“Presté 31 años de servicio en la Policía, nunca tuve un problema administrativo ni mucho menos penal. La verdad es que la decisión que tomé fue errónea. He perjudicado, no sólo a mi persona, sino a lo que más amo, a la institución que me dio todo en estos años. Siempre trabajé para el bien de la comunidad, pero me equivoqué y me hago cargo de mi responsabilidad. Quiero pedirle perdón a mi familia y a la sociedad”, manifestó el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán, antes de ser condenado a tres años y un mes de prisión efectiva por haber empleado bienes estatales y haber usado a cuatro penados y empleados policiales para realizar trabajos de albañilería en su casa de El Cadillal.

El caso comenzó a investigarse en noviembre de 2025 luego de que una persona anónima se comunicara con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, para advertirle de diferentes irregularidades respecto a los detenidos que estaban alojados en comisarías a cargo de la URN, y le enviara fotos y videos de una vivienda en El Cadillal, donde trabajaban los presos y policías en su horario laboral.

El 11 de noviembre recibió un mensaje que decía: “Ministro van en la ruta. Vaya x favor y encontrará a los tres detenidos trabajando en la casa de Beltrán, al chofer y a la camioneta Hilux”. Inmediatamente Agüero Gamboa y un equipo de efectivos se trasladaron a la propiedad.

Al llegar hallaron a los detenidos José Daniel Sarapura y Lorenzo Miguel Romano, junto a los sargentos Luis Roberto Trejo y Osvaldo Lucas Tizeira. Por orden de la fiscala Mariana Rivadeneira, se secuestraron herramientas de construcción, celulares, dinero en efectivo, documentación personal, materiales de construcción, cámaras de seguridad y una camioneta Toyota Hilux y tickets de carga de combustible, ambos a nombre de la Policía de Tucumán.

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Luego de confirmar la acusación anónima, revisaron las comisarías de Chuscha y de Choromoro y constataron que, tanto Sarapura y Romano, como los condenados Juan José Santillán y Miguel Adolfo Navarro, estaban fuera de su lugar de alojamiento porque habían sido trasladados a la URN -ubicada en entre calles 9 de Julio y Monteagudo de Tafí Viejo-, sin registrar los movimientos en los libros de las dependencias.

Modus operandi

Los detenidos en sus declaraciones explicaron que en febrero de 2025 fueron convocados para realizar trabajos de albañilería, mantenimiento y refacción durante jornadas completas en la sede de la URN. Al principio un móvil policial los pasaba a buscar a la mañana y por la tarde los llevaban nuevamente a las comisarías de Chuscha y Choromoro (sin una orden judicial ni el registro adecuado de las salidas). Al incrementar el trabajo, comenzaron a quedarse a dormir en una habitación ubicada al fondo de la Regional. Dijeron que durante su estadía allí acordaron con los efectivos que sus familiares podían visitarlos y llevarles sus pertenencias, e incluso coordinaban con ellos para que un móvil policial pasara a retirar de sus domicilios algunas de las herramientas que necesitaban para desarrollar las diferentes labores. También afirmaron que la mayoría del personal de la URN estaba al tanto de lo que sucedía y que a veces les indicaban qué reparaciones debían realizar.

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Respecto a las tareas en la casa de Beltrán dijeron que a partir de septiembre Tizeira y Trejo comenzaron a llevarlos hacia el inmueble de El Cadillal y que trabajaron allí durante un mes y medio, aproximadamente, realizando tareas de albañilería y herrería, mientras eran controlados y fotografiados esporádicamente por motoristas de la comuna.

“Los detenidos manifestaron que realizaban trabajos para mantenerse en una situación de tranquilidad, para evitar conflictos con la policía o para obtener algún tipo de beneficio dentro del régimen de su detención. Indicaron que no se encontraban en condiciones reales de negarse y que las tareas eran cumplidas en un marco de subordinación frente a esta autoridad policial”, sostuvo el auxiliar de fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Federico Lizárraga.

Tizeira y Trejo, por su parte, en sus declaraciones habrían reconocido usar el móvil policial para los traslados y para transportar las herramientas. “Refirieron que dichas actividades no eran excepcionales, sino que se realizaban con cierta frecuencia, varias veces por semana, y dentro de la dinámica habitual del funcionamiento de la Regional Norte. Asimismo manifestaron que existe una estructura jerárquica bien definida dentro de la URN; describieron un funcionamiento en el que el personal subordinado ejecutaba órdenes sin posibilidad real de cuestionarlas y en un marco de dependencia funcional y de temor a eventuales represalias”, informó Lizárraga.

Juicio abreviado

Entre noviembre y diciembre, el MPF formuló cargos en contra de Sergio Juárez (subjefe de la URN), Beltrán, Trejo, Tezeira y el sargento ayudante Walter Frías. Los dos primeros fueron sometidos a prisión preventiva, mientras que los tres restantes permanecen bajo arresto domiciliario. Entre febrero y marzo procesaron al jefe de la División de Infantería Norte, Edim Roberto Ale Nasser, a la comisario Fabiana Elizabet Villagrán, encargada del personal de la URN, a la sargento Gladys Beatriz Paz y a la cabo Ivana Janet Álvarez.

Ayer, el extenso legajo cerró una de sus aristas. Beltrán y su abogado defensor Augusto Avellaneda, arreglaron un juicio abreviado junto al MPF y al Superior Gobierno de la Provincia, representado por el querellante José María Molina.

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El imputado admitió haber ordenado el traslado de los detenidos sin autorización previa y haber usado bienes del estado a su favor, a cambio de ser condenado a tres años y un mes de prisión efectiva por los delitos de peculado de uso y de servicio, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y falsificación de instrumento público.

El convenio, que fue homologado por el juez Alejandro Tomas, también prevé la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos junto con una reparación económica, mediante el decomiso de un cuatriciclo.

La querella quedó satisfecha con la sentencia

“Estamos satisfechos por el resultado de este expediente. Constatamos el ilícito, la Provincia se transformó en querellante y el caso no sólo terminó en una condena, sino que además un alto jefe policial fue dado de baja de manera inmediata”, dijo Gilda Pedicone, fiscal de Estado. Durante las audiencias que se realizaron por este expediente, José María Molina, que representó al Estado, indicó: “Esta condena no es un hecho aislado. Es el resultado directo de una decisión política inquebrantable de este Gobierno provincial: no mirar para otro lado”. “No solo implica una condena efectiva en prisión, sino también la expulsión definitiva de la administración pública. Estamos hablando de un acusado que dañó la imagen de la fuerza policial”, añadió. Por último, el profesional destacó: “Tanto el Estado, en su rol de querellante, como el Ministerio Público, con su rápido accionar, permitieron que se llegara a una condena”.