El narcotráfico ya no es un problema en crecimiento en el NOA: es una realidad que avanza mientras el Estado corre de atrás. En Tucumán, ese escenario suma un riesgo concreto: la ley de narcomenudeo, que debía ser una herramienta clave, empieza a mostrar señales de desgaste en medio de estadísticas contradictorias, falta de recursos y una estrategia que parece atacar sólo los efectos y no las causas. La pregunta ya no es si funciona, sino cuánto tiempo más puede sostenerse sin cambios de fondo.

En el primer trimestre de este año, el secuestro de cocaína bajó más de un 30% con respecto al mismo período del año pasado. En sentido inverso, el decomiso de marihuana creció más de un 150% en la comparación interanual de los tres primeros meses de 2026. Para los investigadores, el mensaje es claro: los narcos encontraron nuevas formas de traficar “merca” y, al mismo tiempo, están produciendo cannabis en la región.

La semana pasada, en una visita a Salta, Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, ponderó los resultados del Operativo Güemes. Habló de la cantidad de drogas que se decomisaron en este operativo, pero no dijo ni una palabra sobre la disminución de la incautación de cocaína y, mucho menos, de las investigaciones que están desarrollando para tratar de encontrar dónde se produce marihuana a gran escala. Sí anunció que el plan para frenar el tráfico de drogas será ampliado hacia el sur salteño.

En una conferencia de prensa, la funcionaria informó que los cielos de la región están siendo controlados por seis radares y que se está capacitando a personal de las fuerzas federales para su utilización. Sin embargo, desde el año pasado hasta la fecha, las autoridades nacionales no detectaron ni un solo vuelo narco. En cambio, hubo más de una docena de casos que quedaron al descubierto porque las avionetas tuvieron algún tipo de percance y se precipitaron al suelo. Tampoco hizo comentarios sobre el plan de la Provincia de instalar radares para hacer más efectiva la vigilancia.

Números versus realidad

El avance del narcotráfico en el NOA repercute directamente en la provincia. No sólo porque se robustece la hipótesis de que nuestro suelo está siendo utilizado como centro de acopio de estupefacientes que luego son distribuidos a otras provincias, sino también por el crecimiento del narcomenudeo. El año pasado, el promedio de detenidos por comercializar drogas fue de 10 personas por día. Durante el primer trimestre de este año, ese número creció a 12.

En el análisis de los especialistas, estas cifras dicen mucho. Aseguran que este es el resultado de una decisión política para acabar con la comercialización de drogas. Pero, al mismo tiempo, advierten que esta tendencia dejó al descubierto que los transas habrían dejado de vender en los llamados “quioscos” y ahora envían a sus “soldaditos” a que las comercialicen en las calles. Con esta estrategia no sólo se aseguran continuar con la actividad sin ser descubiertos, sino que además evitan que se les secuestren grandes cantidades de dosis.

Los expertos coinciden en que se debería cambiar de manera urgente el sistema de persecución contra los vendedores de droga. Al analizar las estadísticas del primer trimestre, surge a las claras que hay un problema que está golpeando las puertas de las autoridades. En total, por el número de procedimientos, se tendrían que haber abierto unas 1.100 causas en los primeros tres meses. De esos expedientes, unos 90 surgieron de investigaciones; el resto fue por detenciones en flagrancia, es decir, por encontrar a los acusados con la sustancia que supuestamente comercializaban. El dato es elocuente: menos de la mitad de los allanamientos ordenados por la justicia fueron fruto de pesquisas por venta de drogas. La mayoría se originó en otras causas, fundamentalmente robos, en las que se terminó encontrando estupefacientes. Esa estrategia está al borde de lo legal y los penalistas no se cansan de denunciar que se inventan denuncias para poder secuestrar droga.

“La Policía está haciendo un buen trabajo persiguiendo a los vendedores, pero hay que ir mucho más arriba. Hay que desactivar las organizaciones y no detener sólo al último eslabón”, reconoció Jorge Dib, secretario de Lucha contra el Narcotráfico. “Nos estamos encontrando con un cuello de botella que genera un serio problema y la fuerza no puede avanzar. Resulta más efectivo atrapar a la persona que envía a 10 personas a vender a las calles que detener a cuatro que comercializan”, ejemplificó.

Los cuestionamientos de la fuerza apuntan al Ministerio Público. Desde que se puso en marcha la ley de narcomenudeo, funcionan dos fiscalías especializadas en la lucha contra este delito, aunque la norma autorizaba que pudieran ser hasta seis. Una oficina atiende todos los casos registrados en el ámbito del centro judicial capital y la otra, los que se registran en las jurisdicciones de Concepción y Monteros. No sólo son insuficientes, sino que además los recursos con los que cuentan son limitados.

Cada fiscalía, según confirmaron fuentes judiciales, tiene ocho empleados. En el caso de la oficina del sur, es subrogada por el fiscal Carlos Sale, que conduce una de las unidades de Homicidios de la capital y ahora es el acusador del juicio en contra de César Soto y Sergio Kaleñuk por el crimen de Paulina Lebbos. Teniendo en cuenta las estadísticas de este trimestre, se podría decir que, en promedio, cada una de las oficinas tuvo que atender unas 550 causas, por lo que cada instructor debería atender unos 69 expedientes. A eso se suman los procesos que se abrieron en años anteriores.

Un veterano investigador de la fuerza reconoció que es muy difícil que se realice una investigación profunda, porque los funcionarios judiciales están más ocupados en resolver los problemas del día a día que en avanzar en las pesquisas contra los grandes grupos. También recordaron que los integrantes de estas oficinas son los únicos del Ministerio Público que están de turno los 365 días del año. En ese contexto, fuentes judiciales advirtieron que las unidades de narcomenudeo no están lejos de colapsar. Los especialistas agregan que es ilógico que, ante la falta de recursos, los fondos y bienes incautados a los transas sean destinados a tareas sociales o benéficas en vez de fortalecer la política criminal para luchar contra este delito. Según los reportes del Ministerio de Seguridad, desde que entró en vigencia la norma en diciembre de 2022, sólo en dinero en efectivo se secuestraron $230 millones.

Planteo

Hace una semana, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó una reunión con los funcionarios del área de Seguridad y la cúpula policial. En el encuentro, el titular del Poder Ejecutivo pidió que se endureciera aún más la lucha contra el tráfico y la comercialización de estupefacientes. Según comentó un allegado, los funcionarios le advirtieron sobre los problemas de lentitud que están teniendo con las investigaciones. “Escuchó el planteo y no dijo nada, sólo pidió más detalles. Sabemos que tiene en cuenta todo y después actúa”, reconoció uno de los asistentes.

¿Qué puede pasar si fracasa la lucha contra el narcomenudeo? Los especialistas no dudan en pronosticar que se reflejaría casi de manera inmediata en el incremento de delitos. Al haber mayor oferta, aumentará la cantidad de adictos que podrían cometer más robos y, fundamentalmente, homicidios, ya que podrían registrarse más disputas entre clanes por el dominio territorial. Los efectos sociales también se notarían rápidamente. Según los últimos informes, en más del 70% de los casos de violencia doméstica está presente el consumo problemático. Padres que denuncian a sus hijos porque les hurtan todo lo que pueden o porque los agredieron por no haberles entregado dinero. El problema no es nuevo, pero sí cada vez más visible. Y la respuesta, por ahora, sigue siendo a medias porque sólo caen los peces chicos.