Es una investigación judicial, circunscripta al ámbito penal. Pero los protagonistas y las características del hecho llevaron a que, en medio de planteos técnicos, se hable de “cuestiones políticas”.

El diputado nacional Federico Pelli (La Liberta Avanza) insistió ayer mediante su abogado, Juan Colombres Garmendia, con dos planteos que había efectuado ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) para que, por un lado, se le otorgue el rol de actor civil en la causa contra Marcelo “Pichón” Segura; y por otro, se le permita avanzar con la producción de una serie de medidas de prueba que apuntan a ampliar la investigación hacia los policías que actuaron ante la brutal agresión, en La Madrid, el 11 de marzo.

Tanto la auxiliar fiscal Gabriela Ghilardi (de Unidad Fiscal de Homicidios de Concepción, a cargo de Miguel Ángel Varela) como el abogado de la defensa, Ernesto Baaclini, refutaron los argumentos de la querella. Finalmente, el juez de Concepción, Raúl Robín Márquez, dispuso un cuarto intermedio de 48 horas para resolver ambas cuestiones.

La audiencia virtual contó con la participación tanto de Pelli (ya fue dado de alta, aunque deberá sometido a una nueva cirugía) como de Segura (permanece bajo prisión preventiva, con arresto domiciliario desde el martes, tras casi un mes en el penal de Benjamín Paz), aunque no realizaron comentarios durante este acto.

En su exposición ante el juez, Colombres Garmendia sostuvo que sus presentaciones habían sido “rechazadas in limine” por la Fiscalía. “Nos vemos absolutamente sorprendidos por la persistente negativa del MPF a que un ciudadano, en este caso un diputado nacional, víctima de un delito flagrante del que tomó conocimiento toda la Nación, pueda ejercer la acción civil”, aseveró. A la vez, sostuvo que la Unidad Fiscal también “ha cercenado la habilitación a la producción de evidencias y de medidas de prueba”, entre ellas, informes a empresas de telefonía celular (el aparato perteneciente a Segura fue dado por extraviado el día del hecho) como informes al Ministerio del Interior de la Provincia para determinar en qué repartición y lugar debía prestar servicios el imputado.

Ghilardi, a su turno, denegó que se hubiera rechazado el rol de actor civil, sino que se instó a la parte demandante a cumplir con las formalidades previstas por la norma. Y en cuanto a la producción de prueba, recordó que “el titular de la acción es el MPF”, aunque la querella también puede avanzar con un legajo de investigación (de todos modos, confirmó que ya se pidieron informes a las compañías prestatarias de telecomunicaciones).

Baaclini, en tanto, adhirió a la postura de la Fiscalía, y cuestionó diversos aspectos de los planteos por parte de Pelli. Entre ellos, planteó que se indague sobre pruebas que consideró ajenos al “hecho materia de investigación”, como los pedidos de informes a reparticiones estatales y el énfasis puesto en el extraviado celular de Segura. “Pelli es diputado nacional, y entiendo que esos oficios son para llevar una cuestión de carácter política”, objetó. Y recordó que su cliente “ya admitió el hecho, pidió disculpas y, en la medida de sus posibilidades, (buscará) reparar el daño”.

Con las posturas de las partes sobre la mesa, resta que el juez se expida sobre qué sucederá con estos puntos en la causa judicial. Y si bien está bajo análisis la alternativa de una solución alternativa al conflicto -sería un juicio abreviado-, el expediente promete nuevos capítulos hasta su desenlace.