El derecho de propiedad es primordial en la Constitución Nacional por sus efectos sobre la economía y la política, pero ya desde comienzos de la organización nacional flaqueó su respeto irrestricto. En el siglo XIX se admitieron excepciones entendibles y hasta justificables, y aunque hubo antecedentes negativos destacados hace unos cien años fue desde los 30 y peor desde los 40 del siglo XX que todo desbarrancó por actos de los gobernantes, pedidos y aplausos de la sociedad y aval de los jueces.

Por eso destaca el proyecto que la semana pasada explicó en el Senado el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La iniciativa tiene varios aspectos, pero aquí se tocará uno solo para explicar la relevancia de volver a las raíces constitucionales. El punto a tratar es el que busca agilizar el desalojo de inmuebles ocupados. Los cuestionamientos al mismo apelaron a la necesidad social cuya atención requiere dejar de lado la propiedad privada, pero ese enfoque es equivocado. Suele ocurrir: la solución directa, cuando implica protagonismo estatal, genera más problemas que alivios.

Vaya un ejemplo ajeno. Un profesor español de análisis económico del derecho planteó una vez a estudiantes de abogacía un caso hipotético en el que una viuda con hijos menores no podía pagar el alquiler del departamento donde vivía y el dueño pidió desalojarla. Preguntó entonces qué debería hacer el juez responsable. Casi todos los alumnos contestaron que para defender los intereses de la viuda y los niños se debía frenar el desalojo. Una minoría, que en interés de las viudas y los niños debía desalojarse a esta viuda en particular. Desde la eficiencia y la solidaridad la respuesta más cruda es la correcta. Los dueños de inmuebles invierten recursos en su compra o construcción para obtener una ganancia mediante los alquileres. En el ejemplo, si el tribunal fuera indulgente con la deudora la respuesta de los propietarios sería dejar de alquilar a viudas con hijos. Por lo tanto, la bondad aumentaría los problemas para un sector vulnerable.

Puede generalizarse: provocan los mismos inconvenientes la fijación de precios máximos para los alquileres y la lentitud o parálisis legal en sacar a “ocupas” de edificios, casas o tierras. Esa falta de respeto por la propiedad privada es una de las causas del déficit habitacional. Las personas pueden elegir, si tienen capacidad para ello, consumir, ahorrar o invertir. Y no tiene sentido asignar recursos a lo inmobiliario si no es posible recuperar al menos lo equivalente al bienestar que se hubiera sentido por consumir aquellos recursos. Es decir, las personas atienden el presente, el corto plazo, a menos que el largo plazo los tiente con un rendimiento que haga valer la pena sacrificar el presente.

También influye la falta de crédito, pero que el mercado financiero argentino sea pequeño tiene mucho que ver con la indisciplina fiscal, que conduce al aumento de impuestos que desalientan la actividad económica, a la inflación porque también se pide prestado al Banco Central, al exceso de deuda y al default y a la inseguridad jurídica porque se intenta tapar los problemas con volantazos legales. Estos últimos suelen implicar violaciones a la propiedad privada. Y por supuesto, el acceso al crédito también depende de los empleos formales y los ingresos reales, y ellos de las inversiones, cuyo nivel deriva de la seguridad jurídica.

Está bien que la emergencia habitacional movilice la acción pública, pero los propietarios de inmuebles no tienen por qué pagar la incapacidad de los gobernantes. Después de todo, egoísmo y necesidad social pueden ser armónicos. De hecho, las veces que por motivos de solidaridad se intentó influir en la oferta de bienes mediante la acción estatal, sea con reglas, sea con protagonismo, el resultado fue la escasez. Al revés, cuando se puede ganar dinero atendiendo las necesidades ajenas la provisión aparece porque vale la pena renunciar al consumo presente propio para invertir y consumir en el futuro. Los errores por no considerar eso pueblan la historia argentina, en todos los rubros: combustible, aceite, medicamentos, pan, carne, vivienda, el que fuere.

Hasta aquí, algunos motivos económicos (hay varios más) para priorizar la propiedad privada. Pero también los hay políticos. Con su vigencia la actividad económica dependiente del Estado es menor, por lo tanto los ingresos individuales están poco relacionados a la voluntad de los gobernantes. Eso implica mayor libertad para expresarse, criticar, cambiar, votar. Y si aquella vigencia se debe al consenso social será difícil para un político abusar de su posición, por la oposición de los votos y de los jueces.

No hace falta ver el desastre de los países donde se rechazó formalmente el derecho de propiedad, como la URSS, Cuba o Corea del Norte. Alcanza con recordar Argentina desde que se transformó en una sociedad corporativa. Allí está el grueso de la explicación de la decadencia económica y social del país. Por supuesto, no hubo una caída inmediata, pero las crisis aparecieron con mayor frecuencia y a la desaceleración en el desarrollo siguió el freno cuando cesó la acumulación de capital, que había arrancado con la unificación del país, y comenzó su agotamiento: del físico por la falta de inversiones, del humano por la falta de educación, del moral por la falta de ejemplos y la creciente cultura populista.

El derecho de propiedad consolida el camino de mejora económica y política. Por ejemplo, se invierte más y hay más eficiencia, por lo tanto la economía crece más rápido, paga mejor a los factores productivos y al reducir el desperdicio de recursos hay mayor producción y espacio para una mejor redistribución. Además, la economía de mercado premia el mérito en atender a los demás y con él vienen los ejemplos y la ética del trabajo. Como siempre, no es todo. Pero el respeto al derecho de propiedad privada caracteriza a la seguridad jurídica, fundamental para que haya inversiones. Sin él, un plan de gobierno carece de cimientos sólidos.