán durante el presente año legislativo. El objetivo declarado es reducir el alarmante porcentaje de vacantes en el Ministerio Público Fiscal, que supera el 40%, y normalizar la situación de las cámaras de apelaciones que hoy funcionan con integraciones precarias. Para Tucumán, esta promesa de nuevos envíos representa la única esperanza de cubrir las fiscalías federales y defensorías oficiales que también se encuentran bajo regímenes de interinato.

En última instancia, la eficacia de estas medidas se medirá en el tiempo que demore el Senado en procesar las nominaciones.