Son tres las propuestas que aguardan tratamiento para que se retomen las tareas para la finalización del Plan Hídrico Estratégico Integral de Tucumán, que entre 2017 y 2019, se desarrolló en el seno de la Legislatura para intentar ponerle un fin a las inundaciones en el sur. El vicegobernador Miguel Acevedo expuso recientemente que hace meses que tenía previsto activar el comité especial para poder avanzar, pero que puso el freno para que no hubiera lecturas políticas de ningún tipo. Pero con la decisión anunciada, conviene repasar cuáles son los puntos en común y las diferencias que acercaron los legisladores José Cano (Radicalismo Federal), Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) y Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana).

Las tres iniciativas presentadas para la gestión hídrica de Tucumán comparten una base técnica y objetivos fundamentales, aunque presentan variaciones significativas en cuanto a su dependencia institucional, plazos y composición. Coinciden en el objetivo: buscar una gestión integral y sostenible de los recursos hídricos, centrada en la elaboración de planes directores por cuencas hidrográficas para prevenir inundaciones y asegurar el aprovechamiento del agua.

Otro punto en común entre los proyectos de ley de Cano y los de resolución de Berarducci y Verón Guerra es que el comité esté integrado por legisladores, representantes académicos (decanos de universidades) y especialistas técnicos para blindar las decisiones hídricas de la arbitrariedad política, bajo una mesa directiva con presidente, vicepresidente y secretario.

Además, todos fundamentaron que la provincia se encuentra en un estado de emergencia hídrica persistente y que es imperativo pasar de un modelo de asistencia post-desastre a uno de planificación estratégica.

Diferencias de enfoques

Las propuestas buscan una planificación estratégica que garantice la seguridad hídrica de la provincia y mejore la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, hay diferencias en cuanto al ámbito institucional, la composición de los integrantes, los plazos de funcionamiento y entrega, así como en el enfoque y los tiempos de entrega.

La iniciativa de Verón Guerra, que cuenta con el acompañamiento de Ricardo Bussi, el oficialista Tulio Caponio y la radical Silvia Elías de Pérez, propone la creación de la Comisión Especial para la Planificación y Gobernanza Hídrica, bajo la órbita de la Legislatura. La de Berarducci busca la reactivación de la Comisión Especial para la Planificación Hídrica Estratégica, también en el ámbito legislativo, la cual se encontraba con el plazo vencido. Mientras que el proyecto de Cano prevé la modificación de la Ley 7.875, la creación de la Comisión Especial para la Planificación Hídrica Estratégica de la Provincia de Tucumán, pero bajo la órbita del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público que actualmente conduce Marcelo Nazur.

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Se registran también diferencias en cuanto a las composiciones. El republicano propone que se convoquen a cuatro legisladores, cuatro decanos de la UNT (Ciencias Exactas y Tecnológica, Ciencias Naturales, de Arquitectura y Urbanismo y de Ciencias Económicas), un representante de la Secretaría de Innovación, tres del Poder Ejecutivo, tres de ONG y uno del Conicet. La iniciativa de Berarducci es más reducida y contempla cinco legisladores y seis decanos de la UNT (incluyendo Agronomía y Medicina), con facultad para invitar a otros organismos. Mientras que Cano propone que el ministro de Obras Públicas lidere la comisión, que sume a dos funcionarios de su cartera, además de cuatro legisladores, cinco decanos (UNT y UTN), y representantes de Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo y ONG. El Conicet y el Estado nacional figuran como invitados.

En cuanto a los plazos de funcionamiento y entrega, la propuesta republicana establece 180 días corridos para elevar el Plan Hídrico Estratégico. Berarducci apuesta por dos años de funcionamiento, con informes semestrales de avance y una cláusula de caducidad automática tras seis meses de inactividad. Mientras que el radical contempla 240 días corridos para elevar el plan definitivo al Poder Ejecutivo.

Tareas iniciales: durante dos años se trabajó en la Cámara

El trabajo que se desarrolló entre 2017 y 2019 se declaró de interés provincial a través de la Ley 9.209 y consta de seis tomos: 1) Plan de contingencia para la localidad de La Madrid y zonas aledañas; 2) Estudio de la cuenca Marapa - San Francisco (avances); 3) Integrantes y actas de reuniones técnicas 2018 (avances); 4) Lineamientos para la elaboración de los planes hídricos estratégicos de la Provincia de Tucumán, Volumen 1 (Ordenamiento y Manejo por Cuencas Hídricas); 5) Lineamientos para la elaboración de los planes hídricos estratégicos de la Provincia de Tucumán, Volumen 2 (Ordenamiento y Manejo por Cuencas Hídricas); 6) Integrantes y actas de reuniones técnicas 2019. Tuvo un costo por aquel entonces de $15 millones que, actualizados por inflación, hoy representaría cerca de $1.500 millones.