Asambleas. Marchas. Incluso, cortes de ruta. Organizaciones sociales de Tucumán alistan distintas acciones para expresar su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de poner fin al programa “Volver al Trabajo”, lo que implicará la baja de unos 55.000 planes en la provincia.

A la vez, referentes consultados por LA GACETA coincidieron en expresar su desconfianza por la reconversión del incentivo económico (de $78.000 mensuales), que a partir del abril pasará a consistir en un sistema de vouchers de capacitación.

“El trasfondo de todo esto es la precarización”, indicó Manuel “Piter” Delgadino, quien integra la comisión directiva de la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) a nivel nacional. El referente del frente barrial “19 de Diciembre” advirtió que este lunes se llevarán adelante asambleas “a lo largo y lo ancho de la provincia”, con el objetivo de analizar la situación y resolver las medidas a adoptar. A la vez, confirmó que existe la iniciativa de concretar una “gran marcha a nivel país, en todas las provincias”, que sería el martes 7, con la convocatoria de organizaciones sociales y políticas. “Los trabajadores vamos a mostrar unidad”, avisó.

Delgadino lamentó la “estigmatización” que pesa sobre estas agrupaciones, y si bien aclaró que “hubo algunas que han cometido errores”, los programas sociales para la inclusión laboral se ven reflejados en un sinfín de actividades que se despliegan en los barrios. “Se está quitando este pequeño incentivo económico que nos ayudaba a organizarnos. Pero vamos a dar lucha: vamos a seguir produciendo y desarrollando”, apuntó el dirigente. Y respecto a los vouchers, Delgadino sostuvo que “no serán para capacitación, sino para precarización”.

Yolanda “Yoli” Albornoz, de la agrupación 26 de Julio (Movimiento Brazo Libertario), afirmó que se vive un clima de incertidumbre dentro de la organización, que lleva unas dos décadas funcionando. “Estamos muy preocupados. El hilo se va a cortar por los más pobres. Todo este tiempo se habló de la casta, y terminamos siendo los más vulnerables”, afirmó.

Albornoz dijo que resolvieron “unirse a las manifestaciones” previstas para el 7 de abril. “Vamos a salir y a exigir nuestros derechos”, añadió. Anticipó que incluso se maneja la posibilidad de llevar adelante un corte de ruta. “No era el momento de llevar adelante semejante medida”, sostuvo. Y objetó la puesta en marcha de los vouchers de capacitación, anunciados por el Ministerio de Capital Humano junto con la confirmación de que el programa “Volver al Trabajo” finalizará el 9 de abril. “Ya se quiso implementar ese sistema, y no ha dado resultados. ¿En qué fábricas se va a capacitar la gente? Los comercios están cerrando porque no tienen para pagar los alquileres. ¿Dónde van a ir las personas (que se anoten en estas capacitaciones)?”, advirtió la dirigente.

“Sujetos de derecho”

Rafael Salas, de la Corriente Nacional “Martín Fierro”, cuestionó la “demonización” de los planes sociales. “Se habla de gente vaga, de herramientas de manipulación para las organizaciones sociales, y por supuesto que hay buenos y malos manejos, pero en definitiva se trata de trabajadores que son sujetos de derecho, y a través de estos programas han podido emprender su trabajo”, afirmó el dirigente.

Salas explicó que, al margen de la movilización nacional prevista para el 7 de abril, se está analizando un plan de lucha en el ámbito provincial. Y ponderó luego que, si bien existe “un acuerdo general por la paz social”, el gobierno de Javier Milei dispuso una medida con una tónica que va en contra de dicho consenso. “Cuando se genera violencia arriba, es difícil contener abajo; y si no hay solución, va a ser difícil”, analizó. A la vez, también se mostró escéptico con relación a los vouchers de capacitación. “Nadie tiene claro cómo funcionarían”, aseveró el dirigente social.